Personal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha sido denunciado por lucrar con la entrega de permisos para gasolineras y por pedir “cooperaciones” para agilizar los trámites.

En una denuncia presentada el 21 de octubre de 2020 ante el órgano interno de control de la CRE y desechada apenas en mayo pasado, se involucra a una comisionada y un ex comisionado, quienes tras ser rechazados por el Senado, fueron impuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones en la conferencia matutina pregunto:

Hay muchas quejas de la CRE, ya que tienen detenidos cientos de permisos y quisiera saben si es por burocracia o si hay otra razón de que ya no estén dando los permisos para gasolineras

Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, quien, derivado de la reforma energética de Peña Nieto, otorgó contratos de exploración y extracción de hidrocarburos para empresas derivadas para la explotación del petróleo llamadas rondas o bloques petroleros.

En estos bloques petroleros en los contratos existe una cláusula que obliga a estas empresas a intervenir en actividades de capacitación y transferencia de tecnología para beneficiar a estudiantes, trabajadores e instituciones de educación superior nacional.

Quisiéramos saber si nos puede dar un informe de las cantidades invertidas por las empresas como Repsol, Petronas, Shell, et, que hayan invertido en esto que se les solicita de la capacitación.

En febrero del 2019 el Presidente propuso a cuatro candidatos para suplir las vacantes de comisionados que se tenían en el órgano regulador bajo el argumento de limpiar de corrupción a estos organismos por presuntamente favorecer a empresas privadas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

Vamos a pedirle un informe a la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Lo que puedo comentar es que todos esos contratos que se entregaron no han dado buenos resultados. Se entregaron como 110 contratos a empresas para extraer el petróleo, se les entregaron bloques en tierra y en mar, concesiones para que, en esos bloques, en esos territorios, ellos pudieran perforar y sacar petróleo, y pagar una comisión al Estado, las llamadas asociaciones público-privadas de utilidad compartida.

Bueno, para eso fue la llamada reforma energética; entregaron esos contratos, engañaron que iba a llegar mucha inversión extranjera, a raudales iba a llegar dinero, ‘la dolariza’, decían, ‘ahí viene la dolariza’. Pues no llegó nada y, de esos 110 contratos, son muy pocos los que están activados, la mayoría no tienen ningún trabajo, no hay ninguna inversión.

Ya en términos legales hasta se podrían cancelar, no lo hacemos porque harían un alboroto y es innecesario, porque nosotros estamos resolviendo el problema de la producción, rescatando a Pemex.

En la denuncia se señala a la comisionada Guadalupe Escalante Benítez; a su jefe de oficina, David Daniel Elvira, al jefe de la unidad de hidrocarburos, Gustavo Sánchez Lugo, así como al ex comisionado José Alberto Celestinos y a su jefe de oficina Alejandro Ledezma, de recibir pagos por pasar las solicitudes de permiso al pleno del órgano regulador para su aprobación.

El documento menciona que ambos comisionados despachaban desde una oficina ubicada en Viaducto 106 como una extensión de las instalaciones de la Comisión, en la que negociaron con particulares pagos para agilizar permisos de estaciones de servicio.

Entonces, tu pregunta, si están cumpliendo con el darles trabajo a jóvenes o formarlos, pues te adelantaría que no lo están haciendo porque no están cumpliendo en general con los compromisos que adquirieron cuando se les entregaron los contratos. De todas maneras, vamos a pedirle el informe a la secretaria de Energía.

La oficina señalada pertenece al ex comisionado Celestinos, confirmaron fuentes relacionadas con el tema.

Actualmente, Celestinos es asesor de la titular de Energía, Rocío Nahle.

Al ser consultado, Celestinos declinó dar su versión.

Los montos para agilizar los permisos eran hasta de 500 mil pesos, de acuerdo con la denuncia.

En dos audios de llamadas de noviembre del año pasado, particulares llaman a la oficina de los «gestores» y preguntan por el estatus de sus permisos, los cuales, dijeron, habían sobrepasado el tiempo de espera tras los supuestos pagos.

En los audios se menciona a la empresa Kokani S, cuyos accionistas son Martha Solís, Juan Morfín, Salvador Campos y Martha Elena Bartolo, quien afirma haber hecho una «contribución» que le fue solicitada por Sánchez Lugo y Maldonado para la obtención de su permiso.

La otra es Altus Energy, cuyos representante legal es Jaime Humberto Álvarez, y que cuenta con una gasolinera en Aguascalientes. (Agencias)