Una serie de modificaciones a leyes secundarias en materia electoral plantea nuevas reglas sobre remuneraciones, fiscalización y transparencia tanto para autoridades como para partidos políticos en México. Las propuestas abarcan cambios en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos.

Entre los ajustes contemplados se encuentra la imposición de topes a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) y de los tribunales electorales locales. La medida busca establecer límites salariales en distintos niveles del sistema electoral.

En el ámbito operativo, también se propone modificar los tiempos para el inicio de los cómputos electorales. Tanto en elecciones federales como locales, el planteamiento establece que estos procesos comiencen al concluir la jornada electoral, una vez que llegue el primer paquete de resultados a las autoridades correspondientes.

Las reformas incluyen además el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización electoral, mediante la posibilidad de establecer convenios con diversas autoridades y el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento de recursos. Estas medidas apuntan a mejorar el control sobre el origen y destino del financiamiento en los procesos electorales.

En lo que respecta a los partidos políticos, las propuestas contemplan la obligación de transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, así como reportar sus operaciones financieras en tiempo real a través de sistemas bancarizados. También se plantea un límite salarial de 1,500 UMAS para sus dirigencias.

Adicionalmente, se incluyen disposiciones para restringir el financiamiento irregular. Entre ellas, la prohibición de recibir recursos ilícitos o de origen no comprobable, así como la restricción de aportaciones provenientes del extranjero y el uso de dinero en efectivo en las operaciones partidistas.

En conjunto, las iniciativas buscan establecer controles más estrictos sobre el funcionamiento del sistema electoral, con énfasis en la rendición de cuentas y el manejo de recursos públicos y privados dentro de las instituciones y partidos.

En un paso decisivo hacia la consolidación de la política de austeridad en el país, el Gobierno de México presentó este 17 de marzo de 2026 una ambiciosa iniciativa de Reforma Constitucional.

El proyecto busca desmantelar los privilegios económicos de la alta burocracia y establecer mecanismos definitivos para la Revocación de Mandato, bajo la premisa de que «el pueblo pone y el pueblo quita».

«Tijeretazo» a nivel municipal y estatal

Uno de los puntos más disruptivos de la propuesta es la reconfiguración de los ayuntamientos. La reforma plantea una reducción drástica en el número de regidurías, estableciendo un tope de mínimo 7 y máximo 15 por municipio, además de limitar la existencia a una sola sindicatura por demarcación.

En el ámbito legislativo local, se propone imponer un tope presupuestal a los Congresos Estatales, los cuales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de su respectiva entidad. El Gobierno Federal subrayó que cada peso ahorrado mediante estos recortes tendrá un destino específico: obras de infraestructura pública en los mismos estados y municipios donde se generen los ahorros.

Nadie por encima de la Presidenta

La reforma también pone la mira en los organismos autónomos y el Poder Legislativo Federal. Se establece constitucionalmente que ningún consejero del INE, magistrado o alto funcionario de tribunales y órganos electorales estatales podrá percibir un salario mayor al de la Presidenta de México.

Asimismo, se decreta el fin de las «prestaciones de lujo», prohibiendo explícitamente el uso de recursos públicos para:

• Bonos extraordinarios.
• Seguros de gastos médicos mayores.
• Ingresos adicionales o compensaciones especiales.

Por su parte, el Senado de la República enfrentará un esquema de reducción de gasto progresivo hasta alcanzar un recorte del 15% en su presupuesto operativo.

Blindan la Revocación de Mandato

Como segundo pilar, la iniciativa busca elevar a rango de derecho ciudadano inalienable la Revocación de Mandato. Este proceso permitirá a la población decidir la conclusión anticipada del periodo de la persona titular de la Presidencia por pérdida de confianza.

Las reglas clave para este ejercicio serán:

1. Solicitud: Deberá ser pedida por al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, con representación en un mínimo de 17 estados.
2. Temporalidad: El proceso se llevará a cabo estrictamente en el cuarto año del sexenio.
3. Validez: Para que el resultado sea vinculante, deberá participar al menos el 40% de la lista nominal. La revocación procederá solo con la mayoría absoluta de los votos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el organismo encargado de la organización y cómputo de este ejercicio democrático.

Con esta reforma, que se presenta en el marco del «Año de Margarita Maza», el Ejecutivo Federal busca cerrar la brecha entre la clase política y la ciudadanía, asegurando que los recursos públicos se concentren en el desarrollo social y no en el sostenimiento de estructuras burocráticas onerosas.

En el penal femenil de Santa Martha Acatitla, la violencia y las extorsiones han sido señaladas como prácticas recurrentes, según testimonios de internas y exempleadas del centro penitenciario. Las denuncias apuntan a que ciertas internas ejercen control sobre otras reclusas con la complicidad de personal de seguridad.

De acuerdo con los testimonios, a las internas que buscan generar ingresos vendiendo comida o productos se les exige el pago de cuotas. Quienes se niegan a pagar enfrentan cambios de dormitorio, agresiones físicas y pérdida de concesiones. Este control, según las fuentes, es liderado por un grupo de reclusas colombianas con respaldo directo de autoridades del penal.

El 12 de marzo, se reportó una instrucción de la comandante Jessica Avilés frente a personal de custodias: “Que comience la cacería”. Esta operación implicó que las custodias ingresaran a dormitorios para retirar pertenencias y destruir productos de venta de internas que no formaban parte de la red, bajo supervisión de internas socias de la comandante.

El patrón de extorsión y violencia no es reciente. En 2023, se documentó que otra reclusa, conocida como “La Teniente”, controlaba actividades ilícitas dentro del penal con protección de las autoridades. Posteriormente, varias directoras, incluida Susana Ramírez y ahora la directora Morales, han enfrentado denuncias similares, pero los reportes señalan que las prácticas de extorsión y violencia se mantienen.

Fuentes indican que a algunas internas se les obliga a participar en la venta de drogas o consumir sustancias bajo amenaza de castigo físico. Los testimonios también señalan que estas acciones se realizan mientras permanecen casi 40 niños viviendo con sus madres en el penal, lo que agrava la situación humanitaria dentro de la institución.

Mientras estas denuncias se hacen públicas, las autoridades han promovido actividades de reinserción social que contrastan con los testimonios de violencia interna. Ex internas y exempleadas exigen investigaciones efectivas sobre el papel de la comandante y el personal que permite estas prácticas, señalando un patrón de al menos tres años.