La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha lanzado una «Guía de ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes» disponible en siete lenguas indígenas: Ralámuli, Amuzgo, Náhuatl, Tlapaneco, Tu’un Savi (Mixteco), Otomí y Maya.

Esta iniciativa busca fomentar la inclusión digital y reducir la desigualdad, mejorando así la calidad de vida en las comunidades indígenas de México.

La guía está diseñada para fortalecer las capacidades de ciberseguridad de los usuarios en estas comunidades, proporcionando recursos prácticos que promuevan un uso seguro y responsable de Internet y las tecnologías digitales.

Su propósito es empoderar a niñas, niños y adolescentes indígenas, facilitando el acceso seguro a dispositivos, redes, contenidos y aplicaciones digitales.

El documento ofrece una explicación clara de los principales riesgos y amenazas en el entorno digital, incluyendo malware, ingeniería social, ciberacoso, grooming y sexting. Además, proporciona recomendaciones prácticas para proteger la información personal y prevenir incidentes cibernéticos.

La elaboración de la guía contó con la colaboración de la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua, las representaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Guerrero, Querétaro y Quintana Roo, así como los centros SICT en estas entidades.

Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para cerrar la brecha digital y promover una cultura de uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías.

Durante el año 2024, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha implementado una docena de acciones internacionales orientadas a fortalecer los compromisos de México en el combate a la corrupción. Estas actividades forman parte de un esfuerzo continuo que, desde el inicio de la administración actual, suma cerca de 100 acciones a nivel global.

En lo que va del año, la SFP ha mantenido encuentros con varios países y organizaciones internacionales, incluyendo Alemania, Corea del Sur, Francia, Suiza y el Reino Unido. Estos encuentros se han enmarcado dentro de los acuerdos con organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Con Francia, la SFP ha implementado el curso «Liderazgo y motivación para directivos en la función pública» a través del Sistema de Capacitación Virtual para Personas Servidoras Públicas (SICAVISP), con la participación de 1,488 personas. En colaboración con Corea del Sur, se llevó a cabo el curso «Fortalecimiento en América Latina de las capacidades de los funcionarios públicos sobre adquisiciones de gobierno».

Además, siguiendo una recomendación de la Convención Anticohecho de la OCDE, se impartió el curso «Elementos para Combatir el Cohecho Internacional» mediante el SICAVISP, capacitando a más de 19,000 servidores públicos de la Administración Pública Federal y de la Fiscalía General de la República desde enero de 2022 hasta agosto de 2024.

Este año, la SFP también presentó avances en los 57 acuerdos asumidos en el Compromiso de Lima, adoptado durante la VIII Cumbre de las Américas en 2018. En el ámbito de la OEA, la SFP postuló la “Implementación de la Estrategia Marco de Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social” para el Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva de 2024.

La colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores permitió la integración del Informe del Estado mexicano para la Cuarta Evaluación del Mecanismo de Examen Periódico Universal, remitido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en noviembre de 2023 y sustentado en enero de 2024 en Ginebra, Suiza.

En el contexto de la evaluación económica del FMI, la SFP atendió requerimientos relacionados con aspectos transnacionales de la corrupción. Asimismo, participó en el Primer Congreso Internacional Estado Abierto y Gobernanza, organizado por la CEPAL, la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA) y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), con una ponencia sobre la experiencia de Gobierno Abierto en México.

La SFP ha colaborado en el Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACWG) del Grupo de los Veinte (G20) en las reuniones convocadas por la presidencia de Brasil, contribuyendo a la elaboración de los Principios de alto nivel sobre incentivos para la adopción de medidas de integridad por el sector privado y la Declaración Ministerial Anticorrupción del G20 para el periodo 2025-2027.

En el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), México ha participado activamente en el Grupo de Trabajo de Expertos en Anticorrupción y Transparencia. Además, en mayo, la SFP participó en el proyecto EcoAdvance en colaboración con la Cooperación Técnica Alemana (GIZ), el PNUMA y el Instituto de Ecología Aplicada de Alemania, promoviendo compras públicas sostenibles.

En julio, durante una reunión intersecretarial en el Consejo de Europa, la SFP presentó las acciones anticorrupción impulsadas para seguir con la asociación estratégica que México mantiene con este organismo desde 2020. En colaboración con la Embajada Británica en México, se publicó el libro «Voces sobre la corrupción: conceptos y miradas».

Hasta la fecha, la SFP ha estado involucrada en cerca de un centenar de actividades internacionales con 24 países, abarcando 18 asuntos bilaterales, 54 multilaterales y 28 convenciones y mecanismos. Estas acciones están alineadas con los objetivos del Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción y promover la transparencia a nivel nacional e internacional.

El Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), creado por el gobierno federal para financiar la adquisición de 13 centrales eléctricas de Iberdrola, ha logrado una emisión histórica de bonos en los mercados internacionales por un total de 1,490 millones de dólares, con vencimiento en 2041. Esta transacción se destaca como la mayor emisión realizada en el sector energético mexicano y una de las más grandes en América Latina.

La oferta generó una notable demanda global, superando en más de cuatro veces el monto emitido. Más de 200 inversionistas internacionales participaron, destacando el fuerte interés por la transacción. La tasa cupón final se fijó en 7.25%, una reducción respecto al rango inicial de 7.625%, gracias al alto apetito por el bono y a la optimización de las condiciones de emisión.

Los recursos obtenidos se destinarán a refinanciar un crédito a corto plazo contratado previamente con Barclays México, BBVA, Santander y SMBC, que lideraron la colocación del bono. Esta acción es parte de un esfuerzo continuo para avanzar en proyectos clave de infraestructura energética, fortaleciendo la red eléctrica nacional y contribuyendo a la soberanía energética del país.

Además, la semana pasada se aprobaron las participaciones de Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) y otros inversionistas institucionales por un total de 857 millones de dólares. Con estas nuevas inversiones, la participación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) se reduce al 64.6%, cumpliendo con las condiciones de la Comisión Federal de Competencia Económica.

El éxito de la emisión del bono y la participación de inversionistas institucionales reflejan la confianza en la política pública de infraestructura energética y en la gestión financiera del gobierno federal. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, jugó un papel crucial en la coordinación con los sectores de hacienda y energía para asegurar el éxito de la transacción.

Este logro reafirma el compromiso del gobierno con mantener finanzas públicas sanas y utilizar vehículos de inversión para impulsar la infraestructura estratégica sin comprometer el equilibrio financiero del país.