El Congreso de Nayarit (oeste de México) despenalizó este viernes el aborto voluntario, convirtiéndose así en el estado número 20 en eliminar el delito del Código Penal local, hasta las 12 semanas gestación.

Con 17 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el legislativo de Nayarit aprobó el dictamen propuesto por el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que deroga los artículos del Código Penal que criminalizan la interrupción del embarazo.

«Estamos en una época histórica de México, de manera democrática se eligió a la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la lucha por la igualdad de género debe continuar con pasos firmes y decididos, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde», señala el dictamen que califica el aborto como «un asunto de elemental justicia».

La reforma responde a la resolución judicial en 2024 de un amparo por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que determinó inconstitucional penalizar la interrupción del embarazo por decisión voluntaria de la persona gestante.

En agosto pasado, el tribunal ordenó al Congreso de Nayarit derogar los artículos 370, 371 y 372 del Código Penal estatal, que criminalizaban esta práctica, antes de finalizar el 2024.

El fallo señaló que penalizar el aborto constituye «un acto de violencia y discriminación de género, reduciendo a las mujeres y personas gestantes a un objeto cuyo único fin es la procreación».

Sin embargo, el dictamen y discusión han sido retrasados, en medio de objeciones de algunos legisladores y reclamos de grupos provida, quienes han amenazado con escalar sus protestas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CDIH).

Cerca de cinco años después de separarse de su ex pareja, Edgar González Peredo, hijo del notario y profesor de la Libre de Derecho Cecilio González Márquez, Mafer Turrent enfrenta una compleja batalla legal marcada por denuncias y medidas cautelares impuestas por las autoridades. 

En un comunicado reciente, Turrent explicó que decidió mudarse a Veracruz con sus padres para protegerse a sí misma y a sus hijos, tras tener indicios de que Edgar intentaría quedarse nuevamente con los menores. Según Turrent, Edgar y sus abogados, pertenecientes al despacho ND Abogados —el mismo que representa a los acusados de violación en el caso de Amande— han presentado múltiples denuncias en su contra, incluyendo fraude procesal, retención de menores, violación de correspondencia y falsedad en declaración. 

De estas denuncias, dos han sido judicializadas. En uno de los casos, Mafer fue vinculada a proceso, enfrentando un juicio en curso. Las medidas cautelares impuestas incluyen presentarse mensualmente a firmar en la Ciudad de México, la retirada de su pasaporte y visa, y la prohibición de realizar actos que puedan considerarse intimidatorios hacia Edgar. 

Este 22 de enero de 2025 se llevará a cabo una audiencia por la acusación de “retención de menores,” en la que Mafer podría enfrentarse a la solicitud de prisión preventiva, un escenario que incrementa la tensión en el caso. 

La situación ha polarizado la opinión pública, generando muestras de apoyo hacia Turrent y cuestionamientos sobre el papel del sistema judicial. Este conflicto reaviva el debate sobre la violencia familiar y la importancia de abordar estos casos con perspectiva de género, protegiendo tanto a las mujeres como a los menores involucrados. 

El desenlace de la audiencia será decisivo en este caso que sigue siendo objeto de atención mediática y social, subrayando los retos que enfrentan las mujeres al buscar justicia en contextos de violencia.

A través de un video difundido en redes sociales captó el momento en que agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvieron a un hombre identificado como Francisco Javier Valdivia tras confundirlo con otra persona.

El suceso ocurrió el pasado 16 de enero en las inmediaciones del bulevar Sánchez Pontón y la zona de Plaza Dorada.

En dicho video se  observa a Francisco Javier, vestido con pantalón de mezclilla y playera tipo polo azul marino, siendo sometido en el suelo por un agente de complexión robusta que lo sujetaba del hombro y la mano. El hombre, visiblemente asustado, pedía ayuda a las personas alrededor, mientras otro agente, que vestía camisa blanca, realizaba llamadas telefónicas.

Mientras los testigos cuestionaron la legalidad de la detención y exigieron a los ministeriales que mostraran una orden de aprehensión con el nombre del detenido. Durante el incidente, los agentes preguntaron al hombre si era Ernesto Javier, a lo que este respondió reiteradamente que no era la persona que buscaban.

Tras los varios minutos y la presión de los presentes, decidieron mostrar una fotografía de su objetivo: «No es él», se escucha en la grabación.

Aunque, Francisco Javier permaneció en el suelo por algunos minutos más antes de ser liberado. Uno de los agentes intentó disculparse y ayudarlo a levantarse, pero el ciudadano rechazó el gesto.