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Ciencia aplicada en favor del pueblo de México: Conacyt

La directora general de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, presentó ante el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación el informe general de actividades 2022

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Frente al titular del Ejecutivo federal y presidente del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró la importancia de la ciencia aplicada, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, informó las acciones que han transformado, el sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en favor del bienestar de las personas.

En el Consejo General, Álvarez-Bullya Roces destacó el cambio de la política científica que se realiza bajo un enfoque de interés general, el principio de austeridad, de hacer más con menos, y con transparencia en el uso de los recursos públicos.

Con un trabajo que se gesta desde hace cuatro años, pero que en 2022 cristaliza más resultados importantes, presentó la cifra histórica de 128 mil personas dedicadas a las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación beneficiadas; además, con el nuevo Sistema de Nacional de Posgrados (SNP), en este año el Conacyt otorgó cuatro veces más becas de posdoctorado que en 2018, mediante un nuevo mecanismo directo y transparente, que apuntala la recuperación del posgrado público.

La titular del Conacyt resaltó la reconstrucción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por medio de un nuevo mecanismo plural que suma a 10 mil nuevas personas investigadoras en 2022 y presenta un aumento de más del 14 por ciento en su membresía, desde lineamientos que contribuyen a cerrar brechas de género y propiciar la inclusión territorial.

Álvarez-Buylla Roces añadió que a diferencia de 2017 y 2018, cuando no se destinó ni un solo peso, el actual Conacyt apoya con rigor a la ciencia básica que junto a la ciencia de frontera derivan en aplicaciones para atender los principales retos socioambientales del país y suman una inversión de $4,753 millones de pesos. De este modo, se impulsa una ciencia aplicada que transforma y que, de la mano del conocimiento, llega a los territorios a través de proyectos con incidencia en comunidades, como las del tiradero a cielo abierto “Las Matas”, en Minatitlán, Veracruz, donde se contribuye al saneamiento del suelo.

En cuanto al desarrollo tecnológico, afirmó que el país avanza hacia la consolidación de una nueva industria mexicana para salvar vidas, en estrecha cooperación con los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) coordinados por el Conacyt, los cuales desarrollan innovación médica de manufactura mexicana y con un alto potencial para generar ahorros al sistema de salud público en 2023.

Como ejemplo, Álvarez-Buylla Roces expuso el desarrollo y la fabricación de más de mil ventiladores Ehécatl 4T y Gätsi, que han servido para la atención de más de 18 mil 246 pacientes en hospitales públicos del país, así como otros dispositivos médicos mexicanos, tal es el caso de los concentradores de oxígeno y el monitor fetal Tlacali.

Con inversiones estratégicas y un enfoque humanista, México consolida esquemas para que la ciencia aplicada permanezca en áreas prioritarias, como la medicina, el ambiente, la salud, la justicia social y, en consecuencia, la paz de los pueblos.

Finalmente, la directora general del Conacyt explicó los pormenores de la primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual sentará las bases de una ciencia humanista que garantice a las y los mexicanos el goce de los beneficios derivados del avance científico y tecnológico.

El Conacyt sometió dicho proyecto de ley a una amplia discusión en diversos espacios de participación y consulta de la comunidad científica, académica y de tecnología e innovación, así como de distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Para su elaboración fueron tomadas en cuenta 49 iniciativas de ley en México, así como centenares de estudios legislativos en la materia que robustecen los fundamentos del proyecto.

En el CGICDTI participaron las y los titulares de las secretarías federales de: Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez; la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García; Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara; la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela; y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama.

Además, en su calidad de integrantes del Consejo estuvieron presentes los titulares del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet); de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); del Colegio de la Frontera Norte (Colef); del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi); del Instituto de Ecología (Inecol); de la Universidad de Colima; y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Del Conacyt asistieron: la directora adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Delia Aideé Orozco Hernández; el director adjunto de Desarrollo Científico, Andrés Eduardo Triana Moreno; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Raymundo Espinoza Hernández; el titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional, José Alejandro Díaz Méndez; el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Juan Francisco Mora Anaya; el coordinador de Comunicación, Horacio Tonatiuh Chavira Cruz; el director de Consulta y Estudios Normativos, José Antonio Ruíz Martínez; la directora de Estrategias y Procesos Jurídicos, Daniela Herrera Covarrubias; y la directora de Planeación y Evaluación, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas.

