Los movimientos de dos aeronaves privadas volvieron a poner bajo la lupa la relación política entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Jorge Emilio González Martínez, figura central del Partido Verde, justo cuando comienza a calentarse la carrera por la sucesión estatal de 2027.

Una investigación difundida este lunes documentó al menos 97 vuelos privados realizados por Lezama desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez y durante su actual administración. Entre las aeronaves identificadas aparecen un Learjet 31A, con matrícula XA-UMV, operado por Servicios Aéreos Dandy, y un Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, operado por Redwings.

Parte de los desplazamientos fue reconstruida mediante registros aeroportuarios y datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El detalle que ha llamado especialmente la atención es que ambos aviones también aparecen relacionados con actividades de Jorge Emilio González.

El caso del XA-UMV no es nuevo. En octubre de 2022, el llamado “Niño Verde” abordó esa aeronave para viajar de Cancún a San Antonio, Texas, donde fue sometido a una revisión e interrogatorio por autoridades estadounidenses. En esa ciudad, además, su familia mantiene vínculos patrimoniales y su padre, Jorge González Torres, tiene domicilio.

El segundo avión, el Gulfstream G280 XA-BAT, resulta todavía más llamativo. Se trata de una aeronave relativamente nueva, serie 2301, anteriormente registrada en Estados Unidos como N203GA y vinculada al empresario y político verde. Su operador solicitó a FlightAware que sus movimientos no fueran visibles públicamente, una medida que, aunque limita el seguimiento, no impidió que quedaran rastros suficientes para reconstruir parte de sus recorridos.

Tan sólo entre febrero y marzo de este año se identificaron al menos 21 vuelos. En febrero, la aeronave cubrió rutas como Cancún-Brownsville-San Antonio, San Antonio-Toluca, Toluca-Cancún y diversos trayectos entre Cancún, Cozumel, Toluca y Laredo.

Durante marzo, el avión cambió de rumbo y realizó varios desplazamientos hacia Baja California Sur. Entre ellos aparecen rutas de Toluca a Los Cabos, regresos a Cancún y vuelos entre Los Cabos y La Paz, además de conexiones de vuelta con Toluca. La información disponible es parcial debido al bloqueo solicitado para impedir el seguimiento público de la aeronave.

Las rutas también despiertan interés por los vínculos políticos y económicos de Jorge Emilio González. San Antonio mantiene una relación con su entorno familiar, mientras que Los Cabos y La Paz forman parte de una zona donde el político y empresario tiene propiedades e intereses vinculados con un proyecto en Sierra La Laguna.

Y aquí aparece otro punto que no pasa desapercibido: el costo. Un Gulfstream G280 usado puede rondar los 18 millones de dólares, mientras que su operación puede acercarse a los 8 mil dólares por hora. El Learjet 31A es considerablemente más antiguo, pero operar una aeronave de ese tipo también puede superar los 4 mil dólares por hora. Son cifras que difícilmente pasan inadvertidas en un gobierno que, al menos en el discurso, ha colocado la austeridad como uno de sus principales banderines.

Por ello, una de las preguntas centrales recae sobre Mara Lezama: quién pagó esos vuelos y bajo qué esquema. Si los traslados no fueron cubiertos con recursos públicos, también sería relevante conocer qué persona o empresa asumió los gastos, qué relación mantiene con la gobernadora y cuál fue el motivo de cada viaje. De igual manera, queda pendiente separar los desplazamientos oficiales de aquellos de carácter personal.

El tema llega, además, en un momento especialmente sensible para Jorge Emilio González. Su grupo político enfrenta presión luego de que Raúl Piña Horta, identificado como amigo personal y uno de sus principales operadores, fuera señalado e investigado por una presunta red de extorsión en el Estado de México. Ahora, el episodio de los aviones abre un nuevo frente precisamente en Quintana Roo, uno de los estados donde el Partido Verde ha construido una importante estructura de poder.

En medio de ese entramado aparece Eugenio “Gino” Segura, senador de Morena y exsecretario de Finanzas durante la administración de Lezama. El legislador se perfila como uno de los aspirantes a suceder a la gobernadora y, al mismo tiempo, cuenta con el respaldo político del grupo de Jorge Emilio. El vínculo entre ambos no es solamente político: los dos estuvieron presentes como testigos en la boda de Segura.

Así, mientras Morena y el Verde mantienen formalmente sus propias identidades partidistas, en la carrera por 2027 las líneas parecen hacerse cada vez más delgadas. Mara Lezama busca mantener capacidad de decisión sobre la sucesión, Jorge Emilio González pretende conservar la influencia que ha acumulado durante años y Gino Segura aparece como un punto de encuentro entre ambos grupos.

También ponen bajo la lupa programas sociales

A este escenario se suman señalamientos internos sobre el presunto uso político de programas de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo con miras a las elecciones de 2027.

Las versiones apuntan principalmente a los programas Mujer es Poder y Comemos Tod@s, donde se cuestionan nuevas incorporaciones a padrones, entrega de tarjetas y movilización territorial de servidores públicos. Los señalamientos, de acuerdo con la información difundida, provienen de distintas áreas de la estructura gubernamental.

Los cuestionamientos alcanzan a municipios como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios y operadores como Guillermo Daniel Domínguez Alfaro, Silverio Cupul, Jhony Joel Díaz Canul, Ileana Pool, Gabriela Briceño, María Paula Medina y Jaime Torres.

En el centro de estas acusaciones se encuentra Alberto Ignacio Perera Medina, quien asumió la conducción de Bienestar tras la salida de Pablo Bustamante y a quien las versiones atribuyen un papel relevante en la distribución de apoyos hacia determinadas estructuras políticas.

