Continuando con nuestra investigación publicada en el artículo https://sandyaguilera.com/la-reddetras-de-los-contratos-en-sonora/ relacionada a contratos públicos otorgados a la empresa Urbanizadora de la Presa, S.A. de C.V., vinculada en la investigación con el empresario sonorense Carlos Benito Astiazarán Aguilar y su esposa Veatríz Campa Robles como sus reales accionistas, ahora se tiene información de una posible denuncia, que en corto plazo, se presentará ante autoridades nacionales e internacionales, exponiendo un presunto esquema de operación empresarial, fiscal y financiera, con la finalidad de evadir el correcto pago de impuestos e ingresar los recursos en efectivo al sistema bancario.

De acuerdo con la información y documentación obtenida, la señora Veatríz Campa Robles y los señores Carlos Benito Astiazarán Aguilar, Luis Fernando Astiazarán Tolentino, Alberto Astiazarán Pineda, así como los presuntos testaferros y/o operadores vinculados, entre ellos los señores Hedman Araujo Cortés y Leonel Araujo Cortés, serían los nombres señalados como beneficiarios directos de un esquema financiero relacionado con Urbanizadora de la Presa SA de CV, empresa que habría obtenido ingresos superiores a los $1,200 millones de pesos en contratos relacionados con el suministro de alimentos a Centros de Reinserción Social (CERESO) del Estado de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que presuntamente habría estado utilizando un esquema de triangulación o transferencia de utilidades, a través de la operación con sus proveedores, para no realizar el pago correcto de impuestos y recibir millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con la denuncia y la documentación analizada, el señor Hedman Araujo Cortés sería la persona encargada de recibir cantidades significativas de dinero en efectivo presuntamente no declaradas ante las autoridades fiscales. Según los señalamientos, parte de esos recursos habría sido canalizada, a través de personas de su confianza, hacia diversas sociedades mercantiles y operadores financieros que, a cambio de una comisión, realizarían transferencias a cuentas personales de los beneficiarios finales.

La denuncia sostiene que este mecanismo presuntamente habría sido utilizado para ocultar ingresos, reducir o evadir obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y financiar gastos personales, así como beneficios destinados a familiares, colaboradores cercanos y terceros relacionados.

Dichos documentos plantean la posible existencia de operaciones simuladas, pagos por asimilados a salarios, uso de empresas proveedoras con pérdidas fiscales recurrentes y movimientos financieros que podrían haber servido para dispersar recursos, ingresar efectivo al sistema financiero, adquirir activos, en operaciones tanto en México como en Estados Unidos.

Entre las empresas que, de acuerdo con la denuncia y la documentación fiscal revisada, presuntamente podrían operar bajo esquemas de simulación de operaciones y/o funcionar como sociedades utilizadas para la dispersión de recursos, destacan las siguientes: ESTRATEGIAS INTEGRALES ERLENDUR, S.C., con actividad principal en servicios de contabilidad y auditoría; DIRECTIVOS TALAP, S.C., dedicada a servicios de consultoría y administración; SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MAZEDA, S.A. DE C.V., cuyo giro corresponde a bufetes jurídicos; CORPORATIVO MONTOYA VEGA, S.A. DE C.V., dedicada a servicios de contabilidad y auditoría; HASDEK SERVICIOS, S.C., dedicada a servicios de consultoría y administración; SOLUCIONES INTEGRALES ASTUR, S.C.P., relacionada con servicios de bufetes jurídicos; y DIMTRO CONDUCCIÓN EMPRESARIAL, S.C., dedicada principalmente a servicios de contabilidad y auditoría. Ninguna de las empresas registra presencia pública o digital, y no fue posible localizar información corporativa, comercial o institucional verificable en internet respecto de sus operaciones, infraestructura, antecedentes empresariales o actividades económicas, solo DISEÑO ESTRUCTURADO INTEGRAL, S.C., fue posible localizar en internet referencias relacionadas con un litigio en materia administrativa. Estas empresas, que no registraban vinculación con el señor Carlos Benito Astiazarán Aguilar, Alberto Astiazarán Pineda y Luis Fernando Astiazarán Tolentino, empezaron a ser utilizadas y se estiman pagos acumulados por aproximadamente $40 millones de pesos, comenzando apenas unos meses después del inicio de las operaciones de Urbanizadora de la Presa SA de CV.

Dirección de la empresa ESTRATEGIAS INTEGRALES ERLENDUR, SC, según su Constancia de Situación Fiscal.

Dirección de la empresa DIRECTIVO TALAP, SC, según su Constancia de Situción Fiscal.

Después de ingresar los recursos a sus cuentas de cheques, el señor Carlos Benito Astiazarán Aguilar y su esposa Veatríz Campa Robles, presumiblemente procedieron a transferir los recursos a cuentas bancarias en Estados Unidos con el fin de realizar inversiones inmobiliarias, como se pueda observar en la propia escritura de compraventa a nombre de SECURE TITLE LATIN AMERICA INC; siendo entre los activos señalados se encuentra un inmueble ubicado en Puerto Peñasco, Sonora, identificado como Departamento B-1, Edificio Ocean View Villas B, Costa Divina.

Además, se cuenta con información relacionada con presuntas transferencias electrónicas de recursos de procedencia presumiblemente ilícita realizadas en cuentas de Estados Unidos a personas cercanas al entorno del actual Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, las cuales, de acuerdo con la denuncia y la documentación analizada, presuntamente habrían tenido como finalidad obtener favores, beneficios o influencias políticas indebidas.

Hasta el momento, los señalamientos descritos forman parte de denuncias y documentación que deberán ser investigada por las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en México, así como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la oficina para el Control de Delitos Financieros (FINCEN), el Departamento de Justicia (DOJ) y el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Estados Unidos, quienes serán las encargadas de determinar la veracidad de los hechos denunciados, la posible existencia de delitos y, en su caso, el grado de responsabilidad y participación de cada una de las personas involucradas.

De acuerdo con especialistas consultados, de acreditarse los hechos denunciados, estos podrían ser constitutivos de diversos delitos del orden federal, entre ellos operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, defraudación fiscal, uso de prestanombres, simulación de operaciones, fraude procesal, falsedad en declaraciones, corrupción, uso indebido del sistema financiero y posibles conductas ilícitas relacionadas con la contratación pública y el manejo de recursos de origen gubernamental. Por razones de seguridad y con el propósito de preservar la confidencialidad en la integración de posibles carpetas de investigación, se reserva por el momento la identidad de personal, proveedores y otras personas que presuntamente habrían intervenido en las operaciones referidas. Este medio buscó obtener la versión de las personas señaladas; sin embargo, al cierre de esta edición no se recibió respuesta. El espacio permanece abierto para cualquier aclaración, precisión o posicionamiento relacionado con los hechos aquí expuestos.