La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se quedó a un solo voto de declarar inconstitucional el límite de cinco gramos de cannabis permitido para la posesión personal, establecido en la Ley General de Salud, lo que habría marcado un nuevo precedente en la política de drogas del país.

Durante la discusión del asunto, una mayoría de ministras y ministros se manifestó a favor de flexibilizar el marco legal vigente, al considerar que el límite actual puede resultar desproporcionado y no necesariamente distingue de manera clara entre consumo personal y posibles conductas delictivas.

Sin embargo, no se alcanzaron los seis votos necesarios para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre una parte del artículo 478 de la citada ley.

El análisis se centró en si el tope de cinco gramos vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, además de generar efectos discriminatorios o arbitrarios en su aplicación, especialmente en revisiones policiacas y procesos penales de bajo impacto.

Aunque la propuesta no prosperó en esta ocasión, el debate evidenció un cambio gradual en la postura del máximo tribunal, ya que varios ministros coincidieron en que el marco normativo actual está desfasado frente a los criterios que la propia Corte ha establecido en resoluciones previas relacionadas con el consumo personal de cannabis.

Especialistas señalan que, al no alcanzarse la votación calificada, el límite de cinco gramos permanece vigente, por lo que las autoridades seguirán aplicando la legislación actual. No obstante, advirtieron que el resultado deja abierta la puerta para que el tema vuelva a discutirse en futuros casos o a través de una reforma legislativa impulsada desde el Congreso de la Unión.

Cabe recordar que la SCJN ha emitido en años recientes diversos fallos que reconocen el derecho al consumo personal de marihuana, siempre que no se afecte a terceros, lo que ha presionado al Poder Legislativo para actualizar la regulación en la materia, un pendiente que hasta ahora no ha sido resuelto de manera integral.

El fallo sin declaratoria general mantiene el estatus jurídico actual, pero deja claro que el debate sobre la regulación de la cannabis en México sigue vivo y que un solo voto podría, en el futuro, cambiar el rumbo legal del tema.

Debido al aumento de contagios de sarampión en planteles de educación de Jalisco, la Secretaría de Salud de la entidad ordenó el uso de cubrebocas en las escuelas que se ubican en ocho municipios de la Zona Metropolitana.

Esta medida se aplicará en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán. 

La medida se presenta a unas horas de que las autoridades estatales suspendieran clases en algunos municipios, así como por el aumento de las confirmaciones de pacientes infectados.

Cabe recordar que este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en América ante el incremento de casos en la región, con México a la cabeza, e instó a los gobiernos a intensificar la vacunación al señalar que el 78% de los nuevos casos se dio en personas no vacunadas.

El nombre de Fernando Padilla Farfán, empresario del sector de la construcción y de servicios médicos, ha cobrado relevancia nacional en los últimos años por su cercanía con figuras clave de Morena, en particular con el exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como por los contratos millonarios que sus empresas obtuvieron con gobiernos estatales afines al partido guinda.

Aunque no existe hasta ahora una acusación penal formal confirmada por autoridades en su contra, Padilla Farfán ha sido señalado en investigaciones periodísticas y denuncias políticas como presunto operador financiero y proveedor estratégico durante procesos electorales y administrativos.

Originario de San Martín Texmelucan, Puebla, y con operaciones establecidas en Veracruz, Fernando Padilla Farfán ya se desempeñaba como empresario antes de 2020. Sin embargo, su nombre comenzó a figurar con mayor fuerza cuando, durante la pandemia de COVID-19, su empresa Línea Médica del Sur recibió contratos en Tabasco para la instalación y equipamiento de Unidades Hospitalarias Tempranas, en el periodo en que Adán Augusto López Hernández era gobernador del estado.

Estos contratos marcaron el inicio de una etapa de expansión acelerada en la adjudicación de proyectos públicos relacionados con el sector salud.
Expansión en gobiernos estatales afines a Morena
Entre 2021 y 2023, Padilla Farfán amplió su presencia a otras entidades mediante su firma FMedical, con la cual obtuvo contratos para unidades médicas móviles y mega farmacias en estados como Chiapas, entonces gobernado por Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto López.

De acuerdo con reportes periodísticos, el monto global de estos acuerdos superaría los 2 mil millones de pesos, lo que colocó a sus empresas entre las más beneficiadas por contratos de salud en gobiernos estatales morenistas.

Precampaña presidencial y promoción política
Durante la precampaña presidencial interna de Morena en 2023, Padilla Farfán fue señalado en investigaciones periodísticas como proveedor y posible financiador indirecto de la aspiración de Adán Augusto López, al presuntamente cubrir gastos de espectaculares y material promocional, sin aparecer de forma directa en los reportes oficiales de campaña.
Estos señalamientos no derivaron en sanciones electorales confirmadas, pero alimentaron el debate público sobre el financiamiento paralelo en procesos internos del partido.

En 2025, el empresario volvió al centro de la polémica tras la difusión de videos y grabaciones en los que Fernando y Carlo Padilla Farfán aparecen presuntamente vinculados a esquemas de influencia para obtener contratos gubernamentales y promover a figuras políticas, entre ellas la senadora de Morena Andrea Chávez.

A partir de estos materiales, legisladores del PAN presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrea Chávez y Padilla Farfán, por presuntos delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con contratos y la promoción de unidades médicas.

El caso continúa siendo observado tanto por la opinión pública como por actores políticos, en un contexto donde los vínculos entre empresarios, contratos públicos y poder político siguen bajo escrutinio nacional

Pese a los señalamientos mediáticos y políticos, hasta 2026 no se ha informado oficialmente sobre cargos penales formales en contra de Fernando Padilla Farfán. Las acusaciones forman parte de un debate público y legal en curso, en el que se le ha descrito como integrante de una presunta red de corrupción vinculada al poder político, afirmaciones que no han sido acreditadas judicialmente.