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Autoridades indígenas y Gobierno de México construyen Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Nayeri y O’dam

Con respeto y unidad, autoridades tradicionales participan en mesas de trabajo para construir diagnóstico y propuestas del Plan de Justicia

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Con el propósito de construir el Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Nayeri y O’dam de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, autoridades indígenas, en conjunto con diversas instancias del gobierno federal, analizaron este fin de semana las diversas problemáticas que viven sus comunidades y construyeron propuestas de solución en temas relativos a tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente; centros ceremoniales y sitios sagrados, cultura e identidad; gobierno y organización tradicional, así como bienestar integral, en un marco de unidad, respeto y entendimiento recíproco.

Autoridades tradicionales, comunales, ejidales y municipales, así como líderes espirituales, adultos mayores representantes de sus pueblos y población indígena en general, emitieron sus aportaciones en las mesas y reuniones plenarias desarrolladas en el municipio de Jesús María, Nayarit.

Durante la asamblea plenaria, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, indicó que el plan de justicia contempla todas las demandas, sentimientos, preocupaciones, anhelos y aspiraciones de vida de los pueblos wixárika, nayeri y o’dam, que están en el centro de atención del gobierno federal.

Señaló que se está dando cumplimiento a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de construir este plan con la participación de todas las autoridades e instituciones representativas de los pueblos. Aseguró que, a través del diálogo respetuoso y constructivo, se busca alcanzar consensos y acuerdos para sentar las bases de resolución a sus demandas históricas, y generar un futuro de justicia, dignidad y bienestar.

Atención desde territorio

“Esto, hermanas y hermanos, es una muestra de que venimos con respeto y con humildad y que queremos tener un gobierno que escucha, que sale de sus oficinas y que recorre las regiones y los territorios indígenas, para tener conocimiento de primera mano de los problemas que viven nuestros pueblos; pero, sobre todo, que podamos construir las soluciones a cada uno de estos problemas”, expresó.

Mencionó que por eso es muy importante la construcción de este plan de justicia que va a venir a sentar las bases de un horizonte de esperanza para los pueblos y comunidades, pues aseguró que “es un acuerdo que tendrán con el presidente de la República, para iniciar una etapa de dignidad y bienestar, una nueva página en la historia que deje atrás la larga noche de olvido y que haya un nuevo amanecer”.

Convocó a más de 440 asambleístas a agilizar los trabajos a través de un ejercicio de priorización de los temas más urgentes, a fin de que las dependencias programen los presupuestos correspondientes antes de que concluya la actual administración, en 2024. 

Participación activa de autoridades indígenas

El gobernador tradicional de Jesús María, Martín Valentín Vargas, agradeció la nutrida asistencia a estas mesas de trabajo en las se abordaron temas de importancia para los pueblos indígenas de esta región; señaló además que los acuerdos alcanzados serán respetados por todas las partes involucradas. 

En tanto, el comisariado de San Andrés Cohamiata, Patricio Ortiz de Cruz, tomó la palabra y mencionó que ya existen avances para el caso de los wixáritari, pues hay temas que sólo deben sintetizarse para definir fechas de entrega de las acciones a priorizar. 

Por otro lado, personas de esta misma comunidad entregaron a la mesa relatora la propuesta de reformar la Constitución Política y la ley electoral, con el objetivo de crear distritos indígenas, para que de ellos surjan sus propios postulantes.

Los gobernadores tradicionales dieron la palabra al representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien señaló que corresponde a dicha institución brindar acompañamiento para desarrollar el catálogo de sitios sagrados, e hizo un llamado para acelerar el proceso de registro de los sitios. 

Mencionó que la protección de los sitios sagrados tiene dos planos: nacional e internacional. En este sentido, explicó que trabajan en ambos planos y en noviembre de 2022 terminarán el expediente para que en enero de 2023 se entregue a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), para que la Ruta Wixárika (Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí) sea reconocida como patrimonio mundial. 

El presidente de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango, Mario Muñoz Cayetano, señaló que por primera vez en la historia se podrá hacer un plan integral de desarrollo nacido desde los pueblos indígenas, pero que es necesario trabajar de manera coordinada entre todas las partes.

El representante del Consejo Regional Wixárica, Minjarez Valdez Bautista, explicó que esta reunión fue nombrada en su convocatoria como Cumbre de la Nación Wixárika y la reconoció como un hecho histórico, pues logró reunir a los wixáritari de los tres estados. Asimismo, recordó que el primer mandatario se comprometió a realizar el plan de justicia en el que el INPI brindaría acompañamiento técnico y logístico. 

Nueva etapa de diálogo de entre gobiernos

“Hemos iniciado una etapa de diálogo de gobierno a gobierno; del Gobierno de México, de los gobiernos de los estados y municipales, con los gobiernos tradicionales de los pueblos wixárika, nayeri, o’dam y mexica que se integraron en la reunión. Lo hacemos con respeto y sinceridad, con el corazón en la mano, a eso hemos venido”, destacó el titular del INPI casi al concluir la plenaria.

En las sesiones de trabajo llevadas a cabo en Jesús María participaron representantes de 67 dependencias e instituciones invitadas, 173 autoridades tradicionales y agrarias, así como observadores de derechos humanos y activistas interesados en el tema que presenciaron y documentaron las mesas y la plenaria.

Las y los participantes de la asamblea acordaron que la tercera reunión para la construcción de este plan se celebre en el pueblo o’dam de La Guajolota, en jurisdicción de Santa María de Ocotán, estado de Durango, donde se dará continuidad a los planteamientos y acuerdos.

Entre los principales temas que se dialogaron, las y los representantes indígenas propusieron exhortar a los tribunales agrarios a cumplir las resoluciones por despojo de tierras que han obtenido los pueblos a su favor; instalar mesas de conciliación y mediación en conflictos limítrofes, así como atender los conflictos ocasionados por la mala ejecución de resoluciones presidenciales.

Plantearon que se establezca una ruta de trabajo con el INAH y la Secretaría de Cultura para definir los sitios sagrados de los tres pueblos, integrarlos al catálogo y dar pleno cumplimiento al Pacto HauxaMánaka, para la preservación y desarrollo de sus lugares sagrados. En materia de bienestar integral, pidieron consolidar un modelo educativo wixárika para todos los niveles de enseñanza.

Solicitaron que no se otorguen más permisos para la realización de megaproyectos; analizar las iniciativas de reformas en materia indígena que se encuentran en Congresos locales; establecer un programa de fortalecimiento de la transversalidad y equidad de género; revisar proyectos para fortalecer el comercio de artesanías, principalmente en el caso de las mujeres indígenas productoras; construir caminos y obras de infraestructura, garantizar la seguridad en las comunidades, entre otros temas prioritarios.

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FGR incorpora a David Boone y Ulises Lara a importantes cargos en Fiscalía

Esta área tiene, entre sus atribuciones, la designación de los titulares de las delegaciones de la FGR en todo el país.

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La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la incorporación de David Boone de la Garza y Ulises Lara López a cargos estratégicos dentro de la institución, en un movimiento que fortalece el equipo de colaboradores de la titular, Ernestina Godoy Ramos.

Boone de la Garza, quien se desempeñaba como titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asumirá la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor). Esta área tiene, entre sus atribuciones, la designación de los titulares de las delegaciones de la FGR en todo el país.

Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, Boone de la Garza fue también secretario particular del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y es considerado uno de los colaboradores cercanos de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. Sustituirá a Germán Adolfo Castillo Banuet en la Fecor, según fuentes de la FGR.

Por su parte, Ulises Lara López, quien fue delegado de la FGR en Morelos y encargado de despacho en la Fiscalía capitalina, ocupará la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc). Este cargo lo faculta para asumir temporalmente la dirección de la FGR en calidad de encargado de despacho, como ocurrió recientemente con Ernestina Godoy tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Con estos nombramientos, la FGR refuerza su estructura ministerial y asegura continuidad en la supervisión de sus delegaciones y fiscalías especializadas, consolidando la estrategia de trabajo de la titular.

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Denuncian presunta extorsión de funcionario de la SSPC a empresas de seguridad privada

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó una denuncia contra Enrique Martínez Garza, Director General de Seguridad Privada adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, por presuntas prácticas de extorsión.

De acuerdo con la denuncia, Martínez Garza habría condicionado la liberación de trámites a pagos indebidos y retrasado procedimientos durante meses cuando las empresas de seguridad privada no acceden a sus demandas.

Estas demoras podrían afectar ingresos públicos estimados en hasta 1,500 millones de pesos al año.

Además, empresas y clubes de tiro señalaron que el funcionario exigía la entrega física de registros de armamento, pese a que la Ley Federal de Seguridad Privada establece que deben enviarse de manera digital por su carácter confidencial. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que la SEDENA es la única autoridad facultada para recibir dichos registros.

