En 2019, el gobierno federal le encargó al general Gustavo Vallejo una labor titánica y distinta a las que estaba acostumbrado: la construcción del Aeropuerto Internacional ‘General Felipe Ángeles’, en Santa Lucía, Estado de México.
Aunque los trabajos de planificación y edificación no eran desconocidos ni para él ni para su equipo de ingenieros, la obra representaba particularidades complejas: presupuesto reducido, poco tiempo de ejecución y el foco de atención al tratarse de uno de los proyectos clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Vallejo aceptó el reto y a 310 días del inicio de la construcción habló con Obras sobre como ha desempeñado su tarea.
¿Qué nuevos retos presenta este proyecto para la Sedena?
Hay muchos retos, el principal evidentemente es el tiempo. Tenemos un tiempo reducido para materializar la obra, y no sólo materializarla, sino ponerla en operación. Que pase de ser una edificación nueva a que sea un negocio rentable, escalable y seguro.
Y la construcción del aeropuerto involucra también, dentro de este campo militar, la reubicación de 500,000 metros cuadrados de la base aérea militar, que se tiene que construir no solo al mismo tiempo, inclusive antes, para poder liberar espacios de la construcción de las instalaciones aeroportuarias.
Igualmente está implícita la adquisición de terrenos para tener una instalación aeroportuaria que pueda crecer y desarrollarse con el tiempo de acuerdo a un plan maestro y atender desde 20 millones de pasajeros, hasta un horizonte de 100 millones de pasajeros.
¿Por qué la Sedena es la encargada de construir el aeropuerto?
El proyecto es un asunto de seguridad nacional. Tiene dos vertientes, la civil y la militar. La presencia de las fuerzas armadas en este proyecto obedece a que es un asunto de interés público, de interés nacional.
Por el otro lado está también la vertiente militar. Santa Lucía es un campo militar de gran importancia para las fuerzas armadas.Es un centro logístico de operaciones para el Ejército Mexicano. Todo ello nos obliga a construir una instalación con rapidez y con secrecía en las operaciones.
¿Cuáles son las ventajas y dificultades técnicas de hacer el aeropuerto en Santa Lucía?
Hay una gran ventaja técnica en cuanto a la orientación de este terreno. Ha operado la Base Aérea Militar No. 1 aquí por 70 años, sin ningún accidente por cuestiones de orografía. Conocemos perfectamente, con base en la operación de la fuerza aérea, más de 30 años de registro de dirección del viento, de componente, de humedad, de temperatura. Ello nos permite hacer un diseño adecuado de las pistas.
Por otra parte, el terreno. Estamos efectivamente en el gran lago de la Ciudad de México. Sin embargo, nos encontramos en los márgenes de ese lago. Nos permite encontrar un extracto duro y resistente a cuatro metros de profundidad en comparación con el proyecto anterior que estaba hasta 40. Ello evidentemente reduce muchísimo el gasto por cuestión de estructura de terraplén para las pistas.
Lo difícil realmente ha sido poder coordinar todos los actores involucrados, tener los estudios necesarios para poder arrancar una obra con certeza de proyecto en un tiempo récord de menos de un año.
¿Por qué se adquirieron terrenos aledaños?
El aeropuerto está ubicado en lo que es la actual Base Militar No. 1 dentro del campo militar 37 b, estamos hablando alrededor de 2,332 hectáreas, de las cuáles dos terceras partes serán para el aeropuerto y una tercera parte del sur será para las instalaciones de la Fuerza Aérea. El aeropuerto deberá crecer.
Es decir, crecerán las terminales, se ampliarán, habrán más pistas, más plataformas, más calles de rodaje, y para eso se necesita terreno.
De tal manera que el gobierno autorizó la adquisición adicional de 1,400 hectáreas. Primero como una suma de amortiguamiento acústico y de seguridad para las poblaciones. Pero posteriormente funcionará en dos, tres, cuatro, cinco administraciones, en un espacio para permitir el desarrollo de nueva infraestructura.
