El Senado de la República aprobó en lo general, con 86 votos a favor y 42 en contra, una reforma constitucional que establece nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La modificación, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que las personas que busquen alguno de estos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana.

En caso de tener una nacionalidad extranjera, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos, de acuerdo con el dictamen aprobado.

La reforma contempla cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los requisitos para ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo federal y de los poderes ejecutivos locales.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido a los congresos estatales para continuar con el procedimiento de reforma constitucional. La modificación contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028, una vez que concluya el trámite legislativo correspondiente.

Durante la discusión, legisladores de oposición manifestaron su rechazo y señalaron que la medida podría limitar la participación política de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de quienes forman parte de comunidades migrantes en Estados Unidos y otros países.

Desde la oposición también se cuestionó que una nacionalidad adquirida legalmente, incluso desde el nacimiento, pueda convertirse en una condición para acceder a determinados cargos de elección popular. Estas posturas fueron expresadas durante el debate parlamentario.

Por su parte, los impulsores de la reforma han argumentado que el requisito busca establecer un vínculo jurídico exclusivo con México para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales.

De esta manera, la reforma entra ahora en una nueva etapa de revisión en las legislaturas estatales, como parte del proceso necesario para modificar la Constitución.

Santiago Nieto Castillo se pronunció a favor de la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo en Querétaro y planteó al Partido Acción Nacional (PAN) abrir un debate público sobre el tema de cara a la ciudadanía.

Durante su pronunciamiento, Nieto Castillo propuso que el partido blanquiazul establezca una fecha para discutir públicamente la iniciativa en el Congreso del estado, con la intención de que el tema sea analizado de manera abierta ante la sociedad queretana.

El político sostuvo que la discusión debe abordarse desde las perspectivas de salud pública y derechos humanos, particularmente en relación con las mujeres y adolescentes de la entidad.

En ese sentido, señaló que el debate sobre la interrupción legal del embarazo debe considerar las condiciones en las que las mujeres acceden a servicios de salud y los efectos que, de acuerdo con su postura, puede tener la criminalización de estas prácticas.

El planteamiento se da en un contexto en el que el tema volvió a ocupar espacio en la agenda pública de Querétaro con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, jornada durante la cual colectivas feministas realizaron una movilización en la capital del estado para exigir, entre otras demandas, la despenalización del aborto y el acceso a servicios de interrupción del embarazo.

Nieto Castillo llamó a llevar la discusión al Congreso local y a que las distintas posiciones puedan exponerse públicamente, en medio del debate que se mantiene en torno a la legislación estatal.

La postura del político también se enmarca en pronunciamientos previos en los que ha señalado la necesidad de discutir la interrupción legal del embarazo en Querétaro y armonizar la legislación local con criterios relacionados con los derechos de las mujeres.

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno federal informó sobre nuevos avances en la investigación, entre ellos un análisis de registros telefónicos correspondientes a 2014 y 2015, el cual permitió identificar patrones de comunicación que no habían sido explorados anteriormente.

De acuerdo con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, fueron identificadas 17 personas, entre particulares y presuntos integrantes de los grupos delictivos Guerreros Unidos y Bélicos.

El análisis busca establecer quién se comunicó con quién, en qué momentos y con qué frecuencia, además de identificar posibles vínculos entre servidores públicos, policías y personas relacionadas con grupos delictivos.

El subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, informó que continúa la solicitud de extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Señaló que el pasado 14 de septiembre se llevó a cabo una reunión con personal de la Embajada de Israel para dar seguimiento al procedimiento.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación reportó que existen 162 expedientes relacionados con el caso: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.

Asimismo, indicó que 168 personas están vinculadas a proceso; de ellas, 130 permanecen en prisión y 38 se encuentran en prisión preventiva.