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Internacionales

Sheinbaum relaciona redadas del ICE con cambio del voto latino en Estados Unidos

Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre la posible relación entre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los resultados de las elecciones intermedias celebradas el pasado martes 3 de noviembre.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que las redadas migratorias y los actos de discriminación contra la comunidad latina en Estados Unidos pudieron influir en el cambio de preferencias electorales de una parte de este sector, que en los comicios de 2024 respaldó al Partido Republicano y ahora habría favorecido a candidatos demócratas.

Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre la posible relación entre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los resultados de las elecciones intermedias celebradas el pasado martes 3 de noviembre.

Al respecto, Sheinbaum consideró que las acciones contra personas migrantes por su origen étnico y color de piel pudieron influir en la decisión de los votantes latinos.

“Sí, es muy probable. No tengo el dato, pero es como lógico pensar que algo que influyó para que las y los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos votaran ahora por el Partido Demócrata, tuviera que ver con este racismo y al mismo tiempo redadas contra personas por su color de piel y por su origen étnico”, expresó.

La presidenta también señaló que algunos análisis sobre el comportamiento electoral muestran que una parte de los ciudadanos latinos, incluidos aquellos de origen mexicano que apoyaron a Donald Trump en 2024, cambiaron su preferencia política en los recientes comicios.

DEMÓCRATAS AVANZAN CON EL VOTO LATINO

Los resultados electorales representaron un cambio en el escenario político estadounidense, luego de que el Partido Demócrata consiguiera el control de ambas cámaras del Congreso, tanto la Cámara de Representantes como el Senado.

Como parte de este panorama, una encuesta de la organización UnidosUS reportó que el 67 por ciento de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes. Además, el 17 por ciento de quienes habían votado por Trump en 2024 apoyó esta vez a aspirantes de ese partido.

Sin embargo, el sondeo también identificó que las preocupaciones económicas tuvieron un peso importante en las preferencias de esta comunidad: el 58 por ciento mencionó el costo de vida y la inflación como sus principales inquietudes, mientras que el 27 por ciento señaló las políticas migratorias y las actuaciones del ICE.

REPORTAN 17 MEXICANOS FALLECIDOS EN OPERATIVOS O BAJO CUSTODIA

En este contexto, cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señalan que 17 mexicanos han fallecido en Estados Unidos desde 2025 durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

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Estados

INE multa con más de 1.1 mdp a partidos y proveedores

Durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el organismo electoral resolvió 18 procedimientos administrativos sancionadores y de queja. De ese total, 10 fueron declarados fundados y derivaron en multas económicas para los involucrados.

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones económicas por un total de un millón 177 mil 695 pesos contra partidos políticos, organizaciones que buscan convertirse en partidos nacionales y proveedores, luego de detectar diversas irregularidades en el manejo y la comprobación de recursos relacionados con actividades político-electorales.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves, el organismo electoral resolvió 18 procedimientos administrativos sancionadores y de queja. De ese total, 10 fueron declarados fundados y derivaron en multas económicas para los involucrados.

Entre los partidos señalados se encuentran Acción Nacional (PAN), Morena y el Revolucionario Institucional (PRI), además de la organización México Tiene Vida y diversos proveedores que incumplieron disposiciones en materia de fiscalización electoral.

De acuerdo con la revisión del INE, las irregularidades detectadas abarcan gastos que no fueron reportados, aportaciones prohibidas, omisiones en la presentación de informes financieros, datos incorrectos sobre operaciones económicas y falta de entrega de documentación requerida por la autoridad electoral.

También se identificaron incumplimientos relacionados con la recepción de aportaciones en especie por parte de organizaciones que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales.

BUSCAN FORTALECER LA TRANSPARENCIA

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Montaño Ventura, explicó que estas medidas tienen como finalidad garantizar que los actores políticos cumplan con sus obligaciones financieras y transparenten el origen y destino de los recursos que utilizan.

Señaló que una adecuada fiscalización contribuye a fortalecer la confianza ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que el instituto continuará supervisando el manejo de los recursos destinados a las actividades políticas y electorales.

Hasta el momento, el organismo no detalló los montos individuales de las multas correspondientes a cada partido, organización o proveedor sancionado.