Lo cual le dará vida al aeropuerto en un horizonte de 50 años más. Si lo vamos a construir nosotros, no lo sabemos. Sabemos que entregaremos esta obra de manera funcional, rentable y escalable a un operador aeroportuario que determinará el el gobierno.
¿Cuáles son los avances en la construcción?
A 310 días de trabajos iniciados, quiero mencionarle que tenemos solamente 886 para cumplir con la misión, llevamos un avance físico cercano al 30% y un avance financiero que ronda el 17%. Hemos llevado un gasto responsable y estamos avanzando más arriba de lo programado, porque controlamos todas las variables. Estamos trabajando al interior del campo militar, tenemos suministros simultáneos de cada insumo, las obras avanzan sin contratiempos aún con afectaciones por concepto de lluvia, sobretodo.
Hemos tenido algunas interferencias legales por conceptos de amparos y, pero todas ellas se han atendido correctamente y hoy el proyecto no tiene un sólo obstáculo que limite su desarrollo.
¿Cómo han gestionado los hallazgos de los huesos de mamut?
Se firmaron convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en estos convenios el INAH primero determinó que no existe evidencia de arqueología monumental. Grandes pirámides.
Se han encontrado algunos restos de poblaciones, de pescadores en el extremo norte. Y los hallazgos arqueológicos están alrededor de un metro y corresponden a una época del preclásico del año 400 al año 1000 de nuestra cultura, pero tres metros abajo están restos paleontológicos. Evidentemente, megafauna, hemos encontrado mamuts, caballos y camellos de la época del pleistoceno.
Mucha gente dice que la obra debería pararse porque hay restos arqueológicos y estamos vulnerando la cultura. No, al contrario, la obra y sus recursos son el motor de este rescate. Los recursos de la obra permiten pagar arqueólogos, y qué mejor que sea la Sedena la que ayude en sus nóminas de la obra para contratar ayudantes, para poner nuestra maquinaria, para poner nuestras instalaciones para hacer el rescate.
¿Cuál ha sido la parte más complicada de la construcción?
El mayor problema es el tiempo reducido que nos obligó a superponer todos los procesos secuenciales de la construcción de la obra, de manera que se intersectan.
No nos podemos permitir, por el tiempo que tenemos y por los recursos que disponemos de cometer errores de ingeniería, de hacer edificaciones en donde no van, tener que modificar instalaciones, alcances o reducir estos.
Hoy, con alegría le digo que tenemos todos los estudios previos, que el diseño está prácticamente terminado, que la potencia de construcción de nuestros ingenieros militares lleva la obra adelante y que inclusive estamos trabajando con el grupo aeroportuario de la CDMX, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el grupo operador del aeropuerto en la preparación operacional.
¿Cómo se realizará la apertura?
Las instrucciones que tenemos del señor presidente es que el aeropuerto se inaugure y opere el 21 de marzo del 2022, con la capacidad instalada para poder mover 19.5 millones de pasajeros, o bien, medio millón de toneladas de carga. ¿Qué reto y qué misión tiene el cuerpo de ingenieros del ejército? Construir la infraestructura estratégica.
Nos referimos a tener las pistas, las plataformas, las calles de rodaje, la terminal de pasajeros, el estacionamiento principal, las vialidades de acceso y perimetrales de seguridad, la torre de control, las granjas de combustible y todas las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas además de la gran terminal de carga. Hay otras instalaciones del aeropuerto que no son estratégicas.
Morena exige investigar contratos electorales por más de 2 mil millones de pesos
A través de un posicionamiento titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”, el partido acusó la existencia de una presunta red de complicidades que habría operado durante casi tres décadas mediante contratos millonarios relacionados con servicios y actividades electorales.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió investigar presuntas redes de corrupción en las instituciones electorales del país, luego de señalar que empresas vinculadas a un mismo grupo habrían obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
A través de un posicionamiento titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”, el partido acusó la existencia de una presunta red de complicidades que habría operado durante casi tres décadas mediante contratos millonarios relacionados con servicios y actividades electorales.
