La Secretaría de Agricultura advirtió sobre documentos apócrifos y publicaciones falsas relacionadas con Producción para el Bienestar; pidió no entregar dinero ni datos personales a intermediarios.

La circulación de documentos y anuncios falsos relacionados con apoyos al campo encendió una alerta entre productores, luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural identificara posibles intentos de fraude vinculados con el programa Producción para el Bienestar.

La dependencia federal informó que se han detectado publicaciones y documentos sin validez oficial que ofrecen supuestos apoyos económicos, insumos agrícolas y nuevos registros, con el propósito de confundir a los beneficiarios y obtener información personal.

Ante esta situación, la Secretaría recordó que todos los trámites y programas son gratuitos y se entregan directamente, por lo que ninguna persona está autorizada a cobrar por gestionar apoyos o solicitar documentos en nombre de la institución.

Detectan documentos falsos en Morelos

Uno de los casos identificados ocurrió en Morelos, donde circuló un supuesto oficio dirigido a autoridades municipales, identificado con el número 0007/2026.

El documento hacía referencia a una presunta apertura del Plan Nacional de Producción para el Bienestar y Desarrollo de Pequeños y Medianos Productores 2025-2028.

Según la dependencia, el oficio solicitaba padrones y datos personales de ejidatarios y comisariados a través de correos electrónicos no oficiales, con dominio Gmail, y números telefónicos particulares.

El documento también mencionaba supuestos apoyos de mil 600 pesos por hectárea, así como mil pesos para productores de mediana escala, además de dos costales de fertilizante y otros insumos.

La Secretaría aclaró que ese oficio carece de validez oficial y advirtió que este tipo de solicitudes puede utilizarse para obtener información sensible de los productores.

Falsos registros en Chiapas y Nuevo León

La dependencia también reportó la difusión de imágenes falsas en plataformas digitales en Chiapas y Nuevo León, donde se anunciaban supuestos nuevos registros para el programa Producción para el Bienestar.

Las publicaciones incluían una fecha límite del 30 de octubre y una lista de requisitos para realizar el trámite, lo que podría llevar a los agricultores a entregar documentos o datos personales a personas ajenas al programa.

Agricultura señaló que estos anuncios tampoco tienen validez oficial y los identificó como posibles mecanismos de extorsión y obtención indebida de información.

¿Cómo evitar caer en el fraude?

La Secretaría recomendó a los productores verificar cualquier convocatoria antes de entregar documentos o proporcionar información personal. También recordó que no deben realizar pagos a supuestos gestores ni a personas que prometan facilitar el acceso a los programas.

Para resolver dudas sobre reglas de operación, padrones y fechas oficiales, los interesados pueden acudir a la Oficina de Representación de la Entidad Federativa (OREF), al Distrito de Desarrollo Rural (DDR) o al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (CADER) más cercano.

La dependencia subrayó que los trámites son gratuitos y directos, por lo que ningún servidor público, intermediario o particular está autorizado para exigir dinero a cambio de gestionar un apoyo.

Canales oficiales para verificar información

Los productores que tengan dudas o quieran reportar posibles intentos de fraude pueden consultar los siguientes canales:

• Portal oficial: www.gob.mx/agricultura 
• Teléfono: 079, Centro de Contacto del Gobierno de México.
• Facebook: AgriculturaMex.
• X: @Agricultura_mex.
• Instagram: @agricultura_gob.

La advertencia fue emitida por la Secretaría de Agricultura el 22 de octubre de 2026, ante la detección de información falsa relacionada con los programas destinados a productores de pequeña y mediana escala.

Culiacán, Sinaloa. — En una operación conjunta realizada en el estado de Sinaloa, fuerzas federales y estatales capturaron a Orlando “N”, alias “El Coco Ranas”, identificado como líder de la célula delictiva “Los Ranas”, afín a la facción de “Los Chapitos” del Cártel del Pacífico.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la detención se llevó a cabo el pasado 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, ubicada en el municipio de Culiacán.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia militar central y un operativo coordinado entre la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Las autoridades señalaron a Orlando “N” como un importante generador de violencia en la zona norte de la capital sinaloense. Asimismo, se le vincula directamente con la emboscada perpetrada contra personal militar el 30 de septiembre de 2016, un ataque armado que dejó como saldo la muerte de cinco elementos del Ejército y diez más heridos.

Durante las acciones tácticas también se logró la detención de tres personas más, a quienes se les aseguró diverso armamento, cartuchos, cargadores de distintos calibres y equipo táctico.

Tanto los detenidos como el material bélico asegurado fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde se iniciaron las diligencias periciales e investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.

La presidenta Claudia Sheinbaum justificó este jueves los ajustes a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al señalar que se detectaron presuntas irregularidades en el sistema de pensiones que permitían inflar los montos de jubilación por encima de lo que correspondía a los trabajadores.

La mandataria explicó que, como parte de una revisión a fondo del sistema de pensiones, un equipo de su administración identificó esquemas fraudulentos relacionados principalmente con la Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, estas prácticas tenían como objetivo incrementar artificialmente las pensiones, mediante mecanismos que permitían a ciertos beneficiarios obtener montos superiores a los que legalmente les correspondían.

La presidenta sostuvo que el impacto económico de estas irregularidades representa un daño patrimonial de cientos de miles de millones de pesos, aunque no precisó una cifra exacta ni detalló el periodo en el que se habrían cometido estas prácticas.