En conferencia de prensa matutina, la periodista del Grupo Larsa Comunicaciones, Sandy Aguilera cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los “horrores” cometidos por empresas internacionales que operan en México, las cuales definió como “depredadoras”.

La primera de ellas se trata de la empresa Iberdrola la cual se hace valer de las relaciones con jueces y magistrados, cooperación de funcionarios corruptos y el apoyo de ciertas instituciones financieras para triangular cuantiosas ganancias.

Mientras que en otro caso se encuentra la empresa Vitol, la cual durante el sexenio pasado corrompió a mandos medios de Pemex.

Esto con el objetivo de obtener contratos, convenios y asignaciones a cambios de sustanciosas dádivas o “reparto de utilidades”, situación que no hubiera salido a la luz pública de no haber sido investigada por las agencias anticorrupción norteamericanas.

En cuanto a la tercera historia, la periodista comentó sobre la empresa Costal Contracts, empresa originaria de Malasia, la cual cuenta con apoyo de jueces y magistrados, entre los que destacan los jueces federales Alejandro Dzib Sotelo y Guillermo Campos, así como el el Juez Local del juzgado 46 de la Ciudad de México, Silvestre Constantino Mendoza González.

Este último actúa aparentemente a la sombra del matrimonio de los magistrados Rafael Guerra y Verónica de Gives. Presidente del Supremo Tribunal de la Ciudad de México y su esposa, Consejera de la Judicatura.

Mencionó que en este caso se cuenta con el apoyo de corruptos y ambiciosos funcionarios de nivel medio de Pemex Exploración y Producción, quienes han ayudado a Costal Contracts a desviar en aparente contubernio con CIBanco más de 200 millones de dólares de las arcas mexicanas, al extranjero en detrimento de empresas así como de trabajadores mexicanos.

Esto afectaría al erario público, ya que con esas triangulaciones han evitado el correspondiente pago de impuestos. Finalmente, la última empresa señalada es la de Process Point Energy Services.

La cual, según la también reportera, recibió de manera sospechosa una asignación directa de mano de funcionarios petroleros de nivel medio pertenecientes a Pemex Exploración y Producción.

La contratación de marras es la denominada “ingeniería, adquisición, construcción, pruebas y puesta en marcha de la batería de separación Ixachi”. Asignación que ampara un monto aproximado de mil millones de dólares, lo cual equivale a más de veinte mil millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, gracias a valientes actuaciones del área de Compliance de Lloyd Bank por un lado, y a firmes denuncias de funcionarios del área jurídica corporativa de petróleos Mexicanos quienes se opusieron a ser cómplices se descubrieron que la fianza con la que iban a garantizar dicha adjudicación era apócrifa.

Cabe señalar que Pemex informó mediante un comunicado sobre el incumplimiento del consorcio Process Point Energy Services LLC relacionado a hechos que podrían ser constituidos como delitos o irregularidades administrativas.

El documento fue fechado al 27 de enero del 2022, esto debido a que la licitación fue realizada para la contratación del proyecto denominado “Ingeniería, adquisición, construcción, pruebas y puesta en marcha de la Batería de Separación Ixachi”.

Es por eso que decidieron actualizar la causal de no formalización del contrato.
Esto según lo establecido en el artículo 39 de las Disposiciones Generales de Contratación vigentes, donde se establece que no entregar las garantías que se requieren impiden que el participante adjudicado proceda con la suscripción del contrato.

Además de considerarse como “causa imputable”, y que con estas acciones las empresas se ubican dentro del supuesto contenido en la fracción III del artículo 10 “Impedimentos para considerar propuestas o celebrar contratos.

De igual forma con esto señalaron que dichas prácticas van en contra de los principios y buenas prácticas comerciales, con lo que se busca engañar para conseguir benecidios.

“El consorcio en cita, ha incurrido en incumplimientos significativos no solo con Pemex Exploración y Producción sino inclusive pudo haber incurrido en conductas constitutivas de delitos y/o en irregularidades administrativas”, expone el documento.