Fitch Ratings ratificó la calificación de México en BBB-, con perspectiva estable, pero advirtió que la nota se ve limitada por una gobernanza débil, pobre crecimiento y políticas que deterioran a los reguladores y que afectan las perspectivas de inversión, como la contrarreforma eléctrica.
La agencia explicó que la calificación del País está respaldada por un marco de política macroeconómica prudente, finanzas externas estables y sólidas, y una deuda pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB) estable.
La calificadora reiteró su estimación de crecimiento del PIB de México para 2021 en 5.9 por ciento y para 2022 proyecta 2.8 por ciento, pero resaltó que los datos recientes señalan la fragilidad de las perspectivas de recuperación.
«La calificación se ve limitada por una gobernanza débil, un crecimiento moderado a largo plazo, una intervención política continua que afecta las perspectivas de inversión y las implicaciones para las finanzas del Gobierno federal de su estrategia de aliviar la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex)», advirtió.
Fitch ve la deuda de la petrolera estatal, equivalente al 9 por ciento del PIB, como un pasivo contingente del soberano.
La calificadora señaló que una piedra angular de la agenda política del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la reversión de las reformas que permiten la participación privada en el mercado de la energía y la electricidad, como su iniciativa presentada al Congreso hace unas semanas.
«La reforma pretende transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una entidad estatal autónoma, limitar la participación del sector privado y otorgar a la CFE y la Secretaría de Energía (Sener) plena autoridad reguladora y de despacho», refirió Fitch.
«Si se aprueba, Fitch espera que la reforma dé lugar a una inversión insuficiente en el sector eléctrico y a precios no competitivos de la electricidad y que debilite la calidad regulatoria de México. La reforma probablemente también resultaría en mayores necesidades de inversión por parte de CFE y mayores costos de generación, lo que podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas y de CFE».
Fitch no anticipa que la reforma se apruebe en su forma actual y destacó que el debate se trasladó a abril de 2022.