Morena sostuvo que estas prácticas no fueron eliminadas con las reformas electorales posteriores a los comicios de 2006 y 2012, procesos que estuvieron marcados por denuncias de fraude y que, según el documento, motivaron exigencias ciudadanas para garantizar elecciones libres y democráticas.
Señalan contratos millonarios durante gestión de Córdova
Uno de los principales señalamientos del partido se concentra en el periodo de nueve años en que Lorenzo Córdova encabezó el INE.
De acuerdo con el posicionamiento, empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial habrían conseguido contratos por más de 2 mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante ese periodo.
Para Morena, esta concentración de recursos públicos obliga a esclarecer quién autorizó las contrataciones, qué mecanismos de supervisión se utilizaron y quiénes resultaron beneficiados con las operaciones.
El partido también pidió que las investigaciones no se limiten a administraciones anteriores, sino que alcancen a las autoridades electorales actuales, con el propósito de revisar los procedimientos de contratación y determinar si existieron irregularidades.
En ese sentido, mencionó directamente a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, a quienes pidió explicar qué hicieron durante sus respectivas gestiones para evitar la concentración de contratos.
Morena cuestiona a promotores de la Marea Rosa
En otro apartado, el partido relacionó los señalamientos sobre las contrataciones con algunos de los personajes que impulsaron la Marea Rosa, movimiento que defendió la autonomía del INE bajo la consigna «¡El INE no se toca!».
Morena cuestionó que algunos de sus promotores ahora participen en el proyecto político SOMOS, donde, según el documento, coinciden figuras del antiguo régimen del PRI y el PAN, personajes provenientes de la izquierda y exintegrantes de la cúpula del organismo electoral.
El partido consideró contradictorio que algunos de estos actores se presenten como defensores de la democracia y la honestidad mientras, desde su perspectiva, siguen pendientes de esclarecerse los contratos millonarios y las presuntas redes de corrupción señaladas.
Piden investigar sin distinción de administraciones
En su pronunciamiento, Morena sostuvo que la autonomía del Instituto Nacional Electoral no debe utilizarse como argumento para impedir investigaciones sobre el manejo de recursos públicos.
El partido afirmó que las instituciones electorales deben garantizar elecciones libres, pero también transparentar sus contrataciones y permitir que las autoridades correspondientes revisen cualquier posible irregularidad.
Asimismo, rechazó que investigar posibles actos de corrupción represente un ataque a la democracia y sostuvo que la defensa de las instituciones también implica revisar cómo se utilizan los recursos públicos.
«La autonomía debe servir para garantizar elecciones libres, no para impedir que se investiguen los negocios realizados con recursos del pueblo», señaló el partido.
Finalmente, Morena llamó a esclarecer los señalamientos y determinar si existieron responsabilidades entre quienes participaron en las contrataciones.
El posicionamiento concluyó con una exigencia de transparencia y rendición de cuentas bajo la consigna: «¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad».
Inés Gómez Mont, señalada por presunto desvío de 2 mil 450 millones destinados a cárceles
Según las investigaciones de la Fiscalía, el esquema habría utilizado empresas presuntamente fantasma para canalizar recursos públicos que estaban destinados a los centros penitenciarios del país.
Un presunto esquema de desvío de 2 mil 450 millones de pesos, mediante contratos con empresas fantasma para la administración de centros penitenciarios en México, es uno de los principales señalamientos que enfrenta la conductora de televisión Inés Gómez Mont, de acuerdo con información presentada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.
