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Directora de FONATUR bajo la lupa por crear plazas a la medida de allegados

Entre los casos más llamativos destaca el de Carlos Carrillo Quintana, quien ostenta el cargo de «Director de Apoyo Operativo» con un sueldo mensual bruto de 156 mil pesos.

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Una serie de irregularidades administrativas y financieras en FONATUR Infraestructura han salido a la luz, revelando una presunta red de favoritismos, creación de puestos a modo, y sueldos desproporcionados que contrastan con los principios de austeridad promovidos por el Gobierno Federal. Al centro de estas denuncias se encuentra la actual Directora General, Lyndia Quiroz Zavala.

Entre los casos más llamativos destaca el de Carlos Carrillo Quintana, quien ostenta el cargo de «Director de Apoyo Operativo» con un sueldo mensual bruto de 156 mil pesos. A pesar de ser únicamente el particular de la Directora General, su salario es apenas inferior al del director general de la dependencia, Alan Aizpuru Akel, lo que ha generado indignación entre el personal.

A Carrillo se suman nombres como Enrique Rousse Coutiño, asistente con funciones mínimas que percibe 70 mil pesos mensuales; Otilia Maricela Luna, quien aparece como gerente en Huatulco pero realiza tareas de asistente en oficinas centrales; y Luis Arnaldo Castillo Flotte, presunto “aviador” que no se presenta a laborar ni tiene funciones claras. Se estima que el costo total de estos cuatro empleados asciende a más de 4.4 millones de pesos anuales, sin considerar prestaciones adicionales.

Las denuncias también apuntan a la designación de personal sin el perfil adecuado, como Misha Yoselin Rodríguez, a quien se le creó un puesto de subdirección pese a no cumplir los requisitos de experiencia ni formación. Casos similares se repiten con Ricardo Patiño, señalado por sus comentarios misóginos y conductas inapropiadas, y Claudia Sosa Pérez, quien fue liquidada y recontratada meses después, contraviniendo las normativas vigentes.

Otras prácticas cuestionables incluyen el uso de viáticos para enviar personal desde oficinas centrales a Acapulco —muchas veces sin justificación clara— en lugar de contratar trabajadores locales. Incluso se acusa a funcionarios de hospedarse en hoteles de lujo y presentarse a trabajar en estado inconveniente.

Además, se han registrado casos de despidos estratégicos para otorgar liquidaciones generosas a personas cercanas a la dirección, como ocurrió con José Manuel Leyva Elston, cuya salida abrió la puerta a la llegada de Martina Silvia Gutiérrez Reyes, excolaboradora del sector bienestar, con un salario de más de 93 mil pesos. A pesar de que los CIP (Centros Integralmente Planeados) han sido transferidos a gobiernos estatales, algunos responsables de estas unidades continúan percibiendo elevados salarios sin realizar funciones sustantivas.

Las acusaciones también alcanzan a la nueva Directora Jurídica, María Elena Páez, quien, lejos de atender los temas legales en oficinas centrales, ha sido observada frecuentando Acapulco junto a la titular del organismo, mientras los procesos legales se acumulan sin seguimiento y se pierden casos por falta de comparecencia.

Finalmente, se ha señalado que la Directora General posee varios hoteles en Mérida que no figuran en su declaración patrimonial, lo cual genera sospechas sobre un posible conflicto de interés en el uso de proveedores y recursos institucionales.

Las denuncias llaman la atención sobre un uso discrecional del poder dentro de FONATUR Infraestructura, la falta de control interno y la aparente impunidad con la que operan altos mandos del organismo. La ciudadanía exige que las autoridades competentes realicen una auditoría exhaustiva y esclarezcan las responsabilidades individuales para garantizar el uso correcto de los recursos públicos.

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Puebla aprueba castigar con cárcel los insultos en redes sociales

Con esta reforma, Puebla se suma a los estados que han comenzado a legislar en materia de violencia digital.

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El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma al Código Penal local con el fin de tipificar como delito el ciberasedio, una práctica que consiste en agredir de forma insistente a una persona a través de medios digitales, como redes sociales, correo electrónico o cualquier otra plataforma en línea.

