Una investigación iniciada públicamente en 2022 por la periodista Sandy Aguilera puso bajo la lupa las maestrías en cirugía estética, la actuación de médicos que realizaban procedimientos quirúrgicos sin contar con la especialidad correspondiente y los programas impartidos por la Universidad del Conde, encabezada por Marco Antonio Conde Pérez. Tres años después, autoridades federales suspendieron indefinidamente el servicio educativo de uno de sus programas médicos.
La historia comenzó a cobrar dimensión nacional en junio de 2022, cuando la periodista Sandy Aguilera llevó a la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador una investigación sobre las llamadas maestrías en cirugía estética.
El señalamiento central era particularmente delicado: médicos generales obtenían grados de maestría en cirugía estética y posteriormente realizaban procedimientos quirúrgicos que, conforme a la legislación sanitaria, corresponden a médicos con especialidad y certificación vigente.
Entre las instituciones señaladas se encontraba la Universidad del Conde, ubicada en Veracruz y encabezada por Marco Antonio Conde Pérez.
Aguilera solicitó al gobierno federal investigar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE), las cédulas profesionales expedidas a egresados y los casos de pacientes que habían sufrido complicaciones e incluso fallecimientos después de someterse a procedimientos estéticos.
La diferencia fundamental: una maestría no convierte a un médico en cirujano plástico
Éste fue el punto medular de la investigación desde el principio.
Tener una maestría en cirugía o medicina estética no equivale a tener una especialidad en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva ni faculta por sí misma para realizar los procedimientos quirúrgicos reservados por la legislación sanitaria a especialistas debidamente acreditados.
Con el tiempo, las propias autoridades federales respaldaron esa advertencia.
En junio de 2023, Cofepris y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud emitieron un aviso de riesgo en el que identificaron expresamente al Instituto de Estudios Superiores en Medicina y a la Universidad del Conde.
La autoridad señaló que había identificado personal médico egresado de esas instituciones involucrado en daños graves a la salud e incluso muertes, que realizaba procedimientos de cirugía plástica, estética y reconstructiva acreditando únicamente una maestría.
La conclusión de las autoridades fue contundente: el grado académico de maestría en cirugía estética no faculta a un médico para realizar procedimientos médico-quirúrgicos de especialidad.
La denuncia llegó directamente a López Obrador
Sandy Aguilera presentó el tema en distintas ocasiones durante las conferencias matutinas del presidente López Obrador.
El 8 de agosto de 2022 informó que, después de sus primeras denuncias, se había detenido la emisión de un RVOE que se encontraba en trámite.
También presentó documentación sobre presuntas irregularidades relacionadas con los programas educativos y denunció públicamente amenazas derivadas de su investigación.
El caso continuó.
En febrero de 2023, el entonces subsecretario de Salud Hugo López-Gatell abordó públicamente los programas de la Universidad del Conde y explicó la importancia de la Opinión Técnica Académica de las autoridades sanitarias para este tipo de estudios.
La discusión dejó de ser únicamente una denuncia periodística: el gobierno federal reconocía públicamente que existía un problema sanitario y educativo que debía atenderse.
Las 50 carpetas de investigación
En diciembre de 2023, Aguilera informó nuevamente en Palacio Nacional que había entregado a las autoridades de Veracruz los números correspondientes a alrededor de 50 carpetas de investigación de distintas partes del país, relacionadas con casos atribuidos a médicos formados bajo este esquema.
Este punto sigue siendo una de las grandes interrogantes del caso.
A la fecha resulta necesario conocer públicamente cuántas de esas carpetas fueron judicializadas, cuántas continúan abiertas, cuántas fueron archivadas y, sobre todo, cuántas produjeron responsabilidades penales.
Marco Antonio Conde acudió a los tribunales
El conflicto también llegó al Poder Judicial.
Existe constancia oficial del juicio de amparo 1704/2022, promovido por Marco Antonio Conde Pérez.
Conde reclamó declaraciones, manifestaciones y comentarios sobre su persona difundidos a través de los canales oficiales con motivo de la conferencia matutina del Ejecutivo federal del 30 de agosto de 2022.
El litigio llegó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
El 2 de agosto de 2024 se resolvió el recurso de revisión.
El resultado está asentado en documentación oficial del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano:
La justicia federal no amparó ni protegió a Marco Antonio Conde Pérez.
El expediente fue posteriormente enviado a archivo.
Este dato es fundamental porque acredita que Conde intentó combatir judicialmente actos relacionados con la exposición pública del caso y no obtuvo la protección federal solicitada en ese procedimiento.
