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Fortalecen derechos de las mujeres rurales en México con nuevas medidas jurídicas

Durante la entrega de los primeros 20 certificados agrarios, la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Griselda Martínez Vázquez, destacó que, inicialmente, el objetivo era entregar 150 mil certificados, pero que la meta se ha incrementado a 250 mil

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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en conjunto con varias dependencias gubernamentales, ha puesto en marcha un grupo de trabajo interinstitucional para garantizar los derechos de las mujeres rurales y combatir la violencia política y de género en las comunidades agrarias.

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, se presentó un avance significativo en la implementación del compromiso 53 de los 100 compromisos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este sentido, la Sedatu, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Tribunal Superior Agrario, la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) formaron un frente común para mejorar la situación jurídica y patrimonial de las mujeres del campo, especialmente las ejidatarias y comuneras, que históricamente han enfrentado brechas de desigualdad.

El compromiso de estas instituciones es entregar más de 250 mil certificados agrarios a mujeres en los 32 estados del país, con el fin de darles certeza jurídica sobre su patrimonio. Esta medida forma parte de un plan más amplio que también busca eliminar leyes discriminatorias y garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres en el ámbito agrario y rural.

Durante la entrega de los primeros 20 certificados agrarios, la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Griselda Martínez Vázquez, destacó que, inicialmente, el objetivo era entregar 150 mil certificados, pero que la meta se ha incrementado a 250 mil. “Aunque parece un número pequeño, nuestro trabajo es llegar a esas mujeres y darles la certeza jurídica patrimonial. Esto se logra fortaleciendo el trabajo en territorio”, señaló Martínez Vázquez.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Claudia Dinorah Velázquez González, celebró el esfuerzo conjunto entre las diversas instituciones, señalando que este tipo de colaboración es clave para reducir las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales. Sin embargo, advirtió que aún queda mucho por hacer, mencionando que si el progreso actual se mantiene, se necesitarán hasta 286 años para cerrar las brechas en materia de protección legal y eliminar leyes discriminatorias, y al menos 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales.

En su intervención, Citlalli Hernández Mora, próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, también resaltó los avances conseguidos en los últimos años, mencionando que más de 15 mil juicios sucesorios a favor de mujeres rurales e indígenas se han realizado con éxito. Afirmó que el gobierno continuará trabajando de manera conjunta con las organizaciones y las mujeres rurales para fortalecer sus derechos y protegerlas contra la violencia.

Además de los esfuerzos para garantizar certeza jurídica a las mujeres rurales, se está promoviendo la firma de un convenio para que las mujeres ejidatarias e indígenas tengan un acceso más equitativo a la justicia agraria. Larisa Ortiz Quintero, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, subrayó que la justicia agraria debe ir más allá de un simple cumplimiento legal y debe ser accesible, pronta e itinerante para garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación.

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Sedatu y Gobierno de San Luis Potosí Firman Convenio para Implementar el Programa de Vivienda para el Bienestar

La directora general de Política de Vivienda de Sedatu, Silvia Circe Díaz Duarte, explicó que dentro de este programa se contempla la construcción de 13,450 viviendas nuevas para derechohabientes del Infonavit

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En un esfuerzo conjunto para mejorar las condiciones habitacionales en el estado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el gobierno de San Luis Potosí firmaron un convenio de colaboración para la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB). Esta iniciativa busca beneficiar a las familias más vulnerables de la entidad, con un total de 30,450 acciones de vivienda durante este sexenio.

La directora general de Política de Vivienda de Sedatu, Silvia Circe Díaz Duarte, explicó que dentro de este programa se contempla la construcción de 13,450 viviendas nuevas para derechohabientes del Infonavit, 9,000 viviendas para no derechohabientes a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), y la entrega de 8,000 escrituraciones en todo el estado.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que, según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, San Luis Potosí enfrenta una necesidad de 135,000 viviendas, pero solo se producen 1,700 viviendas anuales aptas para crédito Infonavit o bancario, y de esas, apenas el 0.4% son accesibles para trabajadores con uno o dos salarios mínimos.

Por su parte, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez, subrayó la importancia de agilizar los trámites relacionados con el uso de suelo y las licencias de construcción, a fin de acelerar el proceso de edificación de viviendas. Mencionó que la colaboración entre los gobiernos locales y federales ha permitido la donación de terrenos para facilitar la construcción de viviendas más asequibles.

El gobierno de San Luis Potosí, representado por Christian Sánchez Sánchez, director general del Instituto de Regularización y Vivienda Social, expresó que el PVB es un paso fundamental hacia el bienestar de los potosinos, resaltando que el programa no solo se enfoca en la construcción, sino en la mejora integral de la calidad de vida de los habitantes.

