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Nacionales

Avanzan las Demandas de México en EE.UU. contra Fabricantes y Tiendas de Armas

El consultor jurídico explicó que las demandas buscan no solo obtener mayores regulaciones en la venta de armas, sino también generar un cambio de narrativa en la sociedad estadounidense sobre el tráfico de armas

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El Gobierno de México informó sobre los avances en las demandas interpuestas contra fabricantes y tiendas de armas en los Estados Unidos, en el marco de sus esfuerzos por reducir el tráfico ilícito de armas hacia su territorio. Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aseguró que el equipo legal mexicano está preparado para participar en la audiencia programada en la Corte Suprema de EE.UU. el 4 de marzo de 2025, relacionada con una demanda presentada en contra de fabricantes de armas en la corte federal de Boston, Massachusetts.

Durante su intervención en el Foro Internacional sobre Tráfico y Desvío de Armas en Latinoamérica, organizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arrocha destacó que estas demandas forman parte de una estrategia más amplia para lograr mayores controles sobre la venta de armas en EE.UU. y reducir su flujo ilegal hacia México. Aclaró que, independientemente del resultado en la Corte Suprema, el proceso legal sigue su curso en la Corte de Tucson, Arizona, donde se lleva a cabo otro litigio contra cinco tiendas de armas. Este caso avanza favorablemente, con una nueva etapa de recolección de evidencias, conocida en el sistema legal estadounidense como «discovery».

El consultor jurídico explicó que las demandas buscan no solo obtener mayores regulaciones en la venta de armas, sino también generar un cambio de narrativa en la sociedad estadounidense sobre el tráfico de armas. Además, estas acciones legales son consideradas estratégicas y abren la puerta para futuros litigios que puedan ampliar la cobertura de los controles sobre puntos de venta de armas en Estados Unidos.

En relación con la audiencia ante la Corte Suprema, Arrocha mencionó que se han presentado nueve escritos de “amicus curiae” (amigos de la corte), apoyados por diversas voces de la sociedad civil en ambos países, además de autoridades estatales y federales de EE.UU. Estos apoyos refuerzan la posición de México, lo que se espera que tenga un impacto positivo en el desarrollo del caso.

El Gobierno mexicano también está trabajando en un enfoque integral que va más allá de las demandas legales. En este sentido, se mencionaron los esfuerzos de la Ciudad de México, liderados por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que no solo busca destruir armas, sino también alejar a los niños de los juguetes bélicos y fomentar una cultura de paz.

Pablo Arrocha reiteró que México continuará fortaleciendo su estrategia contra el tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales posibles en los ámbitos nacional, regional y global, para mitigar el impacto de la violencia generada por el flujo de armas desde Estados Unidos.

Nacionales

Mara Lezama reconoce vuelos privados y niega haber usado recursos públicos

Lezama respondió a los señalamientos a través de sus redes sociales y sostuvo que los viajes que realizó fueron de carácter privado y estuvieron relacionados con cuestiones familiares, además de sus responsabilidades como servidora pública.

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La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció haber realizado viajes en aviones privados, pero negó que estos hayan sido pagados con recursos públicos, luego de los cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre sus traslados al extranjero y los de personas de su círculo familiar.

Lezama respondió a los señalamientos a través de sus redes sociales y sostuvo que los viajes que realizó fueron de carácter privado y estuvieron relacionados con cuestiones familiares, además de sus responsabilidades como servidora pública.

“En su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que, por supuesto, jamás fueron solventados con dinero público”, afirmó la gobernadora.

La mandataria también rechazó las cifras difundidas sobre la cantidad de viajes que habría realizado y consideró que los datos publicados no corresponden con la realidad.

“El número de viajes que se manejan no es real, significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible”, señaló.

Las cifras bajo cuestionamiento

De acuerdo con la información publicada previamente, entre los registros migratorios de Mara Lezama, su esposo Omar Terrazas García, sus hijos, su hermano y el entonces funcionario estatal Eugenio “Gino” Segura se contabilizaron 605 entradas y salidas del país entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.

De esos movimientos, 283 correspondieron a vuelos privados, según la investigación citada.

Otra investigación publicada por Reforma señala que Lezama acumula 97 vuelos privados desde que era presidenta municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.

