La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó la construcción de la carretera San Ignacio–Tayoltita, una obra de 96 kilómetros que mejorará la conectividad y la actividad económica entre los estados de Sinaloa y Durango.

El nuevo tramo carretero, que reduce en más de 10 horas el recorrido entre ambas entidades, beneficiará a más de 11 mil habitantes de comunidades serranas que por años permanecieron en aislamiento.

De acuerdo con la dependencia federal, la obra tuvo una inversión de 3 mil 170 millones de pesos y cuenta con dos carriles —uno por sentido—, además de 14 puentes, tres viaductos y un túnel de 515 metros, conocido como “El Duranguense”.

La construcción, iniciada en 2019, generó más de 24 mil empleos directos e indirectos durante su desarrollo. En total, 84 kilómetros estuvieron a cargo del Centro SICT Sinaloa, mientras que 11.6 kilómetros, incluyendo el viaducto El Sauz, fueron ejecutados por el Centro SICT Durango.

La carretera forma parte del Plan Nacional de Infraestructura 2025–2030 y busca fortalecer la seguridad vial, el transporte de mercancías y la integración regional. Se espera que impulse el desarrollo económico de comunidades como San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito, en Sinaloa, así como de Tayoltita, en Durango.

Con la entrada en operación de esta vía, se facilitará el traslado de productos agrícolas, ganaderos y mineros, además de fomentar el turismo regional.

Este martes, diversas carreteras y casetas federales permanecen afectadas por movilizaciones de productores agrarios, quienes desde temprana hora se apostaron en distintos puntos de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Sinaloa, de acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Las protestas, que han provocado cierres parciales y totales en tramos de alto flujo vehicular, se concentran principalmente en la autopista México–Guadalajara —a la altura de las casetas de Ocotlán, Zapotlán del Rey y La Barca— y en carreteras que conectan con Puerto Vallarta, Colima y Morelia.

En Guanajuato, uno de los estados más afectados, los manifestantes mantienen bloqueos en al menos 15 puntos carreteros, entre ellos Comonfort, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago, Celaya y León, lo que ha generado afectaciones a la circulación y retrasos en el transporte de carga y pasajeros.

Mientras tanto, en Michoacán, los cierres continúan en la carretera Maravatío–Zapotlanejo, en las casetas de Panindícuaro y Zinapécuaro, mientras que en Morelos se mantiene bloqueada la Autopista Siglo XXI a la altura de Amilcingo, municipio de Temoac.

En Sinaloa, productores tomaron las casetas de San Miguel Zapotitlán (Ahome), Cuatro Caminos (Guasave) y El Pisal (Culiacán); sin embargo, las autoridades reportaron que no hay afectación directa al tránsito de los usuarios.

Por su parte, en Tamaulipas, el Libramiento de Río Bravo fue liberado durante la mañana, restableciendo la circulación en la zona Matamoros–Reynosa. En contraste, los estados de México y Nayarit permanecen sin cierres carreteros hasta el momento.

La SICT informó que mantendrá comunicación constante con los automovilistas a través de sus redes sociales oficiales y las de CAPUFE, con el fin de actualizar el estado de las vías federales y prevenir incidentes ante los bloqueos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó este miércoles una reunión con productores de limón de Michoacán para atender las preocupaciones sobre extorsiones y cobro de piso que afectan al sector.

El encuentro se realizó en el marco del Gabinete de Seguridad federal y contó con la participación del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, así como del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la reunión, los limoneros de Apatzingán expresaron sus inquietudes sobre la creciente violencia y las amenazas de grupos criminales en la región.

García Harfuch adelantó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la SSPC, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y garantizar la paz en la entidad.

Asesinato de dirigente citrícola

En la reunión también se abordó el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. El secretario aseguró que el crimen “no quedará impune” y que se tomarán medidas para esclarecer el caso y sancionar a los responsables.

Aumento de extorsiones

Los productores de limón de la región han denunciado un incremento en las cuotas de extorsión. En septiembre pasado, el grupo criminal Los Viagras notificó a los empresarios un aumento de 2 a 4 pesos por kilo, aplicado tanto en la producción como en la comercialización. Esta práctica afecta principalmente a limoneros de Apatzingán y Buenavista, zonas donde operan grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel Michoacán Nueva Generación.

En octubre, la SSPC informó la detención de Jhon Mario N., alias ‘Llanero’, identificado como encargado de reclutar y entrenar a integrantes de un grupo delictivo, así como de elaborar artefactos explosivos. Días después fue detenido Rigoberto N., alias ‘Plátano’, presunto responsable del cobro de extorsiones a los productores de Apatzingán.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con acciones coordinadas para garantizar la seguridad de los limoneros y reducir la incidencia delictiva en la región