El costo de mantener en operación el Tren Maya continúa bajo la lupa. De acuerdo con información difundida por Reforma, la empresa responsable del proyecto destinará alrededor de mil 110 millones de pesos para el mantenimiento de cuatro de sus siete tramos durante un año, una cifra que rebasa por más del doble los 541.7 millones de pesos obtenidos por ingresos propios durante 2025.

A este monto se suma un contrato adicional por 273 millones de pesos para el mantenimiento de la catenaria o sistema de alimentación eléctrica de los tramos 3B al 5, correspondiente al periodo 2026-2027. Con ello, el gasto destinado a conservar la infraestructura ferroviaria supera ampliamente los recursos que actualmente genera el proyecto mediante la venta de boletos y otros servicios.

Aunque la proyección oficial plantea que en 2026 el Tren Maya alcance ingresos por mil 271 millones de pesos, los resultados financieros del primer trimestre indican que el cierre del año podría rondar los 539 millones de pesos, una cifra inferior a la meta establecida.

Ante este escenario, la operación del sistema ferroviario continúa respaldándose con recursos públicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación y de un fideicomiso administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mecanismos que han permitido mantener en funcionamiento el proyecto.

Al panorama financiero se añaden denuncias sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos de mantenimiento. Según información proporcionada por diversas fuentes, algunas licitaciones habrían sido adjudicadas a empresas que presentaron propuestas económicas considerablemente más altas que otros participantes y que, presuntamente, no contarían con la experiencia técnica especializada requerida para trabajos ferroviarios.

Hasta el momento, estos señalamientos no han sido confirmados por las autoridades y deberán ser investigados por las instancias competentes. No obstante, especialistas coinciden en que el mantenimiento preventivo y correctivo de una red ferroviaria resulta clave para garantizar la seguridad de los pasajeros, además de asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.

En caso de comprobarse las presuntas irregularidades, el caso podría abrir un debate sobre los criterios técnicos y económicos utilizados para adjudicar contratos en una de las principales obras de infraestructura del país, donde la experiencia, la capacidad operativa y el cumplimiento de estándares internacionales son factores determinantes.

Como parte del seguimiento al tema, se prevé solicitar la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las áreas responsables de las licitaciones del Tren Maya, así como de las empresas señaladas, con el fin de conocer su versión sobre los contratos, los presuntos sobrecostos y los cuestionamientos relacionados con la experiencia especializada en mantenimiento ferroviario.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la construcción del Distribuidor Vial Kukulcán, en Cancún, Quintana Roo, registra un 33 % de avance y beneficiará a 1.32 millones de habitantes, además de mejorar la movilidad para los cerca de 10 millones de turistas que visitan anualmente el destino.

La obra contempla una inversión de 484 millones de pesos, una longitud de 1.92 kilómetros y la generación de 2 mil 890 empleos. Su objetivo es conectar de manera directa la zona urbana con el Puente Vehicular Nichupté, la Zona Hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que permitirá agilizar el tránsito y reducir los tiempos de traslado.

Actualmente se realizan trabajos de construcción de columnas, cimentación asfáltica, compactación del terreno, desarrollo de pilas y zapatas, colocación de acero de refuerzo, así como obras subterráneas para redes de agua potable y drenaje.

La SICT señaló que la obra inició en abril de 2026 y está programada para concluir a finales de octubre de 2026. Destacó que, junto con el Puente Nichupté recientemente inaugurado, el distribuidor vial fortalecerá la infraestructura carretera de Quintana Roo, impulsando el desarrollo económico y turístico de la entidad.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que el Gobierno de México alcanzó un acuerdo con comercializadores, harineros e industria alimentaria para la comercialización del maíz blanco del ciclo Primavera-Verano 2026 en Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala.

El convenio, impulsado a través del nuevo Sistema de Ordenamiento para la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, busca fortalecer la comercialización del grano, brindar certidumbre a los productores y contribuir a la soberanía alimentaria del país.

Durante una reunión encabezada por la secretaria Columba Jazmín López Gutiérrez con representantes de la industria harinera y alimentaria, las empresas participantes acordaron adquirir 1.2 millones de toneladas de maíz blanco con una base de comercialización de 100 dólares por tonelada.

Con este acuerdo, AGRICULTURA podrá publicar oficialmente la base de comercialización cinco meses antes del inicio de la cosecha, lo que permitirá a las y los productores conocer con anticipación las condiciones de venta de su producción y dará mayor certidumbre al abasto para la industria.

Como parte de una segunda etapa, el Gobierno de México implementará un esquema de respaldo para los principales estados productores, que incluirá un seguro agrícola y un seguro al ingreso para las y los productores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. Los lineamientos serán publicados mediante avisos oficiales en los próximos días.

La dependencia señaló que estas acciones responden a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar un modelo de comercialización que garantice precios justos para los productores, fortalezca el bienestar de las familias rurales y consolide al maíz como un pilar de la soberanía alimentaria de México.