Durante una explicación sobre el caso, realizada el lunes 2 de noviembre, la fiscal detalló que la conductora presuntamente participó en operaciones irregulares relacionadas con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), organismo encargado de la administración de las cárceles federales.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el esquema habría utilizado empresas presuntamente fantasma para canalizar recursos públicos que estaban destinados a los centros penitenciarios del país.
Godoy señaló que las cuentas bancarias de Gómez Mont habrían sido utilizadas para realizar movimientos de dinero y triangular los recursos relacionados con estas operaciones.
Los señalamientos por contratos millonarios
El monto señalado por la FGR asciende a 2 mil 450 millones de pesos, cantidad que habría sido manejada mediante contratos con el organismo encargado de la prevención y readaptación social.
De acuerdo con la explicación de Ernestina Godoy, las operaciones investigadas estarían relacionadas con recursos destinados al funcionamiento de los penales en México.
La fiscal también mencionó presuntas irregularidades en las declaraciones fiscales de la conductora correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2016.
Según la investigación, Gómez Mont habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
La titular de la FGR sostuvo que las investigaciones contemplan tanto las operaciones financieras relacionadas con los contratos como las obligaciones fiscales de la conductora.
Tres órdenes de aprehensión en México
En cuanto a la situación jurídica de Inés Gómez Mont, Godoy informó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
Una de ellas fue librada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos órdenes fueron emitidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, aunque durante la explicación no se detallaron los delitos específicos relacionados con estos mandamientos judiciales.
La FGR indicó que desde septiembre de 2025 solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la conductora con fines de extradición.
Godoy explicó que durante las últimas semanas se realizaron intercambios de información entre las autoridades y se entregaron las órdenes de aprehensión que permanecen vigentes.
Permanece bajo custodia migratoria en Florida
Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 y, de acuerdo con la información difundida, permanece en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Sin embargo, la fiscal precisó que su detención está relacionada con su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses, y no representa por sí misma la ejecución de las órdenes de aprehensión mexicanas.
La funcionaria señaló que, en caso de que la administración estadounidense determine su expulsión de ese país, la FGR ejecutará los mandamientos judiciales cuando la conductora ingrese a territorio mexicano.
La Fiscalía sostiene que debe comparecer ante tribunales
La situación de Gómez Mont también generó reacciones luego de que Interpol cancelara la ficha roja que existía en su contra, hecho que provocó un reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante este escenario, la titular de la Fiscalía reiteró que el objetivo de la institución es que la conductora comparezca ante los tribunales mexicanos para responder por los señalamientos que forman parte de las investigaciones.
No obstante, Ernestina Godoy reconoció que Gómez Mont mantiene su derecho a la presunción de inocencia y que serán los tribunales los encargados de determinar si tiene responsabilidad penal en los hechos que se le atribuyen.
Por ahora, el proceso depende también de las decisiones que tomen las autoridades migratorias de Estados Unidos respecto a su permanencia en ese país.
Mientras tanto, las tres órdenes de aprehensión continúan vigentes en México, en un caso que involucra presuntos movimientos millonarios de recursos públicos, contratos relacionados con centros penitenciarios y posibles irregularidades fiscales.
Revelan decálogos para regular el uso de celulares en escuelas; no habrá sanciones
Eurípides Flores Pacheco dio a conocer el contenido de estos lineamientos, derivados del acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su interacción con los dispositivos digitales personales y las tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
Los lineamientos contemplan diez compromisos para estudiantes de educación básica, media superior y superior; buscan reducir distracciones, fomentar la convivencia y promover el uso responsable de la tecnología.
Tres decálogos con diez compromisos cada uno establecen cómo deberán utilizarse los dispositivos digitales en las escuelas de educación básica, media superior y superior. Los documentos, que entraron en vigor el pasado 3 de noviembre, buscan orientar a los estudiantes sobre el uso responsable de celulares y otras herramientas tecnológicas dentro de los planteles educativos.
