IMSS presentó un diagnóstico claro y conciso de la situación financiera que atraviesa
De acuerdo con el análisis efectuado, el Instituto cuenta con suficiencia financiera hasta el año 2035, lo que significa 2 años más respecto al Informe anterior.
Como cada año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión su informe sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto, el cual detalla que la gestión financiera implementada permitió al Instituto contar con un remanente de operación de 830 millones de pesos al cierre de 2021.
De acuerdo con el análisis efectuado, el Instituto cuenta con suficiencia financiera hasta el año 2035, lo que significa 2 años más respecto al Informe anterior.
Al cierre del ejercicio 2021, el Seguro Social obtuvo un remanente de operación de 830 millones de pesos. Este resultado consideró el cumplimiento de la meta de reservas y fondos, así como el fortalecimiento de la Reserva Operativa.
Año con año, el IMSS presenta el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del Instituto, con el fin de cumplir lo establecido por ley, y que esta información conduzca a definir posibles estrategias que permitan fortalecer su solidez, eficiencia y vocación de servicio, en beneficio de la población derechohabiente.
El Informe detalla la situación financiera y los principales riesgos que se identifican para cada uno de los seguros que otorga el Instituto en su Régimen Obligatorio: Seguro de Riesgos de Trabajo, Seguro de Enfermedades y Maternidad, Seguro de Invalidez y Vida, y Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales; así como para el Seguro de Salud para la Familia el cual forma parte del Régimen Voluntario.
Además, el Informe detalla la situación de los pasivos laborales y otros pasivos contingentes, tendencias demográficas y epidemiológicas de la población beneficiaria y otros factores que determinan el contexto de operación del IMSS, así como información sobre el estado que guardan las instalaciones y equipos del Instituto.
También se abordan las principales acciones que ha emprendido el Instituto para favorecer su equilibrio financiero. Es importante señalar que los resultados contables y actuariales presentados fueron dictaminados por auditores externos.
Aunque la gestión financiera implementada permitió al IMSS contar con un remanente de operación de 830 millones de pesos al cierre de 2021, el análisis de su situación financiera revela, en línea con informes anteriores, la presencia de un conjunto de riesgos que afectan su sostenibilidad presente y futura.
Entre los riesgos más relevantes identificados se encuentran: la transición demográfica y epidemiológica que implica que el Instituto atienda padecimientos cada vez más complejos y costosos de orden crónico degenerativo (1 de cada 4 pesos que se recaudaron para el Seguro de Enfermedades y Maternidad en 2021 se destinó a la atención de diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica); y el crecimiento previsto de la nómina asociada al Régimen de Jubilaciones y Pensiones.
Aunado a lo anterior, la pandemia ha significado un importante impacto en las finanzas institucionales derivado del incremento en la demanda de prestaciones económicas, así como servicios médicos y hospitalarios relacionados con la atención de COVID-19. No obstante, el gasto requerido fue atendido con cargo al presupuesto autorizado, mediante la reorientación de recursos, procurando el equilibrio financiero que permitiera garantizar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social.
El balance actuarial refleja que los Seguros de Riesgos de Trabajo y de Invalidez y Vida presentan un superávit, es decir, se estima que sus ingresos serán suficientes para financiar sus gastos y que, por lo tanto, sus primas de financiamiento también son suficientes. En contraste, para el Seguro de Enfermedades y Maternidad en sus dos coberturas (asegurados y gastos médicos para pensionados) el balance actuarial arroja un resultado deficitario, lo que indica que sus actuales primas de financiamiento no son suficientes, con una brecha de 3 puntos porcentuales entre la prima de financiamiento y la prima de equilibrio.
En el caso del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, su balance es apenas positivo, no obstante, la perspectiva particular del seguro indica que, de no implementar medidas para mejorar su situación financiera, se observará déficit creciente en el mediano plazo; la estimación para este seguro considera la ampliación del servicio de guardería para hijas e hijos de hombres trabajadores conforme a la reforma a la LSS de marzo de 2020, la cual, aunque implicó una ampliación de la cobertura, no incrementó la fuente de financiamiento del seguro.
Durante el periodo que se reporta, el IMSS ofreció gran diversidad de servicios médicos preventivos y curativos a la población derechohabiente: en un día típico, el Instituto brindó más de 418 mil consultas médicas (de las cuales 40 mil fueron por urgencias), tuvo alrededor de 5,400 egresos hospitalarios y realizó casi 3 mil intervenciones quirúrgicas y más de 715 mil análisis clínicos. Lo anterior, significó un incremento de 25% respecto a 2020.
Aún queda camino por recorrer para superar el número de atenciones médicas que se brindaban previo a la pandemia, pero los resultados muestran que los esfuerzos han ido en la dirección correcta.
El Instituto se reorganiza y esfuerza por robustecer las prestaciones médicas, económicas y sociales, cuya cobertura alcanzó a 71.6 millones de personas al cierre de 2021, lo que significa más de 50% de la población del país. No obstante, es indispensable la implementación de medidas para su fortalecimiento, las cuales deben basarse en un diagnóstico claro de su situación financiera.
Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que mandata la ley permite conocer la situación financiera del IMSS y los importantes retos que enfrenta, los cuales exigen contar con análisis profundos, diagnósticos apropiados, una gestión adecuada de los riesgos financieros y la definición e implementación de estrategias que conduzcan a una mayor solidez en sus finanzas.