Según ese reporte, durante su etapa como alcaldesa habría realizado 31 viajes en aeronaves privadas. En ese periodo, de acuerdo con la misma información, tenía un salario mensual neto de 71 mil 302 pesos.

La investigación también señala que los viajes privados incluyeron destinos en Estados Unidos, entre ellos Orlando, Florida, y Vail, Colorado.

Los datos citados por Reforma provienen de registros aeroportuarios y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), de acuerdo con lo publicado.

Niega vuelos con Gino Segura

Lezama también rechazó haber compartido vuelos con el entonces funcionario estatal Eugenio “Gino” Segura y calificó como “totalmente falsa” la información que sostiene que ambos viajaron juntos.

“Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar”, afirmó.

La gobernadora agregó que, en los traslados relacionados con sus funciones como servidora pública, su actuación se ajustó a los principios y normas de gobierno.

También aseguró que su esposo y sus hijos no participan en la política y reiteró que su patrimonio y sus actividades privadas no han sido financiados con dinero público.

Sheinbaum pide aclarar quién pagó

Las declaraciones de Lezama ocurrieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara que corresponde a la gobernadora explicar las condiciones en las que se realizaron sus viajes al extranjero.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que Lezama debe aclarar si utilizó aeronaves privadas, quién cubrió los traslados y bajo qué condiciones se realizaron.

“La gobernadora tendrá que aclarar. Es lo primero, porque igual sale en un medio y no sabemos si es cierto, como decíamos”, mencionó la presidenta.

Sheinbaum evitó asumir una postura sobre los señalamientos y señaló que primero debía conocerse la versión de la gobernadora sobre la información difundida.

Los cuestionamientos también se producen en medio de señalamientos de legisladores de Morena, quienes han planteado revisar el uso de aeronaves privadas de alto costo a la luz de los principios de austeridad promovidos por la llamada Cuarta Transformación.

Los vuelos que aparecen en la investigación

Entre los datos difundidos sobre los viajes aparece un traslado realizado el 1 de febrero de 2020, cuando, según los registros citados por Reforma, Lezama llegó a Vail, Colorado, en un vuelo privado y al día siguiente regresó a Quintana Roo para acompañar al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira en Playa del Carmen.

Los registros migratorios consultados por el diario también muestran 53 entradas y salidas de Orlando desde el 25 de septiembre de 2022.

Entre las aeronaves privadas utilizadas para esos traslados aparece un Gulfstream G280, de acuerdo con la investigación.

Asimismo, el reporte señala que las aeronaves utilizadas tendrían un costo promedio de operación de alrededor de 6 mil dólares por hora. Bajo ese cálculo, un vuelo privado a Orlando representaría un gasto aproximado de 406 mil pesos, mientras que un traslado a Vail podría alcanzar hasta 812 mil pesos, según las estimaciones citadas por Reforma.

Los datos forman parte de la información que permanece bajo escrutinio luego de que las publicaciones generaran cuestionamientos sobre la frecuencia de los viajes y el costo de las aeronaves.

Por ahora, Mara Lezama sostiene que los viajes privados que realizó no fueron pagados con recursos públicos, mientras que las investigaciones periodísticas citadas han colocado bajo revisión las cifras, los destinos y las condiciones de esos traslados.

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Estados

Congreso de Sinaloa designa a Graciela Domínguez como gobernadora interina

La exsecretaria de Educación asumirá el cargo ante la licencia concedida a Rubén Rocha Moya; obtuvo 31 votos a favor y seis en contra.

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El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, luego de conceder licencia al gobernador Rubén Rocha Moya.

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, en la que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso a Domínguez Nava, al considerar que cuenta con la preparación y experiencia necesarias para asumir el cargo.

La propuesta fue aprobada con 31 votos a favor y seis en contra.

Durante la discusión, la bancada del PRI manifestó su rechazo a la designación, al señalar que existe una crisis jurídica en Sinaloa. Además, adelantó que se sumará a una iniciativa ciudadana para solicitar un juicio político contra Rocha Moya.

El Grupo Parlamentario del PAN también votó en contra. Sus integrantes acusaron la existencia de un sistema de gobierno fallido encabezado por Morena y señalaron que uno de los principales retos de la administración interina será superar la incertidumbre y gobernar para todos los sinaloenses.

