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Aviones privados entre Mara Lezama y Jorge Emilio González levantan dudas rumbo a 2027

Registros aeroportuarios documentan vuelos en aeronaves utilizadas por ambos políticos, en medio de la disputa por la sucesión de Quintana Roo.

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Los movimientos de dos aeronaves privadas volvieron a poner bajo la lupa la relación política entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Jorge Emilio González Martínez, figura central del Partido Verde, justo cuando comienza a calentarse la carrera por la sucesión estatal de 2027.

Una investigación difundida este lunes documentó al menos 97 vuelos privados realizados por Lezama desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez y durante su actual administración. Entre las aeronaves identificadas aparecen un Learjet 31A, con matrícula XA-UMV, operado por Servicios Aéreos Dandy, y un Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, operado por Redwings.

Parte de los desplazamientos fue reconstruida mediante registros aeroportuarios y datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El detalle que ha llamado especialmente la atención es que ambos aviones también aparecen relacionados con actividades de Jorge Emilio González.

El caso del XA-UMV no es nuevo. En octubre de 2022, el llamado “Niño Verde” abordó esa aeronave para viajar de Cancún a San Antonio, Texas, donde fue sometido a una revisión e interrogatorio por autoridades estadounidenses. En esa ciudad, además, su familia mantiene vínculos patrimoniales y su padre, Jorge González Torres, tiene domicilio.

El segundo avión, el Gulfstream G280 XA-BAT, resulta todavía más llamativo. Se trata de una aeronave relativamente nueva, serie 2301, anteriormente registrada en Estados Unidos como N203GA y vinculada al empresario y político verde. Su operador solicitó a FlightAware que sus movimientos no fueran visibles públicamente, una medida que, aunque limita el seguimiento, no impidió que quedaran rastros suficientes para reconstruir parte de sus recorridos.

Tan sólo entre febrero y marzo de este año se identificaron al menos 21 vuelos. En febrero, la aeronave cubrió rutas como Cancún-Brownsville-San Antonio, San Antonio-Toluca, Toluca-Cancún y diversos trayectos entre Cancún, Cozumel, Toluca y Laredo.

Durante marzo, el avión cambió de rumbo y realizó varios desplazamientos hacia Baja California Sur. Entre ellos aparecen rutas de Toluca a Los Cabos, regresos a Cancún y vuelos entre Los Cabos y La Paz, además de conexiones de vuelta con Toluca. La información disponible es parcial debido al bloqueo solicitado para impedir el seguimiento público de la aeronave.

Las rutas también despiertan interés por los vínculos políticos y económicos de Jorge Emilio González. San Antonio mantiene una relación con su entorno familiar, mientras que Los Cabos y La Paz forman parte de una zona donde el político y empresario tiene propiedades e intereses vinculados con un proyecto en Sierra La Laguna.

Y aquí aparece otro punto que no pasa desapercibido: el costo. Un Gulfstream G280 usado puede rondar los 18 millones de dólares, mientras que su operación puede acercarse a los 8 mil dólares por hora. El Learjet 31A es considerablemente más antiguo, pero operar una aeronave de ese tipo también puede superar los 4 mil dólares por hora. Son cifras que difícilmente pasan inadvertidas en un gobierno que, al menos en el discurso, ha colocado la austeridad como uno de sus principales banderines.

Por ello, una de las preguntas centrales recae sobre Mara Lezama: quién pagó esos vuelos y bajo qué esquema. Si los traslados no fueron cubiertos con recursos públicos, también sería relevante conocer qué persona o empresa asumió los gastos, qué relación mantiene con la gobernadora y cuál fue el motivo de cada viaje. De igual manera, queda pendiente separar los desplazamientos oficiales de aquellos de carácter personal.

El tema llega, además, en un momento especialmente sensible para Jorge Emilio González. Su grupo político enfrenta presión luego de que Raúl Piña Horta, identificado como amigo personal y uno de sus principales operadores, fuera señalado e investigado por una presunta red de extorsión en el Estado de México. Ahora, el episodio de los aviones abre un nuevo frente precisamente en Quintana Roo, uno de los estados donde el Partido Verde ha construido una importante estructura de poder.

