El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 no está cerrado, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego del informe que presentó la Comisión de Verdad.

La actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables, se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas”, afirmó.

Expuso que “desde que estábamos en campaña, sostuve que si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos en vez de debilitarlo y darlo a conocer, se fortalecía a la institución. Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción, impunidad, eso sí debilita a las instituciones”.

El mandatario federal indicó que insistirán en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, porque el caso no está cerrado.

Afirmó que por mucho que duela se debe decir la verdad en el caso Ayotzinapa, por lo que difundirá el informe completo y los anexos en las redes sociales.

Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada”, aseguró.

Se exhibirán todas las pruebas y aunque se debe cuidar el debido proceso, es un asunto de Estado, entonces lo del debido proceso tiene que ver con lo jurídico, con lo legal pero el dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia, un gobierno democrático no puede ocultar nada”.

Es algo muy triste, mucho muy doloroso, para los padres, para las madres, escuchar el informe pero dijimos, desde el principio, hablar con la verdad por dolorosa que fuese, los abrazamos, no así de manera directa pero sí les expresé mi dolor, mi tristeza”, afirmó.

El presidente ayer sostuvo un encuentro con las familias de los normalistas, en Palacio Nacional, donde les dijo que no todo lo que han hecho ha sido en vano y tampoco lo que hicieron sus hijos, por lo que asegura que “dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país”.

A partir del informe de la Comisión de la Verdad, en el que este jueves el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, expuso que no hay indicios de que puedan localizar a los normalistas con vida, tendrá que actuar la Fiscalía General de la República y también corresponderá la impartición de la justicia a los jueces y, en general, al Poder Judicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este viernes su total respaldo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

“Venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera en la Zona Militar número 2.

López Obrador sostuvo que le da gusto estar en el estado para apoyar a la gobernadora Ávila. “Fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Cuenta con nuestro apoyo y, aún más, con nuestra simpatía”, dijo el titular del Ejecutivo.

Agregó que durante los ataques de grupos del crimen organizado registrados hace una semana en los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, donde fueron incendiadas 28 unidades de transporte público, la gobernadora Ávila recibió de inmediato el apoyo del gobierno federal.

Dijo que Baja California es “un estado ejemplar, de gente muy luchona, muy buena. Nos han dado siempre su apoyo y su respaldo. Nosotros vamos a saber corresponder en todo momento. Nunca jamás vamos a traicionar al pueblo de Baja California”.

La gobernadora expresó su gratitud a López Obrador y dijo que se constata “que en Palacio Nacional tenemos un verdadero líder”.

Afirmó que hace una semana “algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso, con un pueblo uniformado”.

«Hubo quienes de manera irresponsable quisieron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se encontraron con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano, como no ocurría en el pasado”, declaró.

El titular de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, dio a conocer que se ha presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido al presunto daño patrimonial de 9 mil 500 millones de pesos en contra de Liconsa, Diconsa y Segalmex.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Salcedo Aquino detalló que estas denuncias se encuentran en etapa de investigación con miras a su judicialización.

“Es importante aclarar que, con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la FGR 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la UIF, la SFP y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Linconsa y Diconsa”, dijo.

“Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”, puntualizó.

El titular de la Función Pública apuntó que estos nueve mil 500 millones de pesos son a raíz de las observaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La SFP practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas y verificaciones con montos observados por seis mil millones de pesos“, explicó.

“Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios”, argumentó.

“Por su parte, la ASF con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020 promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por tres mil 465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones (SFP y ASF) ascienden a nueve mil 500 millones”, refirió.