La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) acordaron el retiro definitivo de los bloqueos carreteros y la suspensión de las manifestaciones del transporte de carga tras establecer una mesa de diálogo institucional.

Luego de una reunión de trabajo para escuchar las demandas de los transportistas, la dependencia federal y los representantes del sector pactaron iniciar mesas de trabajo formales. Estas reuniones serán coordinadas por la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno con el objetivo de dar seguimiento a sus peticiones.

Los principales temas que se abordarán en la agenda de negociaciones incluyen:

• Seguridad carretera y estado de la infraestructura.
• Asuntos fiscales y de seguridad social.
• Condiciones laborales de los conductores del sector.

En el encuentro también participó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) como acompañante del proceso. Con este acuerdo, las autoridades y las organizaciones transportistas buscan construir soluciones conjuntas mediante la coordinación institucional, garantizando el libre tránsito y evitando mayores afectaciones a la ciudadanía.

El Gabinete de Seguridad negó la existencia de un informe o reporte de inteligencia federal que acredite la supuesta reunión de Ariadna Montiel Reyes con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, luego de que se reportó que el encuentro habría tenido como objetivo beneficiar a candidatos de Morena en las elecciones de 2024.

Tras la publicación de la columna de Héctor de Mauleón para El Universal, en el que el periodista citó un informe de seguridad para reportar el presunto encuentro, las autoridades aseguraron que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte, ni elementos que acrediten los supuestos acuerdos con el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Y es que, de acuerdo con el periodista, la dirigente nacional de Morena supuestamente habría negociado con el grupo de “El Guano” en Chihuahua para que intervinieran en las elecciones y apoyaran a sus candidatos, esto a cambio de presuntamente permitirles el control del territorio desde La Tuna, en Sinaloa, hasta Moris, en Chihuahua.

“No existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad de algún reporte de inteligencia federal como el mencionado por el periodista Héctor de Mauleón, ni elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada a los que hace referencia en su publicación”, aseguraron las instituciones de seguridad.

A través de una carta aclaratoria, el Gabinete de Seguridad señaló como “falso” que alguna de las instituciones que lo integran hayan confirmado los datos la supuesta reunión e indicaron que las afirmaciones tampoco permiten acreditar los hechos de los que se acusa a Ariadna Montiel.

Una reciente investigación periodística encabezada por la periodista Yohali Reséndiz pone bajo la lupa a Picacho 259, una residencia ubicada en la Ciudad de México que se perfila como el epicentro de operaciones políticas, redes de influencia y presuntos acuerdos comerciales vinculados a órganos electorales del país.

Fuente de investigación: Yohali Reséndiz (Columna publicada en Opinión 51).

El punto de partida: Un encuentro clandestino y el escándalo del INE

La investigación detonó tras la difusión de un video —dado a conocer el pasado 20 de octubre de 2026— donde se observa a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), celebrando las fiestas patrias en compañía del empresario José Alfredo Hernández Casillas.

A raíz de estas imágenes, un testigo clave contactó a la periodista bajo estrictas medidas de seguridad (pasamontañas, lentes oscuros y reuniones clandestinas en vehículos) para revelar lo que ocurría tras las puertas de la propiedad en Picacho 259, descrita por el informante como el sitio donde se llevaron a cabo reuniones para negociar respaldos a aspirantes a consejerías electorales estatales.

El rol de José Alfredo Hernández Casillas y la red de contratos

De acuerdo con los datos aportados en la investigación y contrastados con documentos por la reportera, el engranaje operaba principalmente a través de José Alfredo Hernández Casillas. El testigo sostiene que este personaje promovía perfiles afines para ocupar consejerías estatales con el respaldo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Una vez que los operadores políticos y afines asumían dichos cargos, personas de su círculo cercano o familiar presuntamente gestionaban contratos con proveedores. El esquema apuntaba a que el empresario decidía qué compañías cobraban y quiénes producían los materiales, centralizando facturas y la supuesta entrega de dinero en efectivo en el domicilio de Picacho 259. En la ruta financiera señalada por la fuente figuran empresas como Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litho Formas (con la cual se atribuye un vínculo comercial de maquila a Hernández Casillas).

Próximas entregas y exigencia de transparencia

Yohali Reséndiz adelantó que en sus próximas publicaciones profundizará en los importes, fechas y contratos específicos adjudicados a nivel local y federal, así como un cruce detallado sobre las designaciones de consejerías y los montos involucrados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

La investigación concluye emplazando a la titular del organismo electoral a responder públicamente sobre los señalamientos de presunta intervención en nombramientos y a clarificar los mecanismos de control que garantizaron la imparcialidad en estas adjudicaciones.