En medio de ese entramado aparece Eugenio “Gino” Segura, senador de Morena y exsecretario de Finanzas durante la administración de Lezama. El legislador se perfila como uno de los aspirantes a suceder a la gobernadora y, al mismo tiempo, cuenta con el respaldo político del grupo de Jorge Emilio. El vínculo entre ambos no es solamente político: los dos estuvieron presentes como testigos en la boda de Segura.

Así, mientras Morena y el Verde mantienen formalmente sus propias identidades partidistas, en la carrera por 2027 las líneas parecen hacerse cada vez más delgadas. Mara Lezama busca mantener capacidad de decisión sobre la sucesión, Jorge Emilio González pretende conservar la influencia que ha acumulado durante años y Gino Segura aparece como un punto de encuentro entre ambos grupos.

También ponen bajo la lupa programas sociales

A este escenario se suman señalamientos internos sobre el presunto uso político de programas de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo con miras a las elecciones de 2027.

Las versiones apuntan principalmente a los programas Mujer es Poder y Comemos Tod@s, donde se cuestionan nuevas incorporaciones a padrones, entrega de tarjetas y movilización territorial de servidores públicos. Los señalamientos, de acuerdo con la información difundida, provienen de distintas áreas de la estructura gubernamental.

Los cuestionamientos alcanzan a municipios como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios y operadores como Guillermo Daniel Domínguez Alfaro, Silverio Cupul, Jhony Joel Díaz Canul, Ileana Pool, Gabriela Briceño, María Paula Medina y Jaime Torres.

En el centro de estas acusaciones se encuentra Alberto Ignacio Perera Medina, quien asumió la conducción de Bienestar tras la salida de Pablo Bustamante y a quien las versiones atribuyen un papel relevante en la distribución de apoyos hacia determinadas estructuras políticas.

Actualmente, Mujer es Poder atiende a unas 50 mil mujeres y el gobierno estatal ha planteado elevar esa cifra a 60 mil durante 2026. Ante las sospechas, uno de los puntos que permitiría comprobar o descartar un posible uso electoral sería conocer cómo se distribuyen las altas, en qué municipios y secciones se concentran y bajo qué criterios se autorizan los apoyos.

Lo mismo tendría que transparentarse en Comemos Tod@s, especialmente en un momento en el que la sucesión de Quintana Roo comienza a ocupar buena parte de la agenda política.

Gino Segura busca consolidarse como una de las cartas de Morena para 2027, mientras que el Verde intenta preservar el peso que ha ganado en el estado. De ahí que la discusión no sólo gire en torno a los vuelos privados, sino también al uso de recursos y programas públicos.

Por ahora, las preguntas están sobre la mesa y las explicaciones corresponden a las autoridades involucradas. Transparentar los vuelos, sus pagadores, sus motivos y los criterios de operación de los programas sociales permitiría despejar dudas. De lo contrario, en Quintana Roo la sombra de la sucesión de 2027 seguirá extendiéndose sobre cada movimiento político.

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ANA PATY, PLAYA MARLÍN Y LA GUBERNATURA: ¿QUÉ HARÍA CON TODO QUINTANA ROO?

La discusión sobre el futuro de uno de los terrenos de mayor valor en la Zona Hotelera de Cancún volvió a poner bajo la lupa al gobierno municipal de Benito Juárez, encabezado por Ana Patricia Peralta

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En 2018 Morena se opuso a la venta del valioso predio de Playa Marlín. Siete años después, ya con Ana Patricia Peralta al frente de Benito Juárez, el terreno volvió a colocarse sobre la mesa para una posible enajenación. Integrantes del propio Morena ayudaron a frenarla.

Ana Patricia Peralta puede tener aspiraciones políticas y buscar construir el camino que eventualmente la lleve a competir por la gubernatura de Quintana Roo.

Pero antes de pedir más poder, tiene cuentas que rendir sobre cómo ha utilizado el que ya tiene.

Una de ellas se llama Playa Marlín.

En julio de 2025, dentro del Ayuntamiento de Benito Juárez se analizó la posible enajenación de diferentes bienes municipales. Entre ellos apareció un predio de enorme valor ubicado junto a Playa Marlín, en plena Zona Hotelera de Cancún.

