Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años cobrarán esta semana su primer apoyo económico.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional de este martes 18 de noviembre de 2025, Montiel Reyes dio detalles de qué día recibirán su primer pago de dicho apoyo social quienes se registraron en agosto 2025, y que apenas recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en octubre.

Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que consta de tres mil pesos, se realizarán entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025.

En estos días de noviembre se llevarán a cabo los depósitos:

• Letra A, B, C, D: martes 18 de noviembre de 2025.
• Letras E, F, G, H, I, J, K: miércoles 19 de noviembre de 2025.
• Letras L, M, N, Ñ, O, P, Q: jueves 20 de noviembre de 2025
• Letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 21 de noviembre de 2025.

A partir del día que indique este calendario de pagos, las nuevas beneficiarias de este programa podrán acudir a los bancos a retirar su dinero.

Después de este primer pago, las mujeres de 60 a 64 años recibirán su apoyo económico conforme lo indique el calendario del Bienestar que anuncia cada dos meses la titular del Bienestar.

“Nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum) se comprometió a que antes de que terminara el año se realizaría esta dispersión, y es este mes de noviembre donde recibirán estas dos millones de mujeres su apoyo, y en adelante ya estarán incorporadas con los demás programas para que en enero (de 2026) cobren en el conjunto que ya viene cobrando bimestralmente”, indicó Montiel Reyes.

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó una Línea de Crédito Flexible (LCF) de 24.000 millones de dólares para México por dos años más, «lo que constituye un reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas», indicaron este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México.

«A solicitud de las autoridades mexicanas, el nivel de acceso pasó de 300 % a 200 % de la cuota de México en el FMI», señalaron ambas instituciones en un comunicado y apuntaron que el 13 de noviembre el directorio ejecutivo del FMI dio su autorización.

La LCF es un instrumento de carácter precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa así las herramientas de las autoridades mexicanas para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.

En su evaluación, el directorio ejecutivo del FMI destacó que México continúa «cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios» para acceder —de ser necesario y sin condicionalidad— a los recursos disponibles a través de este instrumento.

Además, el FMI resaltó que México «mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos y un historial consistente de políticas económicas prudentes, tales como finanzas públicas sanas, una trayectoria de deuda sostenible y un marco sólido de política monetaria y cambiaria».

El organismo también reconoció que la supervisión y la regulación financiera son eficaces, lo cual fortalece la resiliencia del sistema y la estabilidad macroeconómica.

De tal forma que, considerando el balance de riesgos del entorno económico global, los fuertes fundamentales macroeconómicos y financieros, así como la menor exposición de México, en caso de una reversión de flujos de capital ante la materialización de riesgos externos, las autoridades mexicanas decidieron continuar con la «estrategia gradual y ordenada de salida y reducir el nivel de acceso de la LCF».

En consecuencia, la Comisión de Cambios solicitó una nueva LCF por dos años más, con un nivel de acceso menor, equivalente a 17.825 millones de derechos especiales de giro, esto es, aproximadamente 24.000 millones de dólares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves una serie de amparos presentados por empresas del Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, y dejó firmes diversas sentencias que en conjunto suman más de 48 mil millones de pesos en adeudos fiscales.

En la resolución más relevante, el Pleno confirmó que Grupo Elektra deberá pagar más de 33 mil 300 millones de pesos, monto que representa la deuda fiscal más alta que enfrenta el consorcio.

Por unanimidad, las ministras y ministros determinaron que era procedente una reclamación presentada por autoridades hacendarias para que la Corte retomara el análisis del amparo promovido por la compañía contra el juicio administrativo que ordenaba el pago. Con esta decisión, quedó firme la sentencia que establece un adeudo exacto de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, resultado de ISR no cubierto, recargos, multas y actualizaciones.

En una segunda resolución, también aprobada por unanimidad, la Corte desechó el amparo 5654/2024 tramitado por Elektra para evitar el pago de mil 431 millones 466 mil 606 pesos correspondientes a créditos fiscales derivados de los ejercicios 2008 y 2009. La ministra ponente, Yasmín Esquivel, concluyó que la revisión solicitada por la empresa no cumplía con los requisitos legales. En este caso, la ministra Lenia Batres no participó debido a un impedimento previamente aprobado.

Posteriormente, el Pleno confirmó otra sentencia que obliga a Elektra a cubrir 2 mil 004 millones 761 mil 834 pesos, luego de admitir una reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que buscaba frenar otro amparo interpuesto por el consorcio.

En una cuarta resolución, la Corte también desechó un amparo relacionado con el crédito fiscal de mil 603 millones 813 mil 882 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal 2012. Al igual que en otros casos, se consideró que los argumentos de la empresa no eran suficientes para reabrir el juicio.

El Pleno también abordó un recurso promovido por TV Azteca, que buscaba evitar el pago de 2 mil 447 millones 748 mil 540 pesos. La televisora alegó irregularidades procesales; sin embargo, las ministras y ministros concluyeron que los agravios no justificaban conceder el amparo, por lo que quedó firme la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Finalmente, en la sexta resolución, la Corte confirmó el pago de 4 mil 900 millones de pesos por otro crédito fiscal derivado de la deducción de pérdidas en la venta de acciones. El monto originalmente reclamado ascendía a 4 mil 916 millones 792 mil pesos, pero la Corte dio por válida la reclamación de la SHCP para impedir que avanzara el amparo de Elektra.