El pasado fin de semana, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán por Movimiento Ciudadano, bajo sospecha de su complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en relación al rancho Izaguirre. Según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, esta investigación resalta una red de protección institucional más allá del municipio. Cuatro testigos protegidos (identificados como “Rojo”, “Verde”, “Azul” y “Australia”) afirman que el alcalde recibía pagos mensuales de 70 mil pesos, sostenía reuniones con operadores del narcotráfico y encubría actividades ilícitas.
El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, fue confirmado como un campo de entrenamiento del CJNG, según el fiscal federal Alejandro Gertz Manero.
Las autoridades de Jalisco, desde 2021, recibieron reportes sobre actividades ilegales en el lugar, pero no actuaron hasta 2024, cuando la Fiscalía estatal asumió el control del predio, aunque posteriormente abandonó su vigilancia. En marzo de 2025, un grupo de madres buscadoras encontró evidencias de torturas y ejecuciones, incluyendo prendas, zapatos e identificaciones de personas posiblemente reclutadas o ejecutadas por el CJNG.
La detención de Murguía Santiago ocurrió el 3 de mayo, cuando agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra él. El alcalde, odontólogo de profesión y político de larga trayectoria, fue trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración. La Fiscalía lo acusa de delincuencia organizada agravada, al afirmar que conocía las actividades del rancho y no hizo nada al respecto. Aunque Murguía ha negado las acusaciones, las pruebas incluyen los testimonios de los testigos protegidos, quienes aseguran haberlo visto en el rancho y recibir pagos para proteger al grupo criminal.
A nivel local, el gobierno de Movimiento Ciudadano y varios vecinos de Teuchitlán han manifestado su apoyo al alcalde, alegando su inocencia y exigiendo una investigación justa. En contraste, colectivos de madres buscadoras critican que la investigación no ha esclarecido aún el paradero de las personas relacionadas con los objetos hallados en el rancho Izaguirre.
Este caso tiene repercusiones significativas, ya que resalta las sospechas de complicidad entre autoridades locales y el crimen organizado en Jalisco. Las autoridades federales han confirmado que la investigación continuará, con la posibilidad de que se emitan más órdenes de aprehensión contra otros funcionarios involucrados.
Ana Ayala bajo escrutinio: entregan a Morena documentación sobre sus antecedentes en Ahome
La presidenta nacional del partido, la periodista Sandy Aguilera pidió revisar los señalamientos contra la aspirante y cuestionó qué peso tienen las recomendaciones de dirigentes en la selección de coordinadores.
Los antecedentes de Ana Elizabeth Ayala Leyva, diputada federal desde 2021 y reelecta en 2024, llegaron a la conferencia de prensa de Morena después de que se registrara para buscar la coordinación municipal de los trabajos de la Cuarta Transformación en Ahome, Sinaloa.
Durante la conferencia encabezada por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, la periodista Sandy Aguilera pidió revisar los señalamientos contra la aspirante y cuestionó qué peso tienen las recomendaciones de dirigentes en la selección de coordinadores.
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Aguilera informó posteriormente que ya entregó a la dirigencia documentación que, sostiene, acredita los señalamientos, para que sea examinada antes de definir la coordinación municipal. La entrega no equivale, por sí misma, a una determinación de responsabilidad por parte del partido o de una autoridad.
Los señalamientos expuestos
La periodista mencionó cuestionamientos sobre la salida de Ayala del Servicio de Administración Tributaria en 2017, vinculada presuntamente con un beneficio de 70 millones de pesos a una constructora, así como sobre el contrato de arrendamiento de ambulancias del Ayuntamiento de Ahome en 2019.
También expuso un antecedente judicial: una resolución electoral que acreditó violencia política de género y acoso laboral contra la entonces síndica procuradora Angelina Valenzuela Benítez.
Asimismo, Aguilera señaló haber recibido versiones de que Ayala presume protección de Ignacio Mier y Adán Augusto López. Ese supuesto respaldo fue planteado como un señalamiento; la información disponible no permite afirmar que ambos políticos hayan intervenido para favorecer su registro o selección.
“Mis preguntas son, si ustedes van a revisar estos antecedentes, ¿y qué tanto pesa que alguien llegue recomendado?”, planteó Aguilera. Añadió que la ciudadanía necesita saber que la honestidad y el respeto a las mujeres pesan más que un padrino político.
La resolución por violencia política de género
El antecedente judicial se remonta al 2 de diciembre de 2019, cuando el Tribunal Electoral de Sinaloa declaró la existencia de violencia política contra las mujeres por razón de género y acoso laboral atribuidos, entre otros, a Ayala, entonces tesorera municipal, y al alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno. La resolución fue confirmada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En 2021, el INE canceló sus candidaturas. Sin embargo, el 2 de junio de ese año la Sala Superior ordenó restituirlas, al determinar que el instituto carecía de atribuciones para declarar por sí mismo la pérdida del requisito entonces denominado “modo honesto de vivir”, sin un pronunciamiento judicial previo en ese sentido.
La restitución de la candidatura no revocó la resolución que acreditó la violencia política y el acoso laboral.
Ambulancias: denuncias y resultado de auditoría
El contrato de ambulancias también generó denuncias y cuestionamientos públicos. Para presentar el antecedente completo, debe incorporarse que Noroeste informó el 29 de mayo de 2020 que la auditoría específica de la Auditoría Superior del Estado produjo nueve resultados sin observación.
El mismo medio señaló que el informe no aclaraba el supuesto sobreprecio ni la entrega de unidades equipadas y rotuladas apenas horas después del fallo de adjudicación. Por ello, los cuestionamientos al contrato deben distinguirse de una responsabilidad personal acreditada contra Ayala.
