El Gobierno de México dio inicio a la consulta pública de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHE), un proceso que busca construir un marco nacional que articule el desarrollo económico con el respeto a los derechos humanos en el ámbito de la actividad empresarial.

La apertura del proceso fue encabezada por la Secretaría de Economía, con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en un ejercicio que se plantea como abierto, participativo y de alcance nacional.

Enfoque de derechos humanos en la actividad empresarial

De acuerdo con los objetivos del Plan México, la política incorpora estándares internacionales de debida diligencia, conducta empresarial responsable y un enfoque transversal de igualdad, inclusión y corresponsabilidad social.

El objetivo central es que el crecimiento económico avance de manera paralela al bienestar de las personas y comunidades, fortaleciendo condiciones estructurales en el mercado laboral y reduciendo brechas históricas, particularmente aquellas vinculadas a las tareas de cuidados que afectan de forma desproporcionada a las mujeres.

Participación de sectores sociales y productivos

La sesión de apertura se realizó en las oficinas de la OIT en la Ciudad de México, en formato híbrido, con participación presencial, transmisión por Zoom y difusión en vivo por YouTube.

En este espacio participaron representantes del gobierno, organismos internacionales, empresas, trabajadores, organizaciones sindicales, sociedad civil, instituciones académicas y pueblos y comunidades indígenas.

Ejes de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas

La PNDHE busca integrar tres pilares fundamentales: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el acceso de las personas a mecanismos efectivos de reparación.

Estos principios se alinean con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, además de instrumentos internacionales como la Declaración Tripartita de la OIT y las Líneas Directrices de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable.

Proceso de consulta pública y calendario

La consulta se desarrollará en cinco sesiones de trabajo entre el 24 de junio y el 19 de agosto de 2026, en instalaciones de la OIT y también en modalidad virtual.

Las sesiones incluyen una apertura y cuatro encuentros adicionales, con participación de actores de distintos sectores. Cada sesión se realizará de 12:00 a 15:00 horas, con posibilidad de intervención presencial o digital.

Mecanismos de participación

Las personas interesadas podrán participar mediante sesiones de trabajo o a través del envío de contribuciones escritas, utilizando una matriz de comentarios que deberá enviarse al correo: [email protected].

El proceso también contempla la difusión pública de información a través de plataformas digitales, incluyendo transmisiones en vivo.

Acompañamiento internacional y cooperación regional

El proceso cuenta con el apoyo del proyecto CERALC (Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe), una iniciativa conjunta de la OIT, la OCDE y la ACNUDH, financiada por la Unión Europea.

Este acompañamiento busca fortalecer la implementación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y sostenibilidad en las cadenas de valor empresariales.

La construcción de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la Bahía de Ohuira, en Topolobampo, representa una de las inversiones industriales más relevantes para el sector de fertilizantes en México, con una proyección de más de 10 mil empleos directos e indirectos y una reducción significativa de la dependencia nacional de importaciones de amoníaco y urea.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Economía, México importa actualmente alrededor del 80 por ciento del amoníaco que consume, mientras que la demanda nacional de fertilizantes oscila entre 4.5 y 5 millones de toneladas anuales. Ante este panorama, la producción local prevista en la nueva planta busca fortalecer el abasto interno de insumos estratégicos para el sector agrícola.

Impacto en la producción de fertilizantes

Las autoridades estiman que la operación de la planta permitirá reducir en más de 70 por ciento la dependencia de las importaciones de amoníaco y urea, lo que podría traducirse en una mayor disponibilidad de fertilizantes para productores agrícolas de Sinaloa y de otras regiones del país.

La expectativa es que una mayor oferta nacional contribuya a disminuir costos asociados a la adquisición de estos productos, considerados fundamentales para la actividad agropecuaria.

Más de 10 mil empleos vinculados al proyecto

Uno de los principales impactos anunciados para la región es la generación de empleo. Según las estimaciones oficiales, durante la etapa de construcción se crearán aproximadamente 3 mil empleos directos.

A esta cifra se suman alrededor de 7 mil empleos indirectos, relacionados con proveedores de servicios, transporte, comercio y actividades asociadas al desarrollo del proyecto.

Una vez que la planta entre en operación, se prevé la creación de 300 puestos permanentes y especializados, para los cuales se dará prioridad a trabajadores de Topolobampo y Los Mochis.

Inversión social en comunidades cercanas

La empresa informó que, desde el inicio del proyecto hace una década, ha destinado más de 35 millones de pesos a programas de inversión social en comunidades cercanas como Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo.

Los recursos se han canalizado a acciones relacionadas con infraestructura, salud y educación, incluyendo apoyos a instituciones como el CetMar número 13 y la Escuela Jaime Nuñó, beneficiando a alrededor de mil 100 estudiantes.

Capacitación laboral para habitantes de la región

Como parte de las acciones vinculadas al proyecto, la empresa también desarrolló programas de capacitación en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN).

A través de estos esquemas, 3 mil 745 personas recibieron formación para fortalecer sus habilidades laborales, con especial atención a la participación de mujeres interesadas en ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional y personal.

Continuidad de programas sociales

La información oficial señala que GPO mantendrá durante este año y en 2027 los programas de inversión social que actualmente desarrolla en la zona de influencia del proyecto.

Asimismo, se indicó que estas acciones serán supervisadas por las autoridades gubernamentales en coordinación con integrantes de las comunidades beneficiadas.

La incorporación de Héctor Serrano Cortés al entorno político del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha generado comentarios y lecturas encontradas en distintos sectores políticos y mediáticos, que ven en este movimiento una señal de reacomodo rumbo al próximo proceso electoral.

Serrano Cortés, quien tuvo un papel relevante en la administración capitalina durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, ha sido identificado en diversos análisis políticos como un operador con amplia experiencia en negociación y construcción de estructuras políticas, aunque también ha sido objeto de señalamientos y críticas en distintos momentos por su estilo de operación.

Su llegada a San Luis Potosí ha sido interpretada por algunos analistas como parte de una estrategia del grupo en el poder para reforzar su estructura política, especialmente en un contexto donde ya se perfila la sucesión gubernamental y la posible continuidad del proyecto encabezado por el Partido Verde.

En ese escenario, también ha cobrado relevancia el nombre de la diputada federal Ruth González Silva, esposa del actual mandatario estatal, quien ha sido mencionada en distintos espacios políticos como posible aspirante a la gubernatura, lo que intensifica la atención sobre los movimientos internos del grupo gobernante.

De acuerdo con estas lecturas políticas, la incorporación de perfiles con amplia experiencia en operación política responde a la necesidad de fortalecer la estructura territorial y electoral del proyecto en curso, en un entorno cada vez más competitivo.

No obstante, estos señalamientos se mantienen en el terreno de la opinión y el análisis político, mientras que el gobierno estatal también ha reiterado en diversas ocasiones su postura de mantener canales institucionales de comunicación y gobernabilidad, a través de la Secretaría General de Gobierno encabezada por Guadalupe Torres Sánchez.

En medio del debate, el tema ha abierto discusión sobre la relación entre gobierno, medios de comunicación y actores políticos, así como sobre el tono de la confrontación pública en el estado.