La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, notificó al Senado de la República su salida del país para realizar una visita de trabajo en Barcelona, España, donde sostendrá encuentros con su homólogo Pedro Sánchez y con mandatarios de América Latina.

El viaje de la mandataria federal se realizará del 16 al 19 de abril, con el objetivo de participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, un encuentro de líderes internacionales convocado en la ciudad española.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la comunicación oficial en la que se detalla la salida de la titular del Poder Ejecutivo federal, en cumplimiento de los artículos 76 y 88 de la Constitución.

De acuerdo con la información presentada ante la Cámara Alta, Sheinbaum Pardo atenderá una invitación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el marco de la cumbre internacional que reunirá a distintos jefes de Estado.

Entre los asistentes previstos se encuentran los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; y Yamandú Orsi, de Uruguay, además del propio jefe del Gobierno español.

La mandataria ha señalado que su participación en el encuentro se limita a una estancia breve, con actividades concentradas en un solo día de trabajo en Barcelona, tras lo cual regresará al país el 19 de abril, según lo informado al Senado.

El documento entregado a la Cámara Alta establece que, una vez concluido el viaje, se enviará un informe con los resultados y acuerdos alcanzados, conforme a lo dispuesto en el marco constitucional.

Este será el primer viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a Europa y también la primera visita de un presidente mexicano a España en los últimos ocho años, en un contexto de reactivación del diálogo político bilateral.

En el marco de la relación entre ambos países, la mandataria mexicana ha impulsado gestos de acercamiento diplomático, incluida una invitación al rey Felipe VI para asistir al Mundial de futbol que se celebrará en territorio mexicano.

A más de 15 años del operativo policial en San Salvador Atenco en 2006, México aún no ha fincado responsabilidades penales a mandos superiores, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena investigar la cadena de mando en casos de violaciones graves a los derechos humanos.

En 2018, la Corte Interamericana resolvió el caso “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México”, donde determinó que se cometieron tortura sexual, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. La resolución estableció que el Estado debía investigar y sancionar a todos los responsables, incluidos los niveles superiores de decisión.

No obstante, hasta la fecha, las investigaciones se han centrado en mandos operativos, sin que existan procesos penales concluyentes contra altos funcionarios o información pública que detalle avances significativos en esa línea.

La actuación de autoridades de alto nivel, entre ellas el entonces procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida, permanece bajo escrutinio. Documentos consultados por este medio revelan la existencia de carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en el uso del sistema de justicia en otros casos, incluso dirigidos a personas vulnerables, como adultos mayores.

Aunque estos documentos no constituyen por sí mismos determinaciones judiciales, sugieren posibles patrones de actuación institucional que podrían requerir investigación más profunda por parte de las autoridades competentes. Especialistas en derechos humanos advierten que la falta de investigación sobre la cadena de mando perpetúa la impunidad y refleja un problema estructural dentro de las instituciones de procuración de justicia.

Organizaciones civiles han señalado que el cumplimiento de la sentencia internacional sigue siendo parcial, especialmente en lo referente a la sanción de altos mandos. Los nuevos elementos documentales generan interrogantes sobre la continuidad de las investigaciones, el seguimiento de las carpetas existentes y la posible existencia de prácticas sistemáticas de uso indebido del sistema de justicia.

El caso Atenco continúa siendo un referente de violencia de Estado y de los desafíos que enfrenta México para cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La combinación de la sentencia internacional y la aparición de nuevos indicios vuelve a situar en el debate público la necesidad de garantizar justicia sin excepciones ni niveles intocables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que fortaleció acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos para combatir una red vinculada con la operación ilícita de casinos en Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— relacionados con actividades en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, por su presunta vinculación con el Cártel del Noreste.

Investigación financiera

En el ámbito nacional, la UIF realizó análisis financieros, fiscales y corporativos de los involucrados, identificando la operación de establecimientos bajo una misma estructura empresarial.

Asimismo, detectó transferencias internacionales hacia distintas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados.

También se identificaron movimientos relevantes de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Posibles irregularidades

El informe señala posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias, así como operaciones financieras que no guardan proporción con los ingresos declarados.

Además, se detectaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Acciones legales

Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos financieros.

De manera complementaria, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación para proceder a la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.

Coordinación internacional

Las autoridades destacaron que estas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, buscan fortalecer el control del sistema financiero, limitar el acceso a recursos y cerrar espacios utilizados para la dispersión de capitales ilícitos.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de mantener la coordinación con instancias nacionales e internacionales, en apego a estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero.