La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno está “atento” a las denuncias realizadas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por un posible “golpe» de Estado en el país centroamericano y subrayó que siempre se pronunciará a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de «injerencismo» o intervención externa.

Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano mantiene comunicación diplomática sobre el tema y reiteró que la política exterior de México se rige por el respeto a la soberanía de los pueblos.

Las declaraciones de la presidenta mexicana se dan luego de que Castro denunciara públicamente, en los últimos días, la existencia de maniobras destinadas a desestabilizar su Gobierno y alertara sobre la posibilidad de un intento de “golpe” en Honduras, en un contexto de alta polarización política tras las recientes elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

La presidenta hondureña ha señalado a sectores políticos y económicos de promover acciones para desconocer a su Gobierno, así como de impulsar campañas de desinformación y presiones institucionales contra su Administración.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el nuevo paquete de aranceles a productos procedentes de China y otros países asiáticos entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, con el objetivo de proteger el empleo nacional, corregir distorsiones en el comercio exterior y fortalecer industrias estratégicas.

Durante la conferencia de prensa matutina de la mandataria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insistió que la decisión forma parte de una política industrial integral que busca evitar la pérdida de hasta 350.000 empleos en sectores clave como el automotriz, textil, calzado, siderúrgico y de manufactura.

Ebrard justificó la medida al defender que estos sectores estratégicos han enfrentado una creciente competencia desleal de importaciones, con precios por debajo de los valores de referencia internacional.

Además, destacó el diálogo previo con las distintas industrias implicadas y el Congreso para minimizar impactos negativos en la economía y en los precios al consumidor, al estimar que solo impactará en un 0,2 % en la inflación.

Tanto el secretario de Economía como Sheinbaum insistieron en que los aranceles no están dirigidos contra ningún país en particular, sino contra prácticas comerciales que generan competencia desleal, y recalcaron que México seguirá siendo una de las economías más abiertas del mundo.

Añadió que estas medidas se complementan con inversiones públicas y privadas, así como con los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, para generar nuevos empleos y crecimiento regional.

Ebrard defendió los aranceles como una acción “preventiva, sensata y quirúrgica”, diseñada para actuar antes de que el daño al empleo sea irreversible, y en respuesta a un aumento acelerado de importaciones en algunos sectores, con crecimientos de hasta 34 % en la industria automotriz y más de 20 % en textiles, vestido y calzado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la obtención de 62,8 millones de pesos como reparación del daño al Estado mexicano, por parte de dos exfuncionarios relacionados con la trama de corrupción conocida como la ‘Estafa Maestra’.

La Fiscalía, ahora encabezada por Ernestina Godoy, apuntó en un comunicado que los dos acusados son Ricardo ‘M’, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y José ‘M’, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

A ambos se les acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La FGR precisó que los exfuncionarios «suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes».

Indicó que la UIEM «subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos» con la Sedesol «a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada».

Al comprobar lo anterior, la FGR obtuvo la resolución judicial que ordena, en concreto, el pago de 62,8 millones pesos.

Finalmente, la dependencia señaló que «siempre y cuando» los acusados garanticen o cubran «el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados», podrán obtener «sustitutivos legales», es decir, beneficios contemplados en el Código Penal Federal.