Mar García, ejidatario de Puerto Morelos, responsabilizó a Merari Tziu de amenazas y ataques armados

En un hecho alarmante que va en contra de su compromiso de respetar la legalidad, Merari Tziu Muñoz, presidenta de Puerto Morelos, ha sido acusado de enviar a Renán Cruz Ramírez para golpear al hijo de Mar García, un ejidatario de la localidad.

Los lamentables sucesos ocurrieron el pasado martes 20 de junio, cuando la policía y elementos de la Marina, acompañados por un grupo de personas lideradas por Cruz Ramírez, llegaron a los terrenos de la Ruta de las Lagunas para desalojar a los ejidatarios y llevar a cabo el acto violento.

Renán Cruz Ramírez, director de Gobierno de Puerto Morelos, ha sido señalado como el principal responsable de esta agresión, que además se suma a una denuncia previa en su contra por violencia y discriminación.

La presencia de la policía y la Marina, aparentemente cómplices en este acto de violencia, plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos y la legalidad en Puerto Morelos.

Estos eventos repudiables contradicen los principios de transparencia, respeto y apego a la ley que se esperan de un líder municipal. La agresión perpetrada contra el hijo de un ejidatario refleja una grave falta de compromiso con la justicia y el bienestar de la comunidad.

Las autoridades competentes deben investigar a fondo estos acontecimientos y tomar las medidas necesarias para asegurar que se haga justicia. Es fundamental garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que los responsables de actos violentos sean llevados ante la ley.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de fomentar un ambiente de diálogo, respeto y cumplimiento de la legalidad en la gestión pública. Los ciudadanos de Puerto Morelos merecen vivir en un entorno seguro y en el que sus derechos sean protegidos en todo momento.

Sumado a la denuncia previa contra Renán Cruz Ramírez, estas acciones violentas cuestionan seriamente la integridad y la capacidad de las autoridades locales para representar y velar por los intereses de la comunidad.

Es necesario que se tomen las medidas adecuadas para restaurar la confianza y garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro.

Puerto Morelos se enfrenta ahora a un desafío importante en cuanto a la garantía de los derechos humanos y el respeto a la legalidad. Es fundamental que las instituciones competentes actúen de manera diligente y transparente para llevar a cabo una investigación exhaustiva y asegurar que se haga justicia.

La comunidad de Puerto Morelos merece un liderazgo que cumpla sus promesas, respete la ley y trabaje en beneficio de todos sus ciudadanos. La confianza y la seguridad de la comunidad dependen de ello.