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Nacionales

Considera López Obrador incluir espionaje de Pegasus en Consulta Popular

El mandatario no quiso responder la pregunta sobre pedir la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto por el espionaje de unos 15,000 números telefónicos.

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En conferencia de prensa, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, consideró incluir el caso del espionaje de Pegasus en la consulta popular del 1 de agosto.

El mandatario no quiso responder la pregunta sobre pedir la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto por el espionaje de unos 15,000 números telefónicos con este programa al señalar que “para eso es la consulta”.

“Yo considero que debe expresarse la gente, el pueblo, los ciudadanos, y para eso es la consulta, que se va a llevar a cabo en 15 días, menos”. Expuso.

“Que se tome en cuenta todo, yo envié esta iniciativa con este propósito para que las autoridades competentes actúen, que se respeten los derechos humanos, no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan”, sostuvo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República anunció una investigación relacionada a este caso.

Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que los gobiernos anteriores, desde el de Felipe Calderón (2006-2012), pagaron un contrato de 32 millones de dólares a la empresa israelí del programa, NSO.

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Nacionales

Anuncian planta pasteurizadora en Campeche como parte del Plan Nacional de Autosuficiencia Lechera

Actualmente, el país produce alrededor de 13 mil millones de litros de leche al año, y se plantea alcanzar los 15 mil millones antes de 2030

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El Gobierno de México presentó este sábado el Plan de Autosuficiencia de Leche en Campeche, que contempla la construcción de una planta pasteurizadora con una inversión aproximada de 140 millones de pesos. La nueva infraestructura busca producir hasta 100 mil litros diarios de leche, con el objetivo de abastecer a los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y, en una segunda etapa, a Chiapas.

La iniciativa forma parte del Plan México, enfocado en fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de importaciones. Actualmente, el país produce alrededor de 13 mil millones de litros de leche al año, y se plantea alcanzar los 15 mil millones antes de 2030.

El proyecto fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien reiteró el compromiso de inaugurar la planta antes de que finalice 2025. En el evento participó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, quien destacó la colaboración del gobierno de Campeche, encabezado por la gobernadora Layda Sansores, que donó el terreno para la instalación de la planta.

Como parte del plan integral, se implementarán medidas complementarias, entre ellas:

  • Garantizar un precio de garantía de 11.50 pesos por litro de leche.
  • Ampliar las Escuelas de Campo para asistencia técnica, de 125 a 250.
  • Distribuir fertilizantes gratuitos como parte del programa Fertilizantes para el Bienestar.
  • Ofrecer créditos con tasas preferenciales a través del programa Cosechando Soberanía.
  • Canalizar una donación privada de 100 millones de pesos para mejora genética, apoyo veterinario y sistemas de pastoreo.

El director general de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo, informó que se busca ampliar la cobertura del programa social de leche fortificada, pasando de 6.3 a 10 millones de beneficiarios a nivel nacional, y duplicar el alcance en el sureste, de 630 mil a 1.2 millones de personas.

Productores locales, como Iván Barragán de Champotón, reconocieron los beneficios del nuevo precio de compra establecido por el programa, al considerarlo el más alto en años recientes.

Las autoridades destacaron que este proyecto no solo contribuirá al fortalecimiento del sector lechero nacional, sino también al desarrollo económico regional, la generación de empleos y la mejora nutricional de la población.

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Estados

FGR impugna suspensión que frenó la detención del exgobernador Silvano Aureoles

Este lunes 28 de abril, el juzgado federal recibió el recurso de queja de la FGR, que acusa a Aureoles de desviar 3,400 millones de pesos en compras a sobreprecio.

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de queja para revertir la suspensión provisional que impidió ejecutar la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quien enfrenta acusaciones de peculado y lavado de dinero mediante negocios irregulares.

De acuerdo con información difundida por Milenio, el agente del Ministerio Público Federal, Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), fue quien formalizó la impugnación ante el juzgado que otorgó la suspensión el pasado 22 de abril de 2025.

Este lunes 28 de abril, el juzgado federal recibió el recurso de queja interpuesto por la FGR, quien sostiene que Aureoles es presunto responsable de encabezar un esquema de desvío de recursos públicos estimado en alrededor de 3 mil 400 millones de pesos, derivados de compras a sobreprecio de instalaciones para la Guardia Civil en distintos municipios de Michoacán.

La orden de aprehensión contra el exmandatario fue solicitada por la FGR ante una jueza de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio. No obstante, la medida cautelar, que incluye una garantía de 52 mil pesos, detuvo momentáneamente su ejecución.

Ahora, el proceso será revisado por un Tribunal Colegiado en materia penal, que deberá resolver en un plazo de 48 horas si la suspensión otorgada fue adecuada o si debe anularse, lo que abriría nuevamente la puerta a la captura de Aureoles.

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Nacionales

Aseguran más de 4.2 toneladas de presunta cocaína en operaciones marítimas en Guerrero

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con diversas instituciones de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

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En dos operaciones simultáneas realizadas en aguas de Guerrero, autoridades mexicanas lograron asegurar un total de 4.2 toneladas de presunta cocaína, como parte de los esfuerzos de seguridad del Gobierno de México para combatir el narcotráfico en las costas del país.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, en coordinación con diversas instituciones de seguridad, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Primera operación: intervención en alta mar

La primera incautación ocurrió tras un patrullaje aéreo realizado por un helicóptero tipo Panther de la Armada, que localizó una embarcación tipo «GoFast» frente a las costas de Guerrero. En la embarcación viajaban cinco hombres, quienes transportaban 38 bultos con un peso aproximado de 1.8 toneladas de polvo blanco, con características similares al clorhidrato de cocaína. Los detenidos, la droga y la embarcación fueron asegurados y trasladados al muelle de la Octava Región Naval, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con la investigación.

Segunda operación: aseguramiento de carga flotante

En un segundo evento, personal naval localizó 64 bultos flotando en el mar, también frente a las costas de Guerrero. Estos bultos contenían paquetes con polvo blanco similar a la cocaína, con un peso bruto de aproximadamente 2.4 toneladas. Al igual que en la primera operación, la carga fue asegurada y entregada a la FGR para el proceso judicial correspondiente.

Impacto de la incautación

Estas operaciones marítimas se suman a los esfuerzos continuos de la Secretaría de Marina para contrarrestar el narcotráfico en aguas mexicanas. Desde el inicio de la actual administración, se han asegurado más de 36 toneladas de cocaína, con un valor estimado en el mercado de alrededor de 9 mil millones de pesos.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que incluye vigilancia marítima, aérea y terrestre, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho en las zonas marítimas del país y desarticular las redes de narcotráfico que operan en el mar.

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