Actualmente, Mujer es Poder atiende a unas 50 mil mujeres y el gobierno estatal ha planteado elevar esa cifra a 60 mil durante 2026. Ante las sospechas, uno de los puntos que permitiría comprobar o descartar un posible uso electoral sería conocer cómo se distribuyen las altas, en qué municipios y secciones se concentran y bajo qué criterios se autorizan los apoyos.

Lo mismo tendría que transparentarse en Comemos Tod@s, especialmente en un momento en el que la sucesión de Quintana Roo comienza a ocupar buena parte de la agenda política.

Gino Segura busca consolidarse como una de las cartas de Morena para 2027, mientras que el Verde intenta preservar el peso que ha ganado en el estado. De ahí que la discusión no sólo gire en torno a los vuelos privados, sino también al uso de recursos y programas públicos.

Por ahora, las preguntas están sobre la mesa y las explicaciones corresponden a las autoridades involucradas. Transparentar los vuelos, sus pagadores, sus motivos y los criterios de operación de los programas sociales permitiría despejar dudas. De lo contrario, en Quintana Roo la sombra de la sucesión de 2027 seguirá extendiéndose sobre cada movimiento político.

El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, luego de conceder licencia al gobernador Rubén Rocha Moya.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, en la que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, al considerar que cuenta con la preparación y experiencia necesarias para asumir el cargo.

La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor y seis en contra.

Durante la discusión, la bancada del PRI manifestó su rechazo a la designación, al señalar que existe una crisis jurídica en Sinaloa. Además, adelantó que se sumará a una iniciativa ciudadana para solicitar un juicio político contra Rocha Moya.

El Grupo Parlamentario del PAN también votó en contra. Sus integrantes acusaron la existencia de un sistema de gobierno fallido encabezado por Morena y señalaron que uno de los principales retos de la administración interina será superar la incertidumbre y gobernar para todos los sinaloenses.

Por su parte, Movimiento Ciudadano sostuvo que el nombramiento de una gobernadora interina no resuelve por sí mismo la situación que enfrenta la entidad. La bancada pidió que los señalamientos contra Rocha Moya sean investigados hasta sus últimas consecuencias y que, en caso de existir responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En contraste, la diputada Aidee Corrales, del Partido Verde Ecologista de México, respaldó la propuesta al destacar la trayectoria política de Domínguez Nava y su capacidad para generar acuerdos.

La bancada de Morena también expresó su apoyo y afirmó que la nueva gobernadora interina cuenta con la experiencia, trayectoria y capacidades necesarias para asumir la responsabilidad, al considerar que su llegada al cargo representa una decisión en favor de Sinaloa.

“Nuestra prioridad será la paz”: Graciela Domínguez

Después de rendir protesta como gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava afirmó que la prioridad de su administración será recuperar la paz en Sinaloa.

La nueva mandataria señaló que buscará trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el estado requiere el respaldo de las instituciones federales para hacer frente a sus desafíos.

“Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas, en los caminos y en los hogares”, afirmó.

Domínguez Nava sostuvo que la paz también debe estar acompañada de justicia, derechos, oportunidades e instituciones cercanas, con la finalidad de que las familias puedan recuperar su vida cotidiana y desarrollar sus actividades sin temor.

“La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia. La paz también significa vivir con derechos, con oportunidades, con instituciones cercanas y con la certeza de que todas y todos somos iguales ante la ley”, expresó.

Asimismo, adelantó que su administración mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno federal y enfatizó que Sinaloa necesita “toda la fuerza del Estado mexicano”.

La gobernadora interina también se comprometió a conducir su gestión con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia.

“Gobernaré para todas y todos sin distingos, sin exclusiones y sin convertir al gobierno en patrimonio de ninguna persona ni de ningún grupo. Tenemos frente a nosotros meses decisivos; los enfrentaremos con responsabilidad institucional, con estabilidad y con absoluta convicción democrática”, afirmó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente este lunes la discusión de la acción de inconstitucionalidad 69/2026, relacionada con diversas restricciones a las candidaturas independientes en Michoacán y cuyos posibles efectos alcanzan al escenario electoral de 2027.

El asunto, promovido por Movimiento Ciudadano contra disposiciones del Código Electoral de Michoacán, estaba contemplado en la sesión pública de este 24 de agosto; sin embargo, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García solicitó dejarlo en lista, por lo que no fue votado.

El proyecto plantea invalidar algunas de las reglas aprobadas recientemente, entre ellas una disposición que limita que distintas candidaturas independientes puedan proyectar ante el electorado una identidad común, como un mismo bloque, agrupación, frente o plataforma política.

La resolución tiene especial interés para Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, quien ha manifestado su intención de competir por la gubernatura en 2027 mediante una vía independiente y ha señalado que las nuevas reglas afectan al Movimiento del Sombrero. La alcaldesa acudió este lunes a la sede de la Corte para expresar su postura y dar seguimiento al proceso.

Quiroz sostuvo que la reforma no solo tendría impacto en su eventual candidatura, sino también en otros ciudadanos que busquen competir sin el respaldo de un partido político. En declaraciones posteriores, indicó que permanecerá atenta a los siguientes movimientos del máximo tribunal, pues el tema podría retomarse en los próximos días.

Mientras tanto, la reforma electoral continúa vigente, ya que la Suprema Corte todavía no emite una resolución definitiva sobre las disposiciones impugnadas. De acuerdo con reportes difundidos este lunes, el asunto podría volver a la discusión durante esta semana.

Durante su estancia en Ciudad de México, Quiroz también informó que sostendría una reunión con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, por temas relacionados con la situación de Uruapan.