De acuerdo con el boletín legislativo número 454, fechado el 12 de junio de 2025, esta conducta será sancionada con penas que van desde 11 meses hasta tres años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 50 y 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que ocurra el delito.

La normativa define el ciberasedio como el uso reiterado de herramientas digitales para insultar, injuriar, ofender o vejar a una persona, provocándole daños en su integridad física o emocional. La pena se agravará si la víctima es menor de edad, aumentando desde una tercera parte de la pena mínima hasta dos terceras partes de la pena máxima.

Además del ciberasedio, el Congreso poblano también incorporó nuevas disposiciones para castigar la usurpación de identidad y el espionaje digital, en respuesta al creciente número de delitos cometidos mediante tecnologías de la información.

Con esta reforma, Puebla se suma a los estados que han comenzado a legislar en materia de violencia digital, reconociendo los riesgos que representa el entorno virtual para la seguridad y bienestar de las personas.

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Refuerzan presencia federal en Sinaloa con más de 1,600 elementos de seguridad

De acuerdo con García Harfuch, el despliegue responde a instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y contempla la movilización de mil 200 efectivos del Ejército Mexicano, así como 400 elementos más de la SSPC.

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El Gobierno de México envió un contingente adicional de fuerzas federales al estado de Sinaloa como parte de un operativo para fortalecer la seguridad en la región. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se trasladó a la entidad acompañado del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla.

De acuerdo con García Harfuch, el despliegue responde a instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum, y contempla la movilización de mil 200 efectivos del Ejército Mexicano, así como 400 elementos más de la SSPC.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, nos trasladamos a Sinaloa con el objetivo de reforzar la presencia federal”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales.

La presencia de ambos funcionarios en el estado busca coordinar directamente las labores de seguridad en una zona que ha registrado distintos episodios de violencia en los últimos meses. Aunque no se detallaron los municipios específicos donde se concentrará el operativo, se espera que las labores incluyan patrullajes, instalación de retenes y trabajo conjunto con autoridades estatales y municipales.

García Harfuch enfatizó que el compromiso del Gobierno de México con la seguridad de las y los sinaloenses es permanente, y aseguró que se actuará con firmeza ante cualquier intento de desestabilización.

El operativo forma parte de los esfuerzos del nuevo gobierno federal por atender los focos rojos en materia de seguridad en el país y reafirma su estrategia de presencia territorial con fuerzas armadas y civiles.

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Dalila avanza y provoca lluvias intensas en el Pacífico

El fenómeno, el segundo con nombre en la temporada 2025, presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 85 km/h, desplazándose hacia el nor-noroeste a 22 km/h.

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La tormenta tropical Dalila genera lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado en al menos cinco estados mexicanos, mientras avanza de forma paralela a las costas del Pacífico, advirtió este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el último reporte del organismo, a las 15:00 hora local (21:00 GMT), Dalila se ubicaba a 335 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, en el sureño estado mexicano de Guerrero, y a 350 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, en Michoacán (oeste).

El fenómeno, el segundo con nombre en la temporada 2025, presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h) y rachas de hasta 85 km/h, desplazándose hacia el nor-noroeste a 22 km/h.

Las autoridades mexicanas informaron que mantienen zonas de prevención y vigilancia por la tormenta tropical, desde Lázaro Cárdenas hasta Cabo Corrientes, Jalisco (oeste), mientras el mayor impacto está previsto en cinco estado mexicanos.

En este sentido, el SMN pronosticó lluvias intensas (75 a 150 mm) en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco y Colima.

Además, previó vientos de hasta 85 km/h en la costa de Guerrero y oleaje que alcanzará entre 4,5 y 5,5 metros en ese estado y en Oaxaca.

En Michoacán, el oleaje será de hasta 4,5 metros, y en Jalisco y Colima de hasta 3,5 metros.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Por ello, instaron a la población a extremar precauciones y mantenerse al tanto de los comunicados oficiales.

“Dalila se desplazará de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano (…) por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil», señalaron las autoridades.

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