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Suman 10 días de brutal represión en Colombia

La Inspección General de la Policía de Colombia abrió ayer cerca de 50 investigaciones internas por abuso de autoridad, agresiones y violencia policial durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace 10 días

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La Inspección General de la Policía de Colombia abrió ayer cerca de 50 investigaciones internas por abuso de autoridad, agresiones y violencia policial durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que comenzaron hace 10 días, pero la campaña Defender la Libertad, miembro de varias organizaciones civiles, aseguró que ha recibido un total de 569 denuncias con las mismas características.

Según datos de la Defensoría del Pueblo publicados desde el miércoles pasado, la represión ha dejado 24 muertos, más de 800 heridos y 89 desaparecidos. La ONG Temblores aseveró que van 37 decesos, mientras la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada en Colombia aseveró que van 471 desaparecidos desde el 28 de abril.

La dependencia aclaró que la procuraduría general tomó 10 de los 47 casos reportados, que llegan a incluir, según la procuradora Margarita Cabello, denuncias de abusos sexuales perpetrados por los agentes, como reportó el diario El Tiempo. La procuraduría ya asumió, por poder preferente, 10 casos que habían comenzado como investigaciones disciplinarias en la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicaron en un comunicado su preocupación ante la gravedad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en Colombia e instaron a las autoridades a investigar los hechos.

La fiscalía indicó que investiga la posible relación de otras siete muertes con las manifestaciones, si bien se ha descartado la vinculación de ocho decesos. Defender la Libertad aseguró que del total de denuncias que recibió, 381 personas habrían resultado heridas por el uso desproporcionado de la fuerza.

De los 11 homicidios que la fiscalía relaciona con las protestas, ya hay tres policías imputados. Además, el jueves fue detenido el jefe de la policía, Carlos Javier Arenas Niño, por el presunto asesinato a manos de uniformados del joven Brayan Fernando Niño Araque durante las manifestaciones del 1º de mayo en el municipio de Madrid, Cundinamarca.

En Colombia, los delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son, en principio, llevados ante la justicia penal militar. Esto no impide, no obstante, que la fiscalía adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir quién asume los casos.

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Argentina detecta primeros tres casos de influenza A H3N2

El comunicado del Ministerio de Salud nacional expresó que «las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo».

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El Ministerio de Salud de Argentina detectó los tres primeros casos del virus influenza A H3N2 en el país, de acuerdo a un comunicado difundido este viernes por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS).

Dos adolescentes en la provincia de Santa Cruz, en el sur argentino, y un niño en la ciudad de Buenos Aires afrontan esta patología sin mayores complicaciones de salud.

Todos fueron diagnosticados con la variante K, que presenta «cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad», aunque no indica hasta el momento mayor severidad clínica, según expresó el informe del Gobierno nacional.

El comunicado del Ministerio de Salud nacional expresó que «las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral deben consultar al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente si pertenecen a grupos de riesgo».

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Pagar agua a EE.UU. causaría “hambre” en la frontera de México, advierten agroindustriales

El líder empresarial sostuvo que la medida afectaría a comunidades y productores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, quienes dependen del recurso hídrico tanto para abastecimiento básico como para actividades agrícolas.

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El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, advirtió recientemente que entregar agua a Estados Unidos para evitar aranceles, como lo propuso el presidente estadounidense Donald Trump, provocaría “hambre” y un daño económico severo en seis estados fronterizos de México.

El líder empresarial sostuvo que la medida afectaría a comunidades y productores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, quienes dependen del recurso hídrico tanto para abastecimiento básico como para actividades agrícolas.

De acuerdo con Esteve, pagar el agua a Estados Unidos generaría un problema serio para la región fronteriza, donde millones de personas y cientos de miles de hectáreas de cultivo dependen de los sistemas de riego.

Sin embargo, el Gobierno mexicano ya informó, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas bilateral, por lo que México otorgaría 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre.

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México y Estados Unidos logran acuerdo sobre el Tratado de Aguas

Ambos gobiernos reconocieron la «importancia crítica» de cumplir con las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, así como el impacto directo que estas tienen en las comunidades de ambos países, y coincidieron en la necesidad de fortalecer el compromiso para mejorar la gestión oportuna del recurso hídrico.

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El Gobierno de México informó, mediante un comunicado conjunto con Estados Unidos, que ambos países alcanzaron un acuerdo en el marco del Tratado de Aguas bilateral, lo que permitiría desactivar la amenaza de un arancel de 5 % planteada por el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el entendimiento, México «tiene la intención de liberar» 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre.

Ambos gobiernos reconocieron la «importancia crítica» de cumplir con las obligaciones de entrega de agua establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, así como el impacto directo que estas tienen en las comunidades de ambos países, y coincidieron en la necesidad de fortalecer el compromiso para mejorar la gestión oportuna del recurso hídrico.

«Los dos gobiernos se encuentran en negociaciones y tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero de 2026», precisó el comunicado publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

Asimismo, indicaron que «en caso de incumplimiento, cada país puede actuar de manera soberana, de acuerdo con sus intereses nacionales, sujeto a sus obligaciones internacionales en el Tratado».

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