La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado de México firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de alfabetizar a 150 mil mexiquenses durante 2025. El acuerdo busca avanzar hacia la declaración de la entidad como territorio libre de analfabetismo, un compromiso impulsado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la firma del convenio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la alfabetización es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y colectivo. Expresó que el aprendizaje de la lectura y la escritura permite a las personas reflexionar sobre su lugar en el mundo, asumir responsabilidades y transformar su entorno a través del pensamiento crítico. “El lenguaje escrito nos permite comprender y analizar la realidad, y desde ahí, actuar para cambiarla”, señaló.

Delgado Carrillo recordó que la alfabetización tiene profundas raíces en la historia de México, citando a José Vasconcelos, quien hace más de 100 años impulsó las misiones culturales para erradicar el analfabetismo en el país. Este esfuerzo, dijo, se retoma con el gobierno actual, bajo la visión de construir una sociedad más justa e inclusiva.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que la educación es un derecho, no un privilegio. Reiteró su compromiso con la campaña “El Poder de Alfabetizar”, con la que se pretende reducir el rezago educativo en la entidad. La gobernadora invitó a servidores públicos y a la ciudadanía a unirse a este esfuerzo colectivo, anunciando la apertura de un aula de alfabetización dentro del Palacio de Gobierno para quienes aún no saben leer ni escribir.

En su intervención, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, señaló que la alfabetización es clave para que México alcance un verdadero bienestar social. Destacó que, aunque en los 43 años de existencia del INEA se han atendido a más de 31 millones de personas, aún persisten grandes desafíos, con más de 27 millones de mexicanos mayores de 15 años en rezago educativo, 4 millones de los cuales no saben leer ni escribir.

Contreras Castillo subrayó que el Estado de México enfrenta uno de los mayores desafíos en cuanto a rezago educativo, con cerca de 350 mil personas que no saben leer ni escribir y más de 2 millones que no han terminado la secundaria. El convenio firmado busca, en parte, reducir estas cifras en los próximos años.

Este convenio se alinea con el Plan de Desarrollo 2023-2029 del Estado de México, en el que se prioriza la alfabetización. A través de un modelo de colaboración entre el INEA, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Información del Estado de México (SECTI) y el SEIEM, se planea alcanzar a personas mayores de 15 años en toda la entidad, con el apoyo de 20 mil mediadores educativos comprometidos con la causa.

La campaña también ha sido respaldada por diversas organizaciones y voluntarios, quienes se han unido al proyecto para reducir el analfabetismo y asegurar que más mexiquenses tengan acceso a la educación básica.

La maestra Karely Guadalupe Herrera Briones, una de las alfabetizadoras que participará en el programa, expresó que la alfabetización es un medio para dar voz a quienes históricamente han sido marginados. “Leer y escribir no solo son herramientas de comunicación, son formas de arte, de expresión y de vida. No podemos negarles a nadie el acceso a ellas”, afirmó.

Con este convenio, el Estado de México se adentra en una nueva etapa en su lucha contra el analfabetismo, en la que se espera que más de 150 mil personas puedan acceder a la educación básica durante este año, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva.

San José, Costa Rica – Una delegación del Estado mexicano participó en la audiencia pública del caso «Ascencio Rosario y otra vs. México» ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La delegación estuvo conformada por representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, así como del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

Durante la sesión, se escucharon los alegatos presentados por los representantes legales de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano.

El Estado mexicano reconoció la gravedad de los hechos relacionados con la muerte de la señora Ernestina Ascencio en 2007 y aceptó su responsabilidad internacional por la violación a las garantías judiciales y al derecho a la salud. Además, aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento sin descartar ninguna línea de investigación o hipótesis. Estas diligencias se desarrollarán con perspectiva de género e intercultural, en apego a la política del Gobierno de México en favor del bienestar de las comunidades indígenas.

Asimismo, el Estado mexicano reiteró su compromiso con la defensa y respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, y reafirmó su voluntad de implementar acciones concretas para garantizar la justicia y la reparación integral a las víctimas.

La Corte IDH analizará las pruebas y argumentos presentados antes de emitir una resolución sobre el caso, la cual podría incluir medidas de reparación para las víctimas y obligaciones adicionales para el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, acusó este viernes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está violando la Constitución, luego de que el máximo tribunal del país rechazara las 995 candidaturas del Poder Judicial de la Federación (PJF) que le presentó el Senado de la República.

Durante la Conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que algunos ministros y ministras, quieren boicotear la elección judicial porque no están de acuerdo con la reforma en la materia.

“La Suprema Corte está violando la Constitución, ese es el problema, no es un asunto de opinión, la Suprema Corte es supuestamente es la última instancia de defensa de la Constitución, pero la Constitución es clarísima en la reforma al poder judicial y también es clarísima en el sentido de que el amparo no procede en el caso de cambios constitucionales” dijo.

Posteriormente cuestionó que “cómo es que el Tribunal Electoral, que es la última instancia dicha por la Constitución, debe garantizar la elección al Poder Judicial y la Corte dice otra cosa, sólo porque no están de acuerdo”.

Además advirtió que no puede haber una opinión personal por encima de la ley, y recordó que los ministros del máximo tribunal del país juraron defender la Constitución, por ello Sheinbaum añadió que la elección judicial se va a llevar a cabo sí o sí el próximo primero de junio, por lo que celebró que, a partir de septiembre, habrá una nueva Suprema Corte en nuestro país.