Este convenio es parte del compromiso del Gobierno de México para seguir impulsando políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, en especial para las poblaciones más vulnerables de San Luis Potosí.

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México Refuerza Estrategia Legal contra Fabricantes y Vendedores de Armas en EE.UU.

En paralelo, los avances en el litigio en Arizona también fueron discutidos. Esta segunda demanda, interpuesta en 2022 contra cinco tiendas en el estado fronterizo, ha alcanzado una nueva etapa que permitirá recabar más evidencia en el caso

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El Gobierno de México continúa consolidando su estrategia legal para enfrentar el tráfico ilícito de armas, enfocándose en demandar a fabricantes y vendedores en Estados Unidos que facilitan el flujo de armas hacia su territorio. En este contexto, el consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo una reunión de trabajo en Washington D.C. con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y Steve Shadowen, abogados que representan al país en las demandas interpuestas contra empresas armamentistas.

El encuentro tuvo como objetivo principal la preparación de la audiencia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, donde se analizará si las compañías demandadas pueden invocar inmunidad legal, a pesar de que sus prácticas comerciales supuestamente contribuyen al tráfico ilegal de armas hacia México. Esta audiencia forma parte de la demanda presentada por el gobierno mexicano ante una corte federal en Massachusetts en 2021.

En paralelo, los avances en el litigio en Arizona también fueron discutidos. Esta segunda demanda, interpuesta en 2022 contra cinco tiendas en el estado fronterizo, ha alcanzado una nueva etapa que permitirá recabar más evidencia en el caso.

La estrategia legal se complementa con la denuncia de las negligentes prácticas comerciales de algunas empresas que, a pesar de conocer las consecuencias de sus actos, continúan comercializando armas de fuego que, según estimaciones de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU., terminan siendo traficadas ilegalmente hacia México, con un promedio anual de 200,000 armas. Este fenómeno contribuye al fortalecimiento del crimen organizado y a la violencia en el país.

El Gobierno de México reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la lucha contra el tráfico ilícito de armas mediante acciones legales a nivel nacional, regional y global. La estrategia integral busca reducir el flujo de armamento que perpetúa la violencia en territorio mexicano.

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Hospital General de México celebra 120 años de servicio y excelencia médica

Durante la década de 1960, el 75% de los médicos en México egresaron de esta institución, consolidando su papel en la formación de especialistas

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El Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga» conmemora su 120 aniversario como una de las instituciones de salud más importantes del país. Desde su inauguración el 5 de febrero de 1905, este hospital ha sido un referente en asistencia médica, docencia e investigación, brindando atención de calidad a la población más necesitada sin distinción de edad, género, nacionalidad o creencias religiosas.

La directora general del hospital, Alma Rosa Sánchez Conejo, destacó la trayectoria del nosocomio como semillero de profesionales de la salud y cuna de los Institutos Nacionales de Salud y de Especialidades Médico-Quirúrgicas. Durante la década de 1960, el 75% de los médicos en México egresaron de esta institución, consolidando su papel en la formación de especialistas. Actualmente, el hospital ofrece 85 especialidades y cada año titula a 380 médicos provenientes de México y otros países de América Latina.

En el ámbito de la investigación, el hospital cuenta con un equipo de 79 especialistas que generan más de 200 publicaciones anuales, fortaleciendo el conocimiento médico. Asimismo, ha incorporado tecnología de vanguardia, como angiógrafos para emergencias cardíacas y un quirófano híbrido que permite realizar procedimientos complejos de manera simultánea con equipos multidisciplinarios de alta especialidad.

En 2024, el HGMEL registró más de 800 mil consultas y cerca de 34 mil procedimientos quirúrgicos, de los cuales el 62% correspondió a alta especialidad. También se realizaron 52 trasplantes de hígado, 29 renales, 27 de córnea, uno de corazón y 100 procuraciones de órganos, beneficiando a numerosos pacientes.

Actualmente, el hospital opera con una plantilla de 7,300 trabajadores, entre ellos 850 médicos, 2,400 enfermeras y personal técnico-administrativo. Como parte de su evolución, la Secretaría de Salud y el director del hospital, David Kershenobich, impulsan un proyecto de modernización para mejorar su infraestructura y calidad en la atención.

En el marco de esta conmemoración, la doctora Sánchez Conejo reconoció la labor del personal del hospital y subrayó el compromiso de la institución para seguir innovando en salud, formación académica e investigación, con la misión de continuar siendo un pilar en la atención médica del país.

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