Eurípides Flores Pacheco dio a conocer el contenido de estos lineamientos, derivados del acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su interacción con los dispositivos digitales personales y las tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
Uno de los aspectos centrales de la estrategia es que no contempla sanciones para los estudiantes. En su lugar, plantea una serie de compromisos enfocados en la educación, la prevención y la concientización para que los propios alumnos participen en la aplicación de las medidas.
Flores Pacheco explicó que los documentos fueron diseñados de acuerdo con las características de cada etapa educativa, por lo que establecen responsabilidades distintas para estudiantes de primaria y secundaria, preparatoria y universidad.
Educación básica: celulares fuera de las actividades escolares
Para los alumnos de educación básica, el decálogo establece que no necesitan llevar celulares ni otros dispositivos a la escuela, salvo cuando algún maestro solicite utilizarlos y sea necesario para su bienestar.
También plantea mantener la atención durante las clases, descansar para favorecer el aprendizaje y participar en actividades recreativas que permitan recuperar los juegos y las tradiciones.
Otro de los compromisos consiste en fomentar la lectura, la escritura y la creatividad mediante actividades realizadas con las propias manos.
El documento también contempla pedir ayuda en caso de emergencia, convivir sin depender de redes sociales o juegos digitales y mantener el respeto hacia el propio cuerpo y el de los demás.
La propuesta concluye con un objetivo centrado en el bienestar de los estudiantes: que encuentren en la escuela un espacio para convivir y ser felices.
Preparatoria: uso pedagógico y protección de la privacidad
En el nivel de educación media superior, las recomendaciones cambian para reconocer que los estudiantes pueden utilizar dispositivos digitales como herramientas de aprendizaje, siempre que exista un propósito definido.
El decálogo establece la importancia del diálogo, la participación y la concentración, además de apagar los aparatos cuando no sean necesarios.
También plantea que los celulares deben utilizarse con fines pedagógicos, sin que esto provoque aislamiento o reduzca la convivencia entre compañeros.
Entre los puntos incluidos se encuentra el respeto, la empatía y la protección de la privacidad y el consentimiento.
Asimismo, contempla el uso de dispositivos en situaciones de emergencia y promueve que los jóvenes desarrollen habilidades para investigar, analizar y verificar la información que consultan.
El último compromiso establece que el cumplimiento de las disposiciones debe partir de la prevención y la formación, en lugar de recurrir a medidas sancionadoras.
Universidades: tecnología con responsabilidad y pensamiento crítico
Para los estudiantes de educación superior, el decálogo reconoce la importancia de la ciudadanía digital y plantea favorecer las experiencias presenciales sobre las actividades exclusivamente digitales.
También propone establecer cuándo, dónde y durante cuánto tiempo se utilizan los dispositivos, así como aprovechar la tecnología de manera ética durante la formación académica.
Otro de los puntos consiste en desarrollar el pensamiento crítico frente a los dispositivos y la información que circula a través de ellos.
El documento también incluye recomendaciones para identificar riesgos, actuar oportunamente, respetar la privacidad y el consentimiento, así como aprender a desconectarse cuando sea necesario.
Al igual que en los otros niveles educativos, se establece que el cumplimiento debe basarse en la prevención y la formación.
Eurípides Flores destaca la educación digital sin sanciones
Al dar a conocer los documentos, Eurípides Flores Pacheco, jurista poblano con trayectoria en el ámbito legislativo y el servicio público federal, reconoció el respaldo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y del secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, a la aplicación de esta medida.
Consideró que los lineamientos buscan favorecer la interacción personal, la lectura y el aprendizaje sin distracciones, además de fortalecer la comprensión y el pensamiento crítico mediante el uso responsable de las herramientas digitales.
Flores Pacheco también se sumó al llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que los estudiantes utilicen los dispositivos móviles con responsabilidad y privilegien su aprovechamiento para fines educativos y formativos.
Los tres decálogos entraron en vigor el 3 de noviembre y están dirigidos a la comunidad estudiantil de los distintos niveles educativos del país.
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