No es cualquier terreno.

Son los lotes 19, 19-A y 19-B, ubicados aproximadamente en el kilómetro 12.5 del Boulevard Kukulcán, cuya historia está ligada desde hace años a una concesión otorgada a Corporación Integradora de Servicios Administrativos, S.A. de C.V., empresa públicamente relacionada con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Pero existe un antecedente que vuelve el episodio todavía más incómodo para el gobierno de Ana Paty.

EN 2018 MORENA DIJO NO

Siete años antes ya se había intentado vender este patrimonio municipal.

En 2018, el gobierno de Benito Juárez planteó la enajenación del Lote 19 y se produjo una fuerte reacción política y ciudadana.

¿Quién estuvo entre quienes se opusieron?

Morena.

Militantes y representantes del partido rechazaron públicamente que un terreno costero de enorme valor para Cancún terminara en manos privadas.

La presión surtió efecto y la operación no prosperó.

Por eso resulta inevitable preguntar:

¿Qué cambió entre el Morena de 2018 y el gobierno morenista de Ana Patricia Peralta en 2025?

Porque siete años después, el mismo patrimonio volvió a aparecer en una discusión sobre una posible venta.

Y esta vez Morena ya gobernaba Cancún.

MORENA FRENA A MORENA

La historia tiene otro elemento políticamente revelador.

La eventual operación encontró resistencia incluso dentro del propio partido de Ana Paty.

Tres regidoras de Morena se opusieron, junto con representantes de otras fuerzas políticas, evitando que se alcanzaran los votos necesarios para avanzar.

No fue solamente “la oposición atacando al gobierno”.

Fue Morena frenando a un gobierno de Morena.

¿Por qué?

¿Qué observaron las regidoras?

¿Qué información recibieron durante el precabildeo?

¿Quién presentó Playa Marlín dentro de los bienes susceptibles de enajenación?

Esas respuestas deben hacerse públicas.

¿PARA QUIÉN?

La historia de los lotes vuelve indispensable otra pregunta.

Si el predio mantiene una concesión relacionada históricamente con una empresa vinculada a Ricardo Salinas Pliego, ¿por qué poner sobre la mesa su posible venta?

¿Existía un interesado?

¿Hubo acercamientos con el concesionario?

¿Se realizaron avalúos?

¿Existieron propuestas de compra?

¿Se analizaron mecanismos para terminar o modificar previamente la concesión?

Y, sobre todo:

¿para quién se estaba pensando vender Playa Marlín?

Hasta hoy no existe evidencia pública suficiente para afirmar que Ana Patricia Peralta hubiera pactado personalmente una venta con Ricardo Salinas Pliego.

Precisamente por eso hay que abrir el expediente.

ANA PATY TIENE QUE MOSTRAR LOS DOCUMENTOS

La presidenta municipal puede acabar con las sospechas de una manera muy sencilla:

transparencia total.

Que haga públicas las minutas del precabildeo.

Que entregue la relación completa de terrenos cuya venta se estudió.

Que publique cualquier avalúo realizado o solicitado.

Que informe quién propuso incluir Playa Marlín.

Que exhiba los estudios jurídicos relacionados con la concesión.

Que revele las comunicaciones institucionales mantenidas con el concesionario y con cualquier persona física o moral que hubiera manifestado interés en adquirir el terreno.

Y que explique por qué se contempló desprender al municipio de un activo de semejante valor.

UNA CONTRADICCIÓN QUE NO PUEDE BORRARSE

Existe además una contradicción pública que merece explicación.

El 17 de julio de 2025 Ana Patricia Peralta reconoció que el terreno de Playa Marlín estaba entre los bienes analizados.

Días después, desde la comunicación oficial municipal se sostuvo que era falso que se pretendiera vender Playa Marlín.

Entonces, ¿qué ocurrió realmente?

Porque ambas versiones no pueden utilizarse simultáneamente para cerrar el asunto.

Si nunca estuvo contemplada su venta, que se publiquen los documentos que demuestren qué se discutió.

Y si sí estuvo contemplada, que se explique quién la propuso, con qué finalidad y quién podría resultar beneficiado.