El problema continuó durante el gobierno de Claudia Sheinbaum
El cambio de administración federal no cerró el caso.
Sandy Aguilera volvió a plantearlo en las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente cuestionando qué estaba ocurriendo con los RVOE y con las cédulas profesionales de médicos egresados de estos programas.
El 8 de octubre de 2025, Aguilera volvió a exponer ante la Presidenta un caso relacionado con una paciente y cuestionó cómo podían continuar apareciendo cédulas profesionales vinculadas con estos estudios.
Sheinbaum aceptó revisar nuevamente el asunto.
Trece días después, la SEP intervino
El 13 de octubre de 2025, la Secretaría de Educación Pública realizó una visita de vigilancia a la Universidad del Conde, en Coatepec, Veracruz.
La autoridad detectó irregularidades particularmente relacionadas con la Maestría en Medicina Estética y Longevidad.
La SEP determinó que la Universidad impartía y publicitaba ese programa apoyándose en un reconocimiento estatal otorgado en 2014, pero sin contar con el RVOE federal ni con la Opinión Técnica Académica de la Secretaría de Salud federal exigidos conforme al marco normativo aplicable.
El 21 de octubre de 2025, llegó una de las consecuencias más importantes de toda la investigación:
la SEP impuso la suspensión indefinida del servicio educativo correspondiente al plan de estudios de la Maestría en Medicina Estética y Longevidad y colocó sellos de suspensión.
La medida permanecería vigente hasta que la institución acreditara el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.
Es importante hacer una precisión: esto no debe presentarse como si jurídicamente hubiera desaparecido toda la Universidad del Conde. La medida documentada se refiere específicamente al servicio educativo relacionado con el programa señalado.
Más de 600 egresados en incertidumbre
Antes de la intervención federal había surgido otro problema.
En septiembre de 2025, egresados de la Universidad del Conde se manifestaron ante la Secretaría de Educación de Veracruz para exigir la entrega de títulos que permanecían retenidos.
Reportes periodísticos hablaron de más de 600 egresados afectados.
Esto abrió otra interrogante de enorme importancia: ¿qué sucede con quienes cursaron estos programas y qué validez tienen sus estudios, títulos y cédulas?
Pero existe una cuestión todavía más importante para los pacientes:
aunque una persona tenga una cédula correspondiente a una maestría, eso no significa que tenga autorización para ejercer como especialista en cirugía plástica.
Para realizar procedimientos quirúrgicos de especialidad deben cumplirse los requisitos establecidos en la legislación sanitaria, incluyendo la especialidad y certificación correspondientes.
La investigación que todavía falta
Cuatro años después de que Sandy Aguilera llevara por primera vez el caso ante López Obrador, existen hechos que ya pueden documentarse:
La autoridad sanitaria federal advirtió públicamente sobre el riesgo de médicos egresados de la Universidad del Conde y del Instituto de Estudios Superiores en Medicina que realizaban procedimientos quirúrgicos sin la certificación correspondiente.
Cofepris y Salud establecieron expresamente que una maestría en cirugía estética no faculta para realizar cirugía plástica, estética y reconstructiva de especialidad.
Marco Antonio Conde Pérez promovió el amparo 1704/2022 y la justicia federal resolvió en 2024 no ampararlo ni protegerlo.
Y en octubre de 2025, la SEP terminó imponiendo una suspensión indefinida al servicio educativo correspondiente a la Maestría en Medicina Estética y Longevidad de la Universidad del Conde.
Pero la historia no está terminada.
Quedan preguntas que las autoridades mexicanas deberían responder:
¿Qué ocurrió con las aproximadamente 50 carpetas de investigación que fueron entregadas a las autoridades?
¿Cuántos médicos recibieron títulos y cédulas provenientes de estos programas?
¿Cuántas de esas cédulas siguen vigentes?
¿Qué ocurrió con los más de 600 egresados que reclamaban sus títulos?
¿Cuántos médicos formados bajo estas maestrías continúan actualmente realizando procedimientos quirúrgicos en México?
Y, fundamentalmente:
¿quién responde por las pacientes que sufrieron daños graves o perdieron la vida?
La investigación iniciada en las mañaneras no fue solamente una discusión sobre universidades o documentos académicos. Desde el principio se trató de una cuestión de salud pública y seguridad de los pacientes.
Hoy existe suficiente documentación oficial para demostrar que las advertencias que comenzaron a hacerse públicas en 2022 ameritaban la intervención de las autoridades.
La siguiente etapa consiste en saber si, además de suspender un programa educativo, hubo responsabilidades y justicia para las víctimas.
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