Mujer busca justicia tras ser encarcelada por un delito que no cometió

En octubre del año 2019  María Esther fue detenida en Tampico, Tamaulipas, y trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en Villahermosa donde tuvo que purgar una pena de dos años y tres meses de prisión preventiva oficiosa.

Según narra la propia mujer la detención fue realizada por hombres que no se identificaron al momento de su arresto y la llevaron acusandola de haber extorsionado con una persona que es inexistente.

“Ya soy abuela, me perdí el proceso de mi hija, pasar de ser de niña a señorita; me perdí sus llantos, ansiedades… claro que duele, duele y el tiempo no se recupera”,dijo en entrevista para el medio Proceso.

Explicó que el 21 de enero fueron vinculados a proceso tres personas que fueron clave en la fabricación del delito que provocó que durante varios años perdiera su vida. Entre ellos se encontraba el coordinador de fiscales, Desiderio “H”; un policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), Mario Armando “E”, y el abogado de la víctima inexistente, Raúl “J”.

Cabe señalar que ante esto, todos los implicados fueron señalados por haber cometido imputaciones falsas, así como simulación de pruebas en el delito de extorsión agravada.

Dicho suceso quedó asentado en la carpeta de investigación 075/2019, cabe señalar que en el momento en el que la detenida fue acusada, la supuesta víctima de nombre Luis Fernando no existía, ya que no fue encontrada ni su acta de nacimiento en el registro civil, además de que en ningún momento se presentó a alguna de las audiencias

.De esa Carpeta luego derivaron igual las irregulares órdenes de investigación y aprehensión, así como la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa

Según las investigaciones la única identificación con la cual fue acreditada la existencia de esta persona fue una credencial de elector, cuya vigencia había expirado en el año 2009 y la cual resultó siendo falsa.

Además de que en el registro federal de electores del Instituto Nacional Electoral no se localizaron los datos de la presunta víctima.

A esto se suma que los dos presuntos testigos de la extorsión que eran trabajadores de Luis Fernando al final negaron conocer a María Esther y también negaron alguna vez haber declarado en su contra.

De igual forma, las firmas no coincidían con las que se presentaban en el acta de entrevista la cual habría sido realizada por un policía.

“En la carpeta terminada, la de la extorsión, se demostró que la víctima no existe y que los testigos nunca estuvieron presentes, y que se hizo mal uso de sus identificaciones oficiales”, explica en entrevista para Proceso  Anabel Chumacero, defensora de María Esther.

“Ese fue el modus operandi. Presentan a una víctima que no existe, presentan un documento que es altamente probable que sea apócrifo, presentan a dos testigos, que físicamente no los llevan; y resulta que, cuando se busca a estos testigos refieren que no tienen conocimiento de nada y no conocían a la víctima. Que sí son sus identificaciones, pero que estas se les perdieron hace ya tiempo”, detalla la abogada para el medio.

Así mismo, después de 36 audiencias que se llevaron a cabo en más de dos años, se logró concluir que la  víctima no existe, por lo que el fiscal del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la causa penal por extorsión.