Montiel: ganar la encuesta no basta
En respuesta a la pregunta, Ariadna Montiel afirmó que los registros serían revisados y reconoció que Morena tiene una obligación política y moral de examinar la información que reciba sobre sus aspirantes.
“Si alguien gana la encuesta pero no tiene buenos antecedentes, entonces no lo vamos a dejar participar”, aseguró, según la versión estenográfica proporcionada.
La dirigente sostuvo que la opinión de la ciudadanía será fundamental y que la información sobre las trayectorias ayuda al partido a evaluar los perfiles. También advirtió que deben cuidar que los señalamientos no sean “grilla ni politiquería”.
Sobre la influencia de dirigentes, respondió: “Aquí no hay padrinos”. Añadió que los coordinadores legislativos habían sido respetuosos del proceso y reconoció expresamente a Ricardo Monreal e Ignacio Mier.
La documentación ya fue entregada; falta conocer la evaluación
La entrega de documentación coloca ante Morena la tarea de contrastar los señalamientos, revisar las resoluciones y determinar qué efecto tendrán en la evaluación de Ayala.
En la respuesta proporcionada, Montiel no anunció una investigación específica contra la aspirante, un plazo para resolver el caso ni una decisión sobre su registro. Tampoco se cuenta, para esta nota, con una respuesta de Ayala a los señalamientos expuestos en la conferencia.
El compromiso de revisar los antecedentes queda ahora sujeto a una decisión concreta: qué peso dará Morena a una resolución judicial que acreditó violencia política contra una mujer al elegir a quien coordinará sus trabajos en Ahome.
Denuncia Morena a Luis Bernardo Nava ante el IEEQ por presunto uso de recursos públicos y actos anticipados
Partido Político exige al órgano electoral investigar el financiamiento del evento masivo en el Ecocentro Expositor y sancionar la promoción extemporánea.
Querétaro, Qro., a 05 de octubre de 2026.- La dirigencia estatal de Morena, por conducto de su Secretario General, Alejandro Pérez Ibarra, presentó una denuncia formal ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra del exsecretario de Desarrollo Social y aspirante del PAN, Luis Bernardo Nava Guerrero.
La acción legal acusa la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, vulneración al interés superior de la niñez y la falta al deber de cuidado por parte del Partido Acción Nacional.
El eje central de la impugnación radica en el mitin multitudinario celebrado el pasado 27 de septiembre en el Palenque del Ecocentro Expositor, presentado bajo el cobijo de la asociación civil UDECOM.
Durante la jornada, más de 4 mil 500 personas fueron movilizadas en más de 50 autobuses de turismo desde los 18 municipios del estado, donde se ofreció alimentos, bebidas y la presentación musical del cantante Luis Ángel «El Flaco».
Ante esta opacidad, Pérez Ibarra cuestionó abiertamente quién financió la renta del inmueble, el transporte, la logística y la nómina del artista, solicitando al IEEQ esclarecer si existen nexos económicos entre la A.C. organizadora y el Gobierno del Estado.
Asimismo, la representación de Morena requirió auditar la fecha exacta en que surtió efectos la renuncia de Nava Guerrero a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ), con el fin de determinar con precisión su responsabilidad en el manejo de fondos públicos.
De igual manera, la denuncia documenta el uso de la consigna «aquí está su gallo» durante el acto masivo como un equivalente funcional de posicionamiento electoral extemporáneo antes de los plazos fijados por la ley.
Finalmente, el recurso legal señala que en la difusión digital del evento se expone de forma identificable el rostro de al menos tres personas menores de edad sin la debida protección ni difuminación normativa.
Por ello, Morena solicitó al órgano electoral la aplicación de medidas cautelares inmediatas para ordenar el retiro de las publicaciones promocionales, proteger la identidad de la niñez y frenar la retórica de proselitismo fuera de los tiempos electorales.
Asestan golpe millonario al Cártel del Pacífico en Sinaloa: aseguran más de 1,300 kilos de metanfetamina
El decomiso representa un duro golpe a las finanzas del crimen organizado, con un valor estimado en el mercado ilegal superior a los 350 millones de pesos.
CIUDAD DE MÉXICO / CULIACÁN, SINALOA. — En un operativo conjunto derivado de labores de inteligencia, fuerzas federales y estatales incautaron un cargamento de más de 1.3 toneladas de metanfetamina en el municipio de Culiacán.
El decomiso representa un duro golpe a las finanzas del crimen organizado, con un valor estimado en el mercado ilegal superior a los 350 millones de pesos.
De acuerdo con el Comunicado de Prensa No. 40 emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la acción operativa se llevó a cabo el pasado 1 de octubre de 2026 en la localidad de Carboneras.
El operativo interinstitucional
El aseguramiento fue resultado de trabajos desarrollados por la Inteligencia Militar Central de la Defensa. En el despliegue de campo participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes actuaron en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
Durante la intervención en la zona, las autoridades aseguraron:
1,320 kilogramos de metanfetamina (droga sintética).
Un vehículo utilizado para las actividades logísticas del grupo delictivo.
Golpe a la facción «Los Mayos»
Las autoridades informaron que la sustancia asegurada pertenecía a la facción denominada «Los Mayos», perteneciente al Cártel del Pacífico.
Con este decomiso, las fuerzas de seguridad destacan una afectación económica de más de 350 millones de pesos a la estructura financiera del grupo criminal, logrando mermar sus capacidades operativas y de distribución, al tiempo que se evitó que miles de dosis llegaran a las calles.
Puesta a disposición
Todo lo incautado —tanto la droga como el vehículo— fue puesto a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa. La representación social de la Federación se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y realizar las actuaciones ministeriales y periciales de ley.
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