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Directora de FONATUR bajo la lupa por crear plazas a la medida de allegados

Entre los casos más llamativos destaca el de Carlos Carrillo Quintana, quien ostenta el cargo de «Director de Apoyo Operativo» con un sueldo mensual bruto de 156 mil pesos.

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Una serie de irregularidades administrativas y financieras en FONATUR Infraestructura han salido a la luz, revelando una presunta red de favoritismos, creación de puestos a modo, y sueldos desproporcionados que contrastan con los principios de austeridad promovidos por el Gobierno Federal. Al centro de estas denuncias se encuentra la actual Directora General, Lyndia Quiroz Zavala.

Entre los casos más llamativos destaca el de Carlos Carrillo Quintana, quien ostenta el cargo de «Director de Apoyo Operativo» con un sueldo mensual bruto de 156 mil pesos. A pesar de ser únicamente el particular de la Directora General, su salario es apenas inferior al del director general de la dependencia, Alan Aizpuru Akel, lo que ha generado indignación entre el personal.

A Carrillo se suman nombres como Enrique Rousse Coutiño, asistente con funciones mínimas que percibe 70 mil pesos mensuales; Otilia Maricela Luna, quien aparece como gerente en Huatulco pero realiza tareas de asistente en oficinas centrales; y Luis Arnaldo Castillo Flotte, presunto “aviador” que no se presenta a laborar ni tiene funciones claras. Se estima que el costo total de estos cuatro empleados asciende a más de 4.4 millones de pesos anuales, sin considerar prestaciones adicionales.

Las denuncias también apuntan a la designación de personal sin el perfil adecuado, como Misha Yoselin Rodríguez, a quien se le creó un puesto de subdirección pese a no cumplir los requisitos de experiencia ni formación. Casos similares se repiten con Ricardo Patiño, señalado por sus comentarios misóginos y conductas inapropiadas, y Claudia Sosa Pérez, quien fue liquidada y recontratada meses después, contraviniendo las normativas vigentes.

Otras prácticas cuestionables incluyen el uso de viáticos para enviar personal desde oficinas centrales a Acapulco —muchas veces sin justificación clara— en lugar de contratar trabajadores locales. Incluso se acusa a funcionarios de hospedarse en hoteles de lujo y presentarse a trabajar en estado inconveniente.

Además, se han registrado casos de despidos estratégicos para otorgar liquidaciones generosas a personas cercanas a la dirección, como ocurrió con José Manuel Leyva Elston, cuya salida abrió la puerta a la llegada de Martina Silvia Gutiérrez Reyes, excolaboradora del sector bienestar, con un salario de más de 93 mil pesos. A pesar de que los CIP (Centros Integralmente Planeados) han sido transferidos a gobiernos estatales, algunos responsables de estas unidades continúan percibiendo elevados salarios sin realizar funciones sustantivas.

Las acusaciones también alcanzan a la nueva Directora Jurídica, María Elena Páez, quien, lejos de atender los temas legales en oficinas centrales, ha sido observada frecuentando Acapulco junto a la titular del organismo, mientras los procesos legales se acumulan sin seguimiento y se pierden casos por falta de comparecencia.

Finalmente, se ha señalado que la Directora General posee varios hoteles en Mérida que no figuran en su declaración patrimonial, lo cual genera sospechas sobre un posible conflicto de interés en el uso de proveedores y recursos institucionales.

Las denuncias llaman la atención sobre un uso discrecional del poder dentro de FONATUR Infraestructura, la falta de control interno y la aparente impunidad con la que operan altos mandos del organismo. La ciudadanía exige que las autoridades competentes realicen una auditoría exhaustiva y esclarezcan las responsabilidades individuales para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

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Si no hay pruebas, acusación contra Rocha tiene fin político: Sheinbaum

En este sentido, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si existen “los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud (de extradición)” por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

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La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que Estados Unidos tendría un motivo político con la acusación que hizo contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por vínculos con el narcotráfico, si no se obtienen pruebas claras.

En este sentido, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe determinar si existen “los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud (de extradición)” por parte del Departamento de Justicia estadounidense.

Sheinbaum afirmó que, de ser así, su gobierno no va a “cubrir a nadie que haya cometido un delito”. Sin embargo, cuestionó una prueba que adjuntó Estados Unidos en la acusación, pues es “una hoja de papel” en el que se aprecian los alías de varias personas señaladas de recibir sobornos del grupo criminal Los Chapitos.

Por ello, pidió pruebas “contundentes” a la fiscalía de Estados Unidos, para que, de ser así, su gobierno pueda proceder contra Rocha y los otros nueve funcionarios. Añadió que no permitirá la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que les competen a su administración.

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Embajada de EE.UU. en México respalda acusación de Rubén Rocha Moya, por nexos criminales

En un comunicado, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

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La Embajada de Estados Unidos en México respaldó este miércoles la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios implicados en una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos.

En un comunicado, la representación diplomática subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”.

Además, destacó que combatir la corrupción y la delincuencia transnacional es una “prioridad compartida” entre México y Estados Unidos, por lo que ambos países mantienen el compromiso de fortalecer la transparencia, aplicar las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.

“La corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, sostuvo la Embajada.

Asimismo, reiteró que Washington continuará colaborando con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países, bajo una relación basada en la “confianza mutua y la responsabilidad compartida”.

La reacción de la Embajada ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cartel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.

También figuran otros funcionarios estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.

La acusación se produce en un contexto de prolongada crisis de violencia en Sinaloa, derivada de la pugna interna del Cartel de Sinaloa tras la detención en julio de 2024 de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, después de que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, lo entregara a autoridades estadounidenses.

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Detienen a 4 por asesinato de familia en Azcapotzalco, CDMX

Fueron detenidos cuatro personas, tres hombres y mujer, presuntamente relacionados con el homicidio de una familia en Azcapotzalco.

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El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó este miércoles que fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, presuntamente involucradas en el asesinato de una familia en la alcaldía Azcapotzalco.

Ayer martes se reportó el asesinato de cuatro personas al interior de una casa ubicada en la colonia Nueva Santa María. Fueron halladas muertas una mujer, un hombre y dos niñas, y presentaban heridas producidas por un arma punzocortante. 

De acuerdo con el secretario, el operativo se llevó a cabo en Atizapán, Estado de México (Edomex), en coordinación con autoridades de ese estado.

Se trata de María de Jesús «N», José María «N», Francisco Javier «N», y Emiliano «N», este último resultó herido luego de intercambiar disparos con el personal policial.

La detención se dio gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia, con el cual se ubicaron dos camionetas robadas del predio.

Los detenidos, las camionetas, así como armas de fuego y otros objetos asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado de México, para continuar con las investigaciones en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México.

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