Por su parte, Movimiento Ciudadano sostuvo que el nombramiento de una gobernadora interina no resuelve por sí mismo la situación que enfrenta la entidad. La bancada pidió que los señalamientos contra Rocha Moya sean investigados hasta sus últimas consecuencias y que, en caso de existir responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En contraste, la diputada Aidee Corrales, del Partido Verde Ecologista de México, respaldó la propuesta al destacar la trayectoria política de Domínguez Nava y su capacidad para generar acuerdos.

La bancada de Morena también expresó su apoyo y afirmó que la nueva gobernadora interina cuenta con la experiencia, trayectoria y capacidades necesarias para asumir la responsabilidad, al considerar que su llegada al cargo representa una decisión en favor de Sinaloa.

“Nuestra prioridad será la paz”: Graciela Domínguez

Después de rendir protesta como gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava afirmó que la prioridad de su administración será recuperar la paz en Sinaloa.

La nueva mandataria señaló que buscará trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el estado requiere el respaldo de las instituciones federales para hacer frente a sus desafíos.

“Nuestra prioridad será la paz, no de discurso, sino una paz que se sienta en las calles y en las comunidades, en las escuelas, en los negocios, en los campos y en nuestras costas, en los caminos y en los hogares”, afirmó.

Domínguez Nava sostuvo que la paz también debe estar acompañada de justicia, derechos, oportunidades e instituciones cercanas, con la finalidad de que las familias puedan recuperar su vida cotidiana y desarrollar sus actividades sin temor.

“La paz que queremos para Sinaloa debe caminar de la mano de la justicia, porque la paz no es solamente la ausencia de violencia. La paz también significa vivir con derechos, con oportunidades, con instituciones cercanas y con la certeza de que todas y todos somos iguales ante la ley”, expresó.

Asimismo, adelantó que su administración mantendrá una estrecha coordinación con el Gobierno federal y enfatizó que Sinaloa necesita “toda la fuerza del Estado mexicano”.

La gobernadora interina también se comprometió a conducir su gestión con honestidad, trabajo, cercanía, resultados y transparencia.

“Gobernaré para todas y todos sin distingos, sin exclusiones y sin convertir al gobierno en patrimonio de ninguna persona ni de ningún grupo. Tenemos frente a nosotros meses decisivos; los enfrentaremos con responsabilidad institucional, con estabilidad y con absoluta convicción democrática”, afirmó.

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Las Mañaneras

Presidenta considera que funcionarios investigados deberían pedir licencia

Sheinbaum señaló que Enrique Inzunza y otros funcionarios deben valorar pedir licencia, mientras la FGR determina si existen elementos para investigarlos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que los funcionarios y legisladores que se encuentren bajo señalamientos o ante una eventual investigación deberían valorar la posibilidad de solicitar licencia, aunque subrayó que la decisión final corresponde a cada persona.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre el caso del legislador Enrique Inzunza y la posibilidad de que se separe temporalmente de su cargo mientras se aclaran los señalamientos en su contra.

Sheinbaum sostuvo que, antes de hablar de una investigación formal, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si existen elementos suficientes para iniciar las diligencias correspondientes.

“Ya le corresponde a cada quien, tiene que hacer una decisión. Ayer di mi opinión sobre el caso del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, considero lo mismo”, señaló.

La presidenta indicó que, en caso de que la Fiscalía determine que existe una investigación en curso, los involucrados deben tomar una postura ante la ciudadanía y actuar con responsabilidad frente al cargo que ocupan.

En este contexto, Sheinbaum insistió en que las decisiones relacionadas con funcionarios mexicanos deben ser tomadas por las instituciones nacionales y no a partir de presiones externas.

“Primero tiene que haber, en todo caso, si así lo decide la Fiscalía, una investigación en curso. Aquí decidimos las y los mexicanos, ningún gobierno extranjero debe decidir por México”, afirmó.

La mandataria reiteró que cualquier posible responsabilidad deberá determinarse mediante las instituciones y los procedimientos establecidos en la legislación mexicana, mientras que cada funcionario deberá decidir si continúa en su puesto o solicita licencia durante el proceso.

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