Lo que durante años representó estabilidad laboral terminó convirtiéndose, asegura Laura Guadalupe Jasso Ortega, en una experiencia marcada por el desgaste físico, exclusión y omisiones que hoy ponen en riesgo tanto su salud como la estabilidad emocional de su familia.

Laura ingresó a laborar el 12 de septiembre de 2018 a la empresa Advenio, desempeñándose como formadora, con un salario quincenal de 4 mil 750 pesos y 800 pesos mensuales en vales de despensa. Desde su ingreso cumplió con sus funciones sin conflicto alguno e incluso recibió reconocimientos como mejor empleada, adaptándose a horarios rolados que podían abarcar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.

Con la llegada de la pandemia en marzo de 2020, comenzó a desempeñar sus labores bajo la modalidad de home office. Tiempo después fue diagnosticada con esclerodermia sistémica, una enfermedad autoinmune crónico degenerativa que afecta músculos, órganos y movilidad, provocándole agotamiento extremo y severas complicaciones físicas.

A pesar del diagnóstico, continuó trabajando.

En enero de 2023 regresó parcialmente a labores presenciales y en línea en Advenio Insurgentes, con un horario reducido de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sin embargo, ese mismo mes tuvo que reincorporarse nuevamente al esquema de home office debido al deterioro de su estado de salud.

Posteriormente, en marzo de 2025, volvió de manera presencial a Advenio Tecnoparqué, conservando el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde hasta el 15 de abril del presente año. Durante ese periodo, la empresa tenía conocimiento de sus limitaciones médicas e incluso existían recomendaciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 18 de marzo de 2026 respecto a las actividades que no debía realizar.

Derivado de ello, Laura fue retirada temporalmente de las actividades frente a grupo y asignada a otras funciones, entre ellas recepción, ingreso de menores a sus salas, decoración, apoyo operativo y cobertura de alimentos de otras formadoras.

No obstante, la situación cambió abruptamente el 16 de abril. Según relata, por decisión de personal del área de Recursos Humanos, más específicamente por Marcela Reza, fue trasladada a Advenio Parques Polanco.

Comenzó labores únicamente los días 16 y 17 de abril en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sin embargo, el 20 de abril, asegura, fue obligada a presentarse en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, además de advertirle que posteriormente se le impondrían horarios rolados. También se le habría indicado que los días destinados a quimioterapias y consultas médicas serían considerados como vacaciones o tendrían que reponerse con horas extra.

De acuerdo con su testimonio, pese a que la empresa conocía su condición médica, se le reincorporó nuevamente frente a grupo como formadora de apoyo, ignorando presuntamente las limitaciones establecidas por especialistas y por el propio IMSS.

“Solo duré un día frente a grupo. Mi cuerpo no resistió el cambio y tuve una crisis”, relató.

Tras esa jornada, Laura recibió cuatro días de incapacidad médica y tuvo que solicitar un día adicional a cuenta de vacaciones debido al colapso físico provocado por las nuevas exigencias laborales.

La situación, asegura, no terminó ahí.

Su nieta se encuentra becada dentro de la institución y actualmente tiene como maestra a Esmeralda A, quien —de acuerdo con el testimonio de Laura— habría mostrado actitudes de exclusión hacia la menor desde la reincorporación laboral de su abuela.

Según la denuncia familiar, la niña ha sido ignorada y excluida en distintas ocasiones, al grado de sufrir un golpe en la espalda que presuntamente no fue atendido de manera inmediata por la docente.

Para Laura, lo más doloroso ha sido observar cómo el conflicto laboral ha comenzado a impactar también a su familia.

La trabajadora sostiene que la empresa inicialmente reconoció su enfermedad, realizó adecuaciones laborales y aceptó sus limitaciones médicas; sin embargo, ahora —afirma— actúan como si su condición no existiera.

Asimismo, denunció que los días destinados a quimioterapias y consultas médicas serían considerados como vacaciones, situación que —según refiere— su abogada le indicó que podría constituir violaciones a derechos laborales, humanos y a la protección de la salud y seguridad.

Laura asegura que hoy también libra otra batalla: la de defender su dignidad frente a un sistema laboral que, afirma, terminó por abandonarla. Cabe señalar que hasta el cierre de esta edición, no se localizaron a los directivos del grupo para saber su posición.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez, informó sobre la atención a un reporte de detonaciones de arma de fuego registrado en una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, este sábado 9 de mayo, el C-4 recibió a las 10:12 horas el aviso sobre posibles detonaciones contra el inmueble, hecho que fue confirmado por las autoridades y atendido de manera inmediata por corporaciones de seguridad

El titular de la dependencia precisó que, tras la verificación de los hechos, la vivienda señalada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años por el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Asimismo, se informó que durante el incidente no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades detallaron que personal de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y dar seguimiento a las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables.

Voluntarios y defensores de los derechos animales han lanzado una alerta urgente ante lo que califican como un acto de crueldad y arbitrariedad en el Hospital General de La Villa, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Según una denuncia formal dirigida a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno, las autoridades del nosocomio ordenaron el retiro forzado de más de 50 gatos negros que habitaban en las instalaciones.

Retiro arbitrario bajo la sombra del maltrato

El documento detalla que, desde el pasado 6 de mayo de 2026, la directiva del hospital —encabezada por el Dr. Guillermo Redondo Aquino y la administradora Sandra Rojas— tomó la determinación de sacar a los felinos de su hábitat sin garantizar su bienestar ni seguir los protocolos de protección animal vigentes en la CDMX.

Los denunciantes señalan que este acto ignora los esfuerzos de un año de trabajo de voluntarios, quienes mediante donaciones ciudadanas implementaron el programa TNR (Atrapar-Esterilizar-Retornar) para controlar la población de forma ética y científica.

Graves acusaciones contra la administración

La denuncia no solo apunta al desalojo actual, sino que revive señalamientos de presuntos actos de crueldad previos:

• Envenenamiento: Se acusa a los directivos de haber instruido anteriormente el envenenamiento de animales, un hecho constitutivo de delito.
• Insalubridad hospitalaria: Los quejosos contrastan el celo por retirar a los gatos con las condiciones del hospital, reportando goteras, suciedad y una saturación de pacientes crítica.
• Riesgo de «Nido Vacío»: Especialistas advierten que retirar a la colonia establecida provocará que nuevos ejemplares, posiblemente sin control sanitario, ocupen el espacio, agravando el problema que intentan «resolver».

Clima de miedo entre el personal

La tensión ha escalado al interior del hospital. Se reporta que varios empleados ya han presentado denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Sin embargo, el temor a represalias y al acoso laboral ha silenciado a muchos, mientras la relación entre el personal y la dirección se fractura.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Director Guillermo Redondo Aquino ni la administradora Sandra Rojas han emitido una postura oficial ante estos señalamientos, a pesar de las solicitudes de información por parte de los afectados.

Organizaciones civiles hacen un llamado enérgico a la Dra. Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada para que intervengan y eviten lo que consideran un destino fatal para estos animales en una ciudad que se denomina «animalista».