La reciente entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión llegó con promesas de combatir un fenómeno que afecta a ciudadanos, empresas y al propio Estado.

Sin embargo, denuncias provenientes del sector de seguridad privada señalan que el propio aparato gubernamental podría estar incurriendo en prácticas que la normativa busca eliminar.

En el centro de la polémica se encuentra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando del titular Omar García Harfuch. Empresarios del ramo acusan que los trámites necesarios para operar se ven detenidos por meses a menos que se realicen pagos presuntamente indebidos, supuestamente solicitados por Martínez Garza para beneficio personal.

Según estimaciones internas del sector, los retrasos en estos procesos generan pérdidas que podrían ascender hasta 1,500 millones de pesos anuales, recursos que dejarían de ingresar al Estado por la paralización de las gestiones.

Además, las denuncias apuntan a que el funcionario estaría exigiendo la entrega física de los registros de armamento de empresas de seguridad y clubes de tiro, a pesar de que la legislación establece que estos datos deben entregarse de forma digital y bajo resguardo confidencial, siendo responsabilidad exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El historial de Martínez Garza también ha despertado inquietudes. Empresarios lo vinculan con Raymundo Collins, exfuncionario señalado por uso ilegal de atribuciones, enriquecimiento ilícito y relacionado con propiedades millonarias. Esta cercanía, según señalan, podría indicar posibles conflictos de interés o incluso el uso de nombres de terceros para fines personales.

Otro aspecto que genera preocupación es que Martínez Garza desempeña simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: dirige Seguridad Privada y encabeza la Dirección General de Inspección Policial, posición que le permite portar armas y contar con escoltas. Esta dualidad, inusual en el servicio público, ha levantado dudas sobre la legalidad y ética de su permanencia en ambos puestos.

Empresarios afectados exigen una investigación inmediata, la destitución del funcionario si se confirman las acusaciones y medidas que eviten pérdidas económicas significativas para el país.

Estas denuncias ocurren en un contexto donde el gobierno federal, y particularmente el secretario Omar García Harfuch, ha puesto énfasis en combatir la inseguridad y la extorsión organizada. El señalamiento de irregularidades internas pone en entredicho la coherencia de las políticas y la eficacia de la nueva legislación contra este delito

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ajustó a 0.2 por ciento la caída definitiva del Producto Interno Bruto (PIB) de México durante el tercer trimestre de 2025, una corrección respecto a la estimación preliminar de octubre, que apuntaba a un descenso de 0.3 por ciento.

En un comunicado, el organismo detalló que la contracción trimestral se derivó principalmente del retroceso en la industria, que cayó 2.7 por ciento, mientras que el sector agropecuario mostró un repunte de 2.9 por ciento y los servicios registraron un aumento de 1 por ciento, con base en cifras desestacionalizadas.

Por otra parte, el Inegi informó que el retroceso interanual en este periodo fue de 0.1 por ciento, menor al 0.2 por ciento previamente estimado, derivado de los avances en las actividades primarias (3.7 por ciento) y terciarias (1.1 por ciento), frente al descenso en las secundarias (-2.7 por ciento).

Con este ajuste, la economía mexicana acumula un crecimiento de apenas 0.1 por ciento en los primeros tres trimestres del año, por debajo del 0.2 por ciento proyectado en octubre. En este periodo, el sector agropecuario creció 3.1 por ciento y los servicios 1 por ciento, pero la industria registró un retroceso de 1.8 por ciento.

De esta manera, México rompe su racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento interanual, reflejando un entorno económico más débil de lo esperado y señalando la necesidad de impulsar la actividad productiva en el sector industrial para reactivar la economía.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una advertencia para sus ciudadanos que planean viajar al país durante la temporada invernal, con el fin de que extremen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones de seguridad en distintas regiones.

De acuerdo con la representación diplomática, la delincuencia —incluidos delitos de alto impacto— puede registrarse en cualquier parte del territorio nacional, incluso en zonas que tradicionalmente reciben a gran número de turistas y residentes extranjeros.

En el aviso, las autoridades estadounidenses pidieron a sus connacionales “viajar con inteligencia” y adoptar medidas de autoprotección, particularmente en destinos turísticos muy concurridos en invierno. Entre los sitios señalados se encuentran San Carlos, Puerto Peñasco, Los Cabos y Mazatlán, donde recomiendan evitar desplazamientos durante la noche.

La embajada también remarcó que grupos criminales, incluidos cárteles y organizaciones dedicadas al narcotráfico, continúan disputándose rutas y territorios, situación que incrementa el riesgo para viajeros. En ese sentido, solicitó a los ciudadanos estadounidenses no aceptar ni transportar paquetes al cruzar la frontera, pues podrían ser utilizados por redes delictivas.

Asimismo, exhortó a quienes viajan por carretera a revisar minuciosamente sus vehículos antes de arribar a los puntos fronterizos, a fin de garantizar que no portan objetos o bienes que contravengan la legislación mexicana.

Finalmente, el gobierno estadounidense recordó la importancia de conocer las leyes y costumbres del país que visitan, así como mantenerse atentos a las actualizaciones de seguridad que emita la embajada durante la temporada vacacional.