Querétaro, Qro., a 05 de octubre de 2026.- La dirigencia estatal de Morena, por conducto de su Secretario General, Alejandro Pérez Ibarra, presentó una denuncia formal ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en contra del exsecretario de Desarrollo Social y aspirante del PAN, Luis Bernardo Nava Guerrero.

La acción legal acusa la presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, vulneración al interés superior de la niñez y la falta al deber de cuidado por parte del Partido Acción Nacional.

El eje central de la impugnación radica en el mitin multitudinario celebrado el pasado 27 de septiembre en el Palenque del Ecocentro Expositor, presentado bajo el cobijo de la asociación civil UDECOM.

Durante la jornada, más de 4 mil 500 personas fueron movilizadas en más de 50 autobuses de turismo desde los 18 municipios del estado, donde se ofreció alimentos, bebidas y la presentación musical del cantante Luis Ángel «El Flaco».

Ante esta opacidad, Pérez Ibarra cuestionó abiertamente quién financió la renta del inmueble, el transporte, la logística y la nómina del artista, solicitando al IEEQ esclarecer si existen nexos económicos entre la A.C. organizadora y el Gobierno del Estado.

Asimismo, la representación de Morena requirió auditar la fecha exacta en que surtió efectos la renuncia de Nava Guerrero a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ), con el fin de determinar con precisión su responsabilidad en el manejo de fondos públicos.

De igual manera, la denuncia documenta el uso de la consigna «aquí está su gallo» durante el acto masivo como un equivalente funcional de posicionamiento electoral extemporáneo antes de los plazos fijados por la ley.

Finalmente, el recurso legal señala que en la difusión digital del evento se expone de forma identificable el rostro de al menos tres personas menores de edad sin la debida protección ni difuminación normativa.

Por ello, Morena solicitó al órgano electoral la aplicación de medidas cautelares inmediatas para ordenar el retiro de las publicaciones promocionales, proteger la identidad de la niñez y frenar la retórica de proselitismo fuera de los tiempos electorales.

• Docentes piden un sistema justo de jubilación y de pensión
• “Tenemos que reivindicar a las y los maestros en nuestra sociedad”
Querétaro, Qro., a 30 de septiembre de 2026. Las y los docentes jubilados y pensionados respaldaron al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, Santiago Nieto Cuastillo, quien subrayó que sin conocimiento no hay transformación.

Nieto Castillo conoció los problemas que enfrentan las y los maestros para jubilarse y pensionarse al depender de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) o bien de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ).
“Yo creo que en la educación una palabra fundamental es justicia; justicia para obtener una pensión, el monto permite retribuir a un sector de la población que dio su vida por la educación. Se trata de generar una pensión justa”, subrayó.
Explicó que la Cuarta Transformación ha encabezado una lucha para dignificar el trabajo de los trabajadores del sector educativo, para valorar a las y los docentes, impulsar una retribución económica acorde a su función social, que sus hijos tengan acceso a un mejor modelo educativo y apoyos para continuar sus trayectorias académicas.
“Al final del día, el talento y la capacidad de una persona pueden estar sujetos, desafortunadamente, a las instituciones, a los marcos normativos, a la falta de posibilidades. No son las mismas en El Campestre, que en Santa María Magdalena y necesitamos que la educación realmente llegue a todos los sectores de la sociedad y a cada uno de los 18 municipios.
“Es lamentable que en el municipio de Pedro Escobedo no podamos dar pasos firmes para tener una Universidad, que tengamos espacios donde ni siquiera hay una preparatoria y desde la secundaria tienen que dejar su vida, su familia para migrar en busca de la mejor educación”, declaró.
Nieto Castillo explicó que en Querétaro 660 mil personas reciben algún tipo de programa social del gobierno de México y registra una inversión social de 14 mil millones de pesos. Mientras que para el PAN atender al magisterio representa un gasto, dijo, para la 4T es una inversión social.
“Estoy convencido de que sin educación no hay transformación. Su batalla está acorde con los principios del movimiento al cual pertenezco. Cómo logramos una mejor justicia, mejor distribución de los ingresos y sobre todo una mejor calidad de vida para todos”, subrayó.

Este martes, el Senado de la República aprobó, con 115 votos a favor, la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, cuyo dictamen incorporó la iniciativa presentada por el senador Enrique Vargas del Villar para armonizar distintos ordenamientos legales en materia de protección y bienestar animal.

La propuesta del legislador planteó reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, Código Civil Federal y Código Penal Federal, con el propósito de establecer el bienestar animal como un eje transversal de la legislación federal.

Durante la elaboración del dictamen, discutido y aprobado en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos Primera, se incorporaron 21 iniciativas de senadores de distintos grupos parlamentarios y más de 40 propuestas provenientes de la Cámara de Diputados, además de aportaciones de especialistas, organizaciones civiles, autoridades y sectores productivos.

La iniciativa de Vargas del Villar buscó armonizar el marco jurídico federal con los principios constitucionales de protección, trato digno y cuidado de los animales, así como reconocer a los animales como seres sintientes y establecer disposiciones para prevenir y sancionar el maltrato, la crueldad y cualquier forma de violencia en su contra.

Uno de los objetivos centrales de la propuesta fue atender la regulación fragmentada que existe entre los distintos niveles de gobierno y reducir las diferencias en materia de sanciones entre las entidades federativas.