La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que presentó datos de prueba ante un Juez de Control y obtuvo la vinculación a proceso de Wilfredo “N” por su probable participación en la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos del delito de acoso sexual agravado en perjuicio de una víctima menor de edad.

De acuerdo con los primeros actos de investigación, el 3 de diciembre del año en curso, cuando la víctima menor de edad jugaba afuera de su casa, ubicada en calles de la colonia David Gustavo Gutiérrez de este municipio, se le acercó el imputado, quien la jaló de un brazo, diciéndole que dejara tocarla y enamorarla, pero gracias a la intervención de la mamá y de vecinos, pudo evitarse.

Tras la detención del imputado, la representación social, con base en la denuncia, inició la carpeta de investigación en la que reunió los elementos necesarios que le permitieron judicializarla.

En audiencia, un Juez de Control valoró los datos aportados, por lo que decretó de legal la detención y vinculó a proceso a Wilfredo “N” por su probable participación en la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos del delito de acoso sexual agravado.

Del mismo modo, el órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada o el tiempo que dure el proceso.

Abogados defensores de una mujer presunta víctima de corrupción en el Poder Judicial hacen un llamado al gobierno estatal para que detenga los abusos que presuntamente comete Rafael Martínez Ramírez que a decir del litigante se dedica a ordenar a jueces tomar casos y girar órdenes de aprehensión violando todos los procedimientos legales como ocurre con su defendida.

“Creemos que es momento ya que el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro ponga un alto a su ex cuñado, Rafael Martínez Ramírez de los abusos que está cometiendo, manipulando y usando a su favor a miembros del Poder Judicial y perjudicando a quienes sus intereses convienen”, denunció el abogado Rodrigo Gurza Cárdenas. 

“Rafael Martínez ordena a Jueces a tomar casos, los hace girar órdenes de aprehensión y aun violando procedimientos, reglas y manuales judiciales, los hace conocer los asuntos aún fuera de turno y horario”, añadió.

El abogado señaló que la cadena de mando que sigue Rafael Martínez Ramírez es a través de Carlos Arias Madrid, ex integrante del Consejo de la Judicatura de Jalisco y de Daniel Islas Ornelas alias “El Cobra”, quienes operan con diversas autoridades del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial, para manipular expedientes y casos de su interés para conseguir fallos a modo, en favor de amigos o en contra de enemigos, lo que significa ganancias millonarias y puede llegar a perjudicar a personas incluso con cárcel.

Derivado de estos hechos es que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del Juez Noveno de Control y Oralidad de Puente Grande, licenciado JORGE ANTONIO NAVA PÉREZ; RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ (Secretario general del ayuntamiento de Zapopan); CARLOS ARIAS “N” (ex integrante del Consejo de la Judicatura de ese Estado); DANIEL ISAI SALAS ORNELAS alias “El Cobra” y ABEL MARTÍNEZ “N” (administrador del Centro de Justicia de los Juzgados de Control y Oralidad de Puente Grande).

Comentó que su clienta Manuela De León Chinchilla, cayó en manos de esta red de corrupción y en estos momentos se encuentra privada de su libertad de manera totalmente ilegal y arbitraria, por un delito que no cometió.

“La Señora Manuela de León Chinchillas está siendo víctima de estos corruptos que controlan gran parte del Poder Judicial de Jalisco. Ella se encuentra en un litigio tras denunciar a un socio de nombre Francisco José Vizcaíno Gutiérrez, por administración fraudulenta de un grupo de empresas gaseras”, señaló.

Sin embargo, valiéndose de argucias legales y de falsedades, armaron una carpeta de investigación en Jalisco y con la complicidad de autoridades de la Fiscalía de Jalisco y del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el 1º de diciembre, detuvieron en la Ciudad de México a la señora Manuela para traerla a Guadalajara, bajo el falso cargo de Fraude Procesal.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) transfirió el control y gestión del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Lo anterior, fue anunciado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), representa un paso significativo en la consolidación de la participación del gobierno federal en la infraestructura aeroportuaria.

Bajo el marco del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, la asignación busca fortalecer la infraestructura aeroportuaria, priorizando el desarrollo regional y la conectividad territorial.

En este contexto, la Sedena asume un papel preponderante al controlar el 99% de la nueva entidad designada como Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Se detalló que la estructura accionaria de este grupo refleja la participación mayoritaria de la Sedena, con un 1% adicional perteneciente al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

El Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, con esta nueva administración, se proyecta como un elemento estratégico para impulsar la conectividad y el crecimiento en la región, en concordancia con la visión de largo plazo delineada por la SICT.