La Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de prohibir y sancionar como delito la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos que sean nocivas, tóxicas o peligrosas para la salud.

La reforma establece que quienes realicen estos procedimientos sin autorización enfrentarán penas de cinco a ocho años de prisión. Con un respaldo contundente de 436 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó el dictamen que adiciona los artículos 194 Ter, una fracción VII al artículo 198 y 463 Bis a la Ley General de Salud, específicamente en materia de sustancias modelantes con fines estéticos.

Según el comunicado emitido por el Congreso mexicano, se define como «dispositivos médicos con fines estéticos» a los materiales, sustancias o productos similares que modifiquen diversas partes del cuerpo humano, como labios, mejillas, mentón, senos, glúteos, brazos, piernas, entre otras.

Además, se prohíbe el uso de diversas sustancias como silicona líquida, aceites minerales, aceites comestibles, aceites de automóvil, grasas vegetales o animales, cemento óseo, biopolímeros orgánicos o sintéticos, o cualquier otra sustancia no apta para uso humano, mediante procedimientos invasivos y no invasivos como la inyección, infiltración hipodérmica u otros procedimientos innovadores.

La Secretaría de Salud será la encargada de definir las sustancias modelantes prohibidas. Asimismo, se establece que la aplicación de dispositivos médicos con fines estéticos debe llevarse a cabo únicamente en establecimientos autorizados y por profesionales en el campo de la medicina, según lo dispuesto en los artículos 79 y 81 de la ley.

Se destaca que solo los establecimientos dedicados a estos procedimientos requieren autorización sanitaria, medida que busca garantizar la seguridad y el bienestar de quienes optan por intervenciones estéticas en el país.

El documento ha sido remitido al Senado mexicano para su evaluación y eventual ratificación.

Durante el Debate Chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Hannah de Lamadrid, candidata de Morena a la alcaldía de Coyoacán, expresó su determinación de acabar con la corrupción y la inseguridad en la demarcación.

De Lamadrid destacó que Coyoacán enfrenta una situación crítica, caracterizada por la corrupción y la falta de seguridad, y aseguró que la población está decidida a impulsar un cambio. Criticó la práctica de funcionarios públicos que buscan reelegirse para cargos para los que no están calificados, y denunció la corrupción institucionalizada por gobiernos anteriores.

En este contexto, señaló que uno de los mayores problemas de la alcaldía es la extorsión, que afecta a los ciudadanos y comercios. Propuso que la mejor manera de combatir esta corrupción es votar por Morena en las elecciones del 2 de junio.

Como parte de sus propuestas, De Lamadrid anunció que, en caso de resultar electa, organizará audiencias públicas mensuales y establecerá Cabildos Ciudadanos por colonias para que los vecinos puedan expresar sus necesidades y opiniones. También implementará el servicio «Alcaldía cerca de ti» para facilitar el contacto con la ciudadanía y realizará visitas permanentes a las colonias para atender los problemas de los vecinos.

La candidata a la Presidencia de la República por Morena y aliados, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para abordar temas cruciales relacionados con el abasto de agua y la revisión del T-MEC en 2026, en medio de preocupaciones por la sequía y la competitividad comercial.

Encabezado por Juan Cortina, el CNA, conocido como «la cúpula de los empresarios del campo en México», expresó su disposición a respaldar la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y manifestó su interés en colaborar estrechamente con el gobierno entrante en políticas que impulsen la producción agrícola.

Los representantes del sector agrícola plantearon la necesidad de políticas públicas precisas que direccionen la inversión hacia áreas críticas del campo, así como la implementación de un plan nacional para regular a los reclutadores de jornaleros agrícolas y garantizar el derecho de identidad a los trabajadores sin documentos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Destacaron la propuesta de incorporar a migrantes centroamericanos en labores agrícolas para hacer frente a la escasez de mano de obra en el sector rural, y solicitaron un acceso más eficiente al crédito para los agricultores, asegurando precios justos desde el momento de la siembra y promoviendo prácticas sustentables.

Se señaló también la preocupación por las deficiencias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), debido a la falta de presupuesto para proteger al país de plagas y enfermedades que afectan los cultivos.

Sheinbaum presentó su plan denominado «República Rural, Justa y Soberana», enfatizando la importancia de no ver al campo como una entidad homogénea y promoviendo la «Prosperidad Compartida», que incluye seguridad social para los trabajadores del campo, mejoras en la gestión del agua y la tecnificación agrícola.

Se destacó la colaboración existente entre Sheinbaum y el CNA en temas como la autosuficiencia alimentaria y la reducción de la pobreza extrema en comunidades agrícolas, incluyendo programas de bienestar y educación inicial para hijos de trabajadoras del campo.

Sin embargo, se subrayó la postura de mantener la producción de maíz sin organismos genéticamente modificados, así como la intención de optimizar el uso de los fideicomisos agrícolas y modernizar las centrales de abasto para distribuir alimentos a precios accesibles.

En cuanto a la renegociación del T-MEC y la problemática del glifosato, Sheinbaum enfatizó la importancia de abordar estos asuntos de manera conjunta y reiteró su compromiso de combatir la inseguridad en el sector rural, proponiendo medidas como tipificar la extorsión como delito grave y fortalecer la presencia de la Guardia Nacional en áreas rurales.

El CNA solicitó a Sheinbaum una mayor participación en las decisiones relacionadas con el sector agropecuario, destacando la importancia de su presencia en futuros debates sobre políticas agrícolas y comerciales.