La denuncia también menciona una supuesta relación de Martínez Garza con Raymundo Collins, así como la posibilidad de que funcione como su presunto prestanombres, situación que incrementaría la desconfianza en el sector, dado que Collins enfrenta acusaciones por uso ilegal de atribuciones y enriquecimiento ilícito.

Otro punto señalado es que Martínez Garza ocupa simultáneamente dos cargos dentro de la SSPC: Director General de Seguridad Privada y encargado de despacho de Inspección Policial. Esto le permitiría portar armas y disponer de escoltas, lo que genera cuestionamientos sobre la legalidad de su dualidad administrativa.

En un contexto relacionado, hace unos días la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, por presunto “huachicol” y tráfico de armas. La investigación apunta a un entramado de empresas privadas utilizadas para adquirir, transportar y rematricular armamento, destinado supuestamente a abastecer a grupos delictivos como el Cártel del Golfo en Tamaulipas y el grupo Sombra en Veracruz. El armamento contaba con registros oficiales del Ejército, lo que permitía su circulación con apariencia legal en el país.

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Gobierno federal reporta golpes simultáneos al crimen organizado en 11 estados del país

De acuerdo con la información oficial, los aseguramientos representan afectaciones millonarias a diversas estructuras criminales.

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El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este martes sobre una serie de operativos realizados en diversas entidades del país, donde se concretaron detenciones, cateos y aseguramientos de drogas, armas y equipo táctico, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Las acciones, ejecutadas por fuerzas federales, estatales y municipales, se llevaron a cabo en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tabasco. De acuerdo con la información oficial, los aseguramientos representan afectaciones millonarias a diversas estructuras criminales.

Golpe al tráfico de fentanilo en Baja California

En Tijuana, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles, donde detuvieron a cinco personas y aseguraron armas cortas y largas, cargadores, cartuchos y nueve kilos de fentanilo, así como 330 pastillas del mismo opiáceo.
Las autoridades estimaron que el valor de la droga decomisada asciende a 66 millones de pesos.

Detenciones y arsenal asegurado en Chihuahua

En Aldama, fuerzas federales detuvieron a 11 personas a quienes les decomisaron dos rifles de asalto, tres ametralladoras, dos fusiles Barret calibre .50, 111 cargadores, una granada, nueve artefactos explosivos improvisados, miles de cartuchos, vehículos y chalecos tácticos.

Operativos en Guanajuato, Jalisco y Michoacán

En Irapuato, se cateó un inmueble donde fueron aseguradas armas largas y cortas, cartuchos, marihuana y chalecos tácticos.

Mientras tanto, en Arandas, Jalisco, la FGR confiscó 15 vehículos de alta gama, equipo táctico, cartuchos, cargadores e incluso 10 caballos y un reptil.

En Morelia, se interceptaron dos paquetes en una empresa de paquetería con cinco kilos de metanfetamina.

Erradicación de plantíos y precursores químicos

En Ixtlán del Río, Nayarit, personal de la Marina destruyó alrededor de 90 mil plantas de marihuana en un terreno de 7,500 metros cuadrados.

En Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a tres hombres con precursores químicos, tabletas de fentanilo y equipo para procesar droga sintética.
Además, en Escuinapa y Navolato se aseguraron armas largas, cartuchos, explosivos y equipo táctico.

La Secretaría de la Defensa Nacional también informó sobre la inhabilitación de 12 áreas de producción de drogas sintéticas en la zona serrana de Sinaloa, donde se aseguraron más de 13 mil litros y 300 kilos de sustancias químicas, maquinaria especializada y una mezcladora industrial. La afectación económica estimada para las organizaciones criminales es de 271 millones de pesos.

Resultados en Tabasco y Nuevo León

En municipios de Tabasco —entre ellos Teapa, Huimanguillo, Centro y Cárdenas— así como en Monterrey, Nuevo León, se realizaron 13 acciones operativas que derivaron en la detención de 10 personas, la localización de una persona desaparecida y el aseguramiento de un vehículo y diversos objetos balísticos.

Combate al huachicol

En Coahuila, un cateo realizado por la FGR, Guardia Nacional y Ejército Mexicano permitió asegurar casi 40 mil litros de gasolina en una gasolinera, además de dos bombas despachadoras y dinero en efectivo.

En Degollado, Jalisco, elementos castrenses y personal de Pemex localizaron cuatro tomas clandestinas y decomisaron 34,500 litros de gasolina, 13 contenedores y más de 2,700 metros de manguera de alta presión.

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