El Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad hizo un llamado urgente a los diputados del Congreso del Estado de Jalisco para que no se dejen engañar por las propuestas que buscan modificar la llamada Ley Vicaria, que podría afectar a los derechos de los varones sin considerar adecuadamente todas las voces involucradas.

Saharet Mendoza, representante del colectivo, explicó que la intención de algunos sectores con el cambio de legislatura es modificar nuevamente la ley sin tomar en cuenta la opinión de especialistas en la materia.

Durante la rueda de prensa, Mendoza fue acompañada por juristas, psicólogos y activistas provenientes de diferentes estados del país, quienes expresaron su preocupación por el mal uso que se está haciendo de las fichas de búsqueda de personas, en casos de menores que no están desaparecidos, sino que se encuentran con alguno de sus padres.

Mendoza destacó que el movimiento que encabeza no es radical, sino que busca la protección de la familia y el bienestar de la niñez. Como parte de sus acciones, anunciaron la realización de un plantón y una clausura simbólica en el Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia, con el fin de exigir que sus posicionamientos sean escuchados por los diputados, magistrados y autoridades de la Fiscalía General del Estado, a quienes acusaron de no cumplir con la obligación de garantizar el interés superior de los menores en Jalisco.

Entre los activistas que se unieron a la protesta, destacan el Dr. Christian Montenegro, quien cambió de género para poder ver a su hijo, la comisionada federal de derechos humanos, Tzikzik Gómez, y el Youtuber Alejandro Flores, reconocido defensor de los derechos de la infancia.

El Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad hizo un llamado a los legisladores a tomar en cuenta la diversidad de opiniones y la evidencia científica antes de tomar decisiones que puedan afectar a las familias y a los menores de edad en la entidad.

El Congreso de Nayarit (oeste de México) despenalizó este viernes el aborto voluntario, convirtiéndose así en el estado número 20 en eliminar el delito del Código Penal local, hasta las 12 semanas gestación.

Con 17 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el legislativo de Nayarit aprobó el dictamen propuesto por el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que deroga los artículos del Código Penal que criminalizan la interrupción del embarazo.

«Estamos en una época histórica de México, de manera democrática se eligió a la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la lucha por la igualdad de género debe continuar con pasos firmes y decididos, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde», señala el dictamen que califica el aborto como «un asunto de elemental justicia».

La reforma responde a la resolución judicial en 2024 de un amparo por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que determinó inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo por decisión voluntaria de la persona gestante.

En agosto pasado, el tribunal ordenó al Congreso de Nayarit derogar los artículos 370, 371 y 372 del Código Penal estatal, que criminalizaban esta práctica, antes de finalizar el 2024.

El fallo señaló que penalizar el aborto constituye «un acto de violencia y discriminación de género, reduciendo a las mujeres y personas gestantes a un objeto cuyo único fin es la procreación».

Sin embargo, el dictamen y discusión han sido retrasados, en medio de objeciones de algunos legisladores y reclamos de grupos provida, quienes han amenazado con escalar sus protestas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CDIH).

Cerca de cinco años después de separarse de su ex pareja, Edgar González Peredo, hijo del notario y profesor de la Libre de Derecho Cecilio González Márquez, Mafer Turrent enfrenta una compleja batalla legal marcada por denuncias y medidas cautelares impuestas por las autoridades. 

En un comunicado reciente, Turrent explicó que decidió mudarse a Veracruz con sus padres para protegerse a sí misma y a sus hijos, tras tener indicios de que Edgar intentaría quedarse nuevamente con los menores. Según Turrent, Edgar y sus abogados, pertenecientes al despacho ND Abogados —el mismo que representa a los acusados de violación en el caso de Amande— han presentado múltiples denuncias en su contra, incluyendo fraude procesal, retención de menores, violación de correspondencia y falsedad en declaración. 

De estas denuncias, dos han sido judicializadas. En uno de los casos, Mafer fue vinculada a proceso, enfrentando un juicio en curso. Las medidas cautelares impuestas incluyen presentarse mensualmente a firmar en la Ciudad de México, la retirada de su pasaporte y visa, y la prohibición de realizar actos que puedan considerarse intimidatorios hacia Edgar. 

Este 22 de enero de 2025 se llevará a cabo una audiencia por la acusación de “retención de menores,” en la que Mafer podría enfrentarse a la solicitud de prisión preventiva, un escenario que incrementa la tensión en el caso. 

La situación ha polarizado la opinión pública, generando muestras de apoyo hacia Turrent y cuestionamientos sobre el papel del sistema judicial. Este conflicto reaviva el debate sobre la violencia familiar y la importancia de abordar estos casos con perspectiva de género, protegiendo tanto a las mujeres como a los menores involucrados. 

El desenlace de la audiencia será decisivo en este caso que sigue siendo objeto de atención mediática y social, subrayando los retos que enfrentan las mujeres al buscar justicia en contextos de violencia.