La modernización de la carretera Cuautla–Tlapa avanza a paso firme. De acuerdo con el reporte más reciente, la obra registra ya un 90 por ciento de avance en su primera etapa, un tramo clave para mejorar la conectividad entre Morelos y Guerrero, especialmente en una región donde el traslado de personas y mercancías depende casi por completo de esta vía.
Los trabajos se han concentrado en la rehabilitación del pavimento, ampliación de carriles y mejora de la seguridad vial, acciones que buscan reducir tiempos de traslado y ofrecer un tránsito más seguro para automovilistas, transportistas y comunidades que utilizan diariamente esta carretera.
No se trata solo de una obra más, sino de una intervención estratégica en una ruta que por años presentó deterioro, afectando tanto al comercio regional como al acceso a servicios básicos. Con la conclusión de esta primera fase, se espera que los beneficios comiencen a notarse de inmediato, sobre todo en el flujo vehicular y en la disminución de riesgos por malas condiciones del camino.
Autoridades encargadas del proyecto señalaron que, una vez finalizada esta etapa, se dará continuidad a los siguientes frentes de trabajo para completar la modernización integral de la carretera Cuautla-Tlapa, una de las más importantes del oriente del país.
Mientras tanto, el avance reportado coloca a la obra en tiempo y forma, con la expectativa de que en los próximos meses pueda ser entregada para su uso pleno.
México y EU ajustan reglas para repartir el agua del Río Bravo en plena sequía
El acuerdo surge tras meses de trabajo técnico y político entre autoridades de ambos países y busca poner reglas claras en un escenario complicado. No se trata solo de cumplir cuotas, sino de administrar el agua disponible de forma responsable, en una cuenca donde cada metro cúbico cuenta.
En medio de una sequía que no da tregua en el norte del país, México y Estados Unidos dieron un paso clave para ordenar el uso del agua en una de las regiones más sensibles: la cuenca del Río Bravo. Ambos gobiernos acordaron un plan técnico de gestión hídrica, alineado con el Tratado de Aguas de 1944, con el objetivo de enfrentar la escasez sin poner en riesgo el abasto para las comunidades ni la producción agrícola.
El acuerdo surge tras meses de trabajo técnico y político entre autoridades de ambos países y busca poner reglas claras en un escenario complicado. No se trata solo de cumplir cuotas, sino de administrar el agua disponible de forma responsable, en una cuenca donde cada metro cúbico cuenta.
De acuerdo con lo pactado, México mantendrá la entrega de una cantidad mínima anual de agua conforme a lo establecido en el Tratado, siempre tomando en cuenta las condiciones reales de la cuenca. La prioridad, subrayaron las autoridades, será garantizar el derecho humano al agua y proteger el uso agrícola, especialmente en comunidades que dependen directamente del riego para subsistir.
El entendimiento también abre la puerta a una planeación más previsible frente a los efectos del cambio climático. El plan contempla acciones de largo plazo, como el fortalecimiento de infraestructura y medidas de adaptación para reducir el impacto de futuras sequías, un problema que ya dejó de ser coyuntural y se ha convertido en estructural.
Desde el Gobierno de México se reiteró que el Tratado de 1944 sigue siendo un instrumento vigente y estratégico, no solo para la relación bilateral, sino para la defensa de los intereses nacionales, en especial los del sector agropecuario del norte del país.
En un contexto donde el agua escasea y la presión aumenta, el acuerdo busca evitar conflictos, dar certidumbre a los usuarios y establecer una corresponsabilidad real entre ambas naciones para cuidar un recurso cada vez más limitado.
SAT refuerza acciones contra el lavado de dinero en sectores vulnerables
De acuerdo con la autoridad fiscal, desde junio de 2025 se han realizado reuniones tanto presenciales como virtuales con representantes de distintos gremios, entre ellos notarios, corredores públicos, contadores, abogados, inmobiliarias, comercializadores de vehículos, artistas plásticos, empresas de juegos con apuestas, sorteos y donatarias, entre otros.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó sus acciones de prevención contra el lavado de dinero mediante un programa permanente de capacitación dirigido a sectores considerados como actividades vulnerables, informó la dependencia federal.
De acuerdo con la autoridad fiscal, desde junio de 2025 se han realizado reuniones tanto presenciales como virtuales con representantes de distintos gremios, entre ellos notarios, corredores públicos, contadores, abogados, inmobiliarias, comercializadores de vehículos, artistas plásticos, empresas de juegos con apuestas, sorteos y donatarias, entre otros.
El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como fomentar buenas prácticas que permitan detectar y reportar operaciones inusuales o de riesgo.
Durante los encuentros, el SAT explicó las obligaciones específicas que corresponden a cada sector, como la identificación y verificación de clientes o usuarios, el registro en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, la presentación de avisos, la custodia adecuada de la información y la implementación de lineamientos internos de control.
Asimismo, se recordó a los sujetos obligados la importancia de solicitar información sobre la actividad económica de sus clientes, identificar al beneficiario controlador cuando exista, y brindar facilidades durante las visitas de verificación realizadas por la autoridad.
Como parte de estas acciones, el SAT invitó a los contribuyentes a consultar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde se encuentra información detallada sobre las 17 actividades clasificadas bajo este esquema, así como los derechos y responsabilidades que marca la ley.
La dependencia subrayó que estas medidas buscan proteger el sistema financiero, fortalecer la economía nacional y prevenir que recursos de origen ilícito ingresen a circuitos legales, reafirmando su compromiso con la legalidad y la transparencia.