INE APRUEBA 60 OFICINAS MUNICIPALES RUMBO A 2027

En la misma sesión, el Consejo General del INE también aprobó la instalación de 60 oficinas municipales en 21 entidades federativas y 44 distritos electorales federales, como parte de los preparativos para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Estos espacios tendrán como propósito fortalecer la presencia operativa del instituto en comunidades alejadas de las sedes distritales y facilitar las actividades de organización electoral.

Con esta medida, el organismo busca mejorar la atención y cobertura territorial durante los trabajos previos a los próximos comicios.

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Nacionales

Morena exige investigar contratos electorales por más de 2 mil millones de pesos

A través de un posicionamiento titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”, el partido acusó la existencia de una presunta red de complicidades que habría operado durante casi tres décadas mediante contratos millonarios relacionados con servicios y actividades electorales.

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena exigió investigar presuntas redes de corrupción en las instituciones electorales del país, luego de señalar que empresas vinculadas a un mismo grupo habrían obtenido contratos por más de 2 mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante los nueve años en que Lorenzo Córdova estuvo al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un posicionamiento titulado “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales”, el partido acusó la existencia de una presunta red de complicidades que habría operado durante casi tres décadas mediante contratos millonarios relacionados con servicios y actividades electorales.

Morena sostuvo que estas prácticas no fueron eliminadas con las reformas electorales posteriores a los comicios de 2006 y 2012, procesos que estuvieron marcados por denuncias de fraude y que, según el documento, motivaron exigencias ciudadanas para garantizar elecciones libres y democráticas.

Señalan contratos millonarios durante gestión de Córdova

Uno de los principales señalamientos del partido se concentra en el periodo de nueve años en que Lorenzo Córdova encabezó el INE.

De acuerdo con el posicionamiento, empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial habrían conseguido contratos por más de 2 mil millones de pesos con autoridades electorales locales durante ese periodo.

Para Morena, esta concentración de recursos públicos obliga a esclarecer quién autorizó las contrataciones, qué mecanismos de supervisión se utilizaron y quiénes resultaron beneficiados con las operaciones.

El partido también pidió que las investigaciones no se limiten a administraciones anteriores, sino que alcancen a las autoridades electorales actuales, con el propósito de revisar los procedimientos de contratación y determinar si existieron irregularidades.

En ese sentido, mencionó directamente a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, a quienes pidió explicar qué hicieron durante sus respectivas gestiones para evitar la concentración de contratos.

Morena cuestiona a promotores de la Marea Rosa

En otro apartado, el partido relacionó los señalamientos sobre las contrataciones con algunos de los personajes que impulsaron la Marea Rosa, movimiento que defendió la autonomía del INE bajo la consigna «¡El INE no se toca!».

Morena cuestionó que algunos de sus promotores ahora participen en el proyecto político SOMOS, donde, según el documento, coinciden figuras del antiguo régimen del PRI y el PAN, personajes provenientes de la izquierda y exintegrantes de la cúpula del organismo electoral.

El partido consideró contradictorio que algunos de estos actores se presenten como defensores de la democracia y la honestidad mientras, desde su perspectiva, siguen pendientes de esclarecerse los contratos millonarios y las presuntas redes de corrupción señaladas.

Piden investigar sin distinción de administraciones

En su pronunciamiento, Morena sostuvo que la autonomía del Instituto Nacional Electoral no debe utilizarse como argumento para impedir investigaciones sobre el manejo de recursos públicos.

El partido afirmó que las instituciones electorales deben garantizar elecciones libres, pero también transparentar sus contrataciones y permitir que las autoridades correspondientes revisen cualquier posible irregularidad.

Asimismo, rechazó que investigar posibles actos de corrupción represente un ataque a la democracia y sostuvo que la defensa de las instituciones también implica revisar cómo se utilizan los recursos públicos.

«La autonomía debe servir para garantizar elecciones libres, no para impedir que se investiguen los negocios realizados con recursos del pueblo», señaló el partido.

Finalmente, Morena llamó a esclarecer los señalamientos y determinar si existieron responsabilidades entre quienes participaron en las contrataciones.

El posicionamiento concluyó con una exigencia de transparencia y rendición de cuentas bajo la consigna: «¡El INE sí se investiga! Autonomía no es impunidad».

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