¿Y QUIERE GOBERNAR QUINTANA ROO?

Aquí es donde Playa Marlín deja de ser únicamente una controversia municipal.

Ana Patricia Peralta aparece como una figura con posibilidades dentro de la sucesión política de Quintana Roo.

Y cuando alguien aspira a administrar un estado completo, su gestión municipal deja de ser un asunto local: se convierte en su carta de presentación.

Por eso la pregunta es legítima.

Si desde la Presidencia Municipal de Benito Juárez se puso sobre la mesa la posibilidad de desprenderse de patrimonio público estratégico ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de México, ¿qué podría ocurrir con el patrimonio de Quintana Roo si Ana Patricia Peralta llegara a gobernar el estado?

No es una sentencia.

Es una pregunta que nace de sus propios actos de gobierno.

Y la respuesta no debe darse con discursos, campañas de imagen ni publicaciones en redes sociales.

Debe darse con documentos.

Porque antes de pedirle a los quintanarroenses las llaves de todo el estado, Ana Paty tiene que explicar qué ocurrió con uno de los terrenos más valiosos de Cancún.

Playa Marlín puede convertirse en una prueba de transparencia para sus aspiraciones políticas.

Que abra el expediente.

Que diga quién propuso vender.

Que diga por qué.

Y que responda la pregunta que todavía falta:

¿PARA QUIÉN?

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Rafa Marín recorre el Tianguis de Prado Norte y convive con comerciantes

El recorrido se desarrolló entre comerciantes y familias, con quienes el político conversó y compartió parte de la jornada.

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Entre puestos, comerciantes y familias, Rafa Marín recorrió esta tarde y parte de la noche el Tianguis de Prado Norte, donde convivió con quienes diariamente dan vida a este tradicional espacio de comercio y encuentro en Cancún.

Durante la visita, fue recibido por María Bartola Maas Pech, integrante de la directiva de Tianguistas Azules, Asociación Autónoma Ciudadanos Mayas A.C., quien lo acompañó a lo largo del recorrido.

Marín aprovechó el encuentro para saludar a comerciantes y visitantes, además de conversar directamente con quienes acudieron al tianguis. En cada puesto conoció parte de las historias y experiencias de las familias que encuentran en esta actividad una fuente de sustento.

El recorrido se desarrolló en un ambiente de cercanía y diálogo, mientras comerciantes y visitantes compartieron con Rafa Marín sus impresiones sobre la vida cotidiana en esta zona de Cancún.

La visita también permitió reconocer el trabajo que realizan los tianguistas, quienes con su actividad contribuyen a la economía de numerosas familias y mantienen vigentes estos espacios populares de convivencia y comercio.

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UNAM volverá a aplicar de forma presencial su examen de admisión

La universidad detectó resultados atípicos y posibles casos de uso no autorizado de inteligencia artificial y apoyo externo durante la evaluación en línea.

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó regresar a la aplicación presencial de su examen de admisión, luego de identificar diversas irregularidades en el primer proceso realizado de manera completamente digital.

Entre los principales incidentes detectados por la institución se encuentran resultados considerados atípicos, además de situaciones en las que algunos aspirantes presuntamente utilizaron herramientas de inteligencia artificial sin autorización o recibieron apoyo de otras personas durante la prueba.

Ante este panorama, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, señaló que los exámenes de ingreso seguirán realizándose de forma presencial mientras no existan las condiciones suficientes para garantizar la seguridad, transparencia y confiabilidad de una evaluación totalmente en línea.

Para mantener esta modalidad sin dejar de aprovechar las herramientas tecnológicas, la máxima casa de estudios utilizará dispositivos electrónicos previamente cargados con el contenido del examen. Este sistema ya fue empleado anteriormente durante una prueba de control.

De acuerdo con la universidad, el esquema permitirá conservar la vigilancia presencial de las evaluaciones y, al mismo tiempo, facilitar que los aspirantes puedan presentar el examen desde distintas sedes.

Con esta decisión, la UNAM busca cerrar la puerta a prácticas que puedan alterar los resultados y fortalecer los mecanismos de seguridad en uno de sus procesos académicos más importantes.

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