Ante la polémica generada por el hallazgo de un supuesto campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Teuchitlán, Jalisco, el Gobierno mexicano anunció la creación de una serie de medidas para abordar la creciente crisis de desapariciones forzadas en el país. Entre las iniciativas destacadas se encuentran la creación de una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas, y un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas.

En su conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó la responsabilidad del gobierno federal en la atención al problema de las desapariciones. “Nosotros tenemos la responsabilidad como Gobierno de atender el problema de la desaparición, y la estamos atendiendo y la vamos a seguir atendiendo”, aseguró Sheinbaum.

La polémica surgió tras el hallazgo de un rancho en Teuchitlán, donde se sospecha que el CJNG habría reclutado personas. Ante esto, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, presentó reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Estas modificaciones permitirán crear una Plataforma Única de Identidad que ayudará a localizar a personas mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP). Asimismo, se implementará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que estará conectada con el Banco Nacional de Datos Forenses, así como con los datos de las 32 fiscalías estatales y la federal.

Además, se lanzará un nuevo Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual entrará en funcionamiento de manera inmediata. Este sistema tiene como objetivo mejorar la respuesta ante desapariciones en el país, que enfrenta la desaparición de más de 120.000 personas y la identificación de más de 50.000 cuerpos no identificados. “Debe abrirse una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de 72 horas”, agregó Godoy.

Las reformas también permitirán a las fiscalías acceder a datos de otros organismos públicos y privados, como el Instituto Nacional Electoral (INE), para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, siempre respetando la ley de protección de datos personales.

La presidenta Sheinbaum presentó estas reformas tras los polémicos hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde el 8 de marzo, familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de fosas clandestinas, hornos de cremación y al menos 400 pares de zapatos. La situación se complicó la semana pasada cuando los colectivos de búsqueda, al intentar acceder al rancho, denunciaron que las autoridades intentaron ocultar la verdad del lugar.

“Todos tenemos que tener la certeza de ese lugar, y tiene que salir la verdad porque no solo es un asunto de quien usa todo esto para fabricar verdades, sino que el pueblo de México tiene que saber la verdad”, expresó Sheinbaum, insistiendo en que la investigación debe ser clara y veraz. Además, subrayó que desde septiembre de 2024, la investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco, gobernada por el opositor Movimiento Ciudadano, y que es hora de esclarecer los hechos.

Con estas nuevas medidas, el Gobierno de México busca dar un paso firme para enfrentar la crisis de desapariciones y brindar respuestas a las víctimas y sus familias, mientras se avanza en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Teuchitlán.