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Juez niega última suspensión contra el tramo 5 del Tren Maya

Un juez federal levantó la última suspensión definitiva sobre el tramo 5 sur del Tren Maya, pero admitió otra al tramo 5 norte.

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Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva en contra de la construcción del tamo 5 del Tren Maya, promovida por la asociación civil identificada como C.N. de L. E., y a un particular con iniciales C.R.J.L.

Con este fallo, los elementos del Ejército mexicano ya no cuentan con ningún obstáculo legal para iniciar con las obras en este trayecto de poco más de 520 kilómetros.

El juez con sede en Yucatán desestimó el amparo 1137/2022, que de acuerdo con el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, era impulsado por el empresario Claudio X. González.

De acuerdo con la decisión del juzgador, el promovente del amparo no pudo demostrar que las obras del Tren Maya en Quintana Roo ocasionarían daños irreversibles al medio ambiente de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Ya quedó liberado completamente el Tramo 5 Sur. Fue negada la ‘suspensión definitiva’ del amparo 1137/2022, con lo cual quedó sin efectos la última ‘suspensión provisional’ que había. El Tren Maya beneficiará mucho al sureste e incluso a quienes están en contra de la obra”, explicó.

No obstante, el funcionario federal indicó que la lucha judicial seguirá en el tramo 5 norte, pues el juzgador impuso una suspensión definitiva a dicho tramo donde se acreditó la legalidad de la obra con la presentación de la MIA.

“El resolutivo indica que no se demuestra cómo se causaría daño irreparable al medio ambiente en el Tramo 5 Sur. Pero seguimos luchando porque ahora el juez otorgó una ‘suspensión definitiva’ al 5 Norte, donde ya está en curso la MIA y también acreditaremos que la obra es legal”, adelantó May.

De acuerdo con la argumentación del juez Novelo para dar trámite a la suspensión definitiva sobre el tramo 5 Norte, la Semarnat no aplicó la política de impacto y riesgo ambiental, al tiempo que omitió implementar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

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