La regidora municipal y jefa de enfermería del Hospital Comunitario fue ejecutada la madrugada del 9 de mayo por un comando encapuchado. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ordenó despliegues especiales e inteligencia tras el crimen, y advirtió en redes: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Tres sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la sala de enfermería del Hospital Comunitario de Teocaltiche durante la madrugada del 9 de mayo de 2025. Los agresores amagaron al personal médico y dispararon directamente contra Cecilia Ruvalcaba Mercado, quien laboraba en ese turno como jefa de enfermeras.

Ruvalcaba, de 45 años y regidora municipal por Movimiento Ciudadano, recibió al menos dos disparos mortales y falleció en el lugar. Los atacantes huyeron antes de la llegada de la policía; en la escena se hallaron varios casquillos percutidos.

Cecilia Ruvalcaba era enfermera de profesión y figura pública reconocida en el municipio. Era licenciada en Enfermería y Obstetricia, además de excandidata a la presidencia municipal de Teocaltiche por MC en las elecciones recientes. En los comicios de 2024, se registró como candidata a alcaldesa, pero fue derrotada por la priísta Silvia Margarita Villalobos.

Según reportes periodísticos, Ruvalcaba había denunciado públicamente supuestas irregularidades en la administración local y en obras sociales del municipio. Su asesinato ha elevado la presión sobre las autoridades ante un panorama de corrupción e impunidad local.

El homicidio ocurrió en un contexto de violencia extrema en Teocaltiche y Jalisco. Con la muerte de Ruvalcaba, asciende a nueve el número de funcionarios municipales ejecutados en ese municipio solo en lo que va de 2025. Tres semanas antes, el secretario general del ayuntamiento, José Luis Pereida, fue asesinado a balazos en un restaurante local; otros policías y mandos han sido atacados o desaparecidos en meses recientes.

La Fiscalía de Jalisco y analistas apuntan a una pugna entre cárteles en la región: el CJNG y células del Cártel de Sinaloa se disputan rutas y plazas clave en Los Altos de Jalisco. Teocaltiche ha sido descrito como “un pueblo marcado en sangre por la violencia”, territorio controlado por el CJNG, «una de las organizaciones criminales más sádicas de México» que mantiene al municipio en un estado permanente de sitio y terror.

La noticia conmocionó al ámbito político y social. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el crimen, calificando a Ruvalcaba como “una mujer ejemplar que dedicaba su vida a cuidar a los demás”. Lemus prometió que “trabajamos todos los órdenes de gobierno” para pacificar Teocaltiche, aunque reconoció que la violencia sigue “pendiente” de solución.

Desde las filas de Movimiento Ciudadano, líderes estatales expresaron «horror e indignación». Jorge Álvarez Máynez, exaspirante presidencial de MC, condenó el asesinato y advirtió que no se puede normalizar la expansión del crimen organizado. La dirigencia estatal del partido exigió una investigación pronta y pidió no ceder ante el miedo, subrayando que el caso no debe quedar impune.

En redes sociales y en Teocaltiche misma, ciudadanos y compañeros de hospital han colocado veladoras y carteles exigiendo justicia.

A nivel federal, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, reaccionó con operativos en la zona. En coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, se reforzó la vigilancia en Teocaltiche, donde desde febrero las fuerzas federales habían asumido el mando ante la ola de violencia. Harfuch ordenó labores de inteligencia de campo para esclarecer el crimen y hallar a los responsables. Su declaración pública subrayó la gravedad del hecho: “Si matan a quienes curan y legislan… ¿a quién le queda fe en el Estado?”.

Esta frase fue interpretada como un llamado de alerta ante la escalada de ataques a servidores públicos. Por su parte, la Presidencia de la República reiteró que no se negociará con la delincuencia y prometió mayor apoyo interinstitucional en regiones conflictivas.

El brutal asesinato de Cecilia Ruvalcaba encendió nuevamente el debate sobre la inseguridad en México. Mientras autoridades estatales y federales despliegan recursos, líderes políticos y organizaciones civiles exigen respuestas y garantías de seguridad. Este caso ha trascendido fronteras, pues medios internacionales recuerdan que apenas días antes otro alcalde había sido asesinado en Veracruz, evidenciando la violencia generalizada que golpea a servidores públicos en el país.

En Teocaltiche, la tensión continúa; vecinos temen nuevas represalias y la pregunta de muchos ciudadanos es si las medidas gubernamentales serán suficientes para recuperar la paz en un municipio asediado por el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, en colaboración con la Guardia Nacional, rescató a 26 mujeres víctimas de trata de personas en Benito Juárez.

Durante un operativo realizado el 9 de mayo, se llevó a cabo un cateo en dos inmuebles ubicados en la Supermanzana 66, donde fueron encontradas 21 mujeres mexicanas y 5 colombianas, que eran explotadas sexualmente bajo condiciones de prostitución ajena.

El rescate ocurrió tras recibir una denuncia anónima a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. La denuncia alertó sobre la presencia de menores de edad, entre 16 y 17 años, involucradas en actividades de prostitución en dichos centros. En respuesta, la FGE solicitó y obtuvo una orden de cateo, que fue ejecutada con éxito.

Se reveló que las víctimas recibían una paga de 250 pesos por cliente y entregaban una comisión de 70 pesos a una mujer encargada de la recolección de los pagos. Esta operación generaba un ingreso semanal aproximado de 40,000 pesos. Al concluir el operativo, los inmuebles fueron asegurados con sellos oficiales y las mujeres rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para el inicio de los trámites legales correspondientes.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer durante la ‘mañanera del pueblo’ que del 2024 a mayo de este año, se han registrado «alarmantes» determinaciones judiciales por jueces, por lo que más de 100 delincuentes han regresado a las calles. 

El secretario de seguridad detalló que se tiene el registro de 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales que beneficiaron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos.

«Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso», lanzó Harfuch.

Asimismo, señaló que algunos jueces por emitir resoluciones favorables a delincuentes. Cabe mencionar que el informe del funcionario federal ocurre a menos de un mes de que se realice la elección judicial, donde se elegirá por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.