Juan Carlos Rico Báez, actual administrador de Modernización Aduanera “2”, enfrenta nuevos cuestionamientos relacionados con su desempeño y su paso por la Aduana de Tijuana.

El nombre de Juan Carlos Rico Báez vuelve a aparecer en medio de cuestionamientos dentro del sector aduanero. El funcionario, quien actualmente ocupa la Administración de Modernización Aduanera “2” de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), es señalado por personas vinculadas con la operación del sector por presuntas prácticas irregulares que, aseguran, habrían marcado también parte de su trayectoria profesional.

Rico Báez cuenta con antecedentes dentro de la estructura aduanera. Durante su paso como subadministrador de la Aduana de Tijuana tuvo participación en asuntos relacionados con la operación y modernización de procesos de comercio exterior. Documentos públicos de organismos del sector confirman que ocupó ese cargo y firmó oficios relacionados con la operación de dicha aduana.

Su trayectoria también ha estado vinculada con temas de modernización tecnológica y comercio exterior. Incluso ha participado como especialista y expositor en asuntos relacionados con sistemas y procedimientos aduaneros.

Ahora, el señalamiento vuelve a ponerlo bajo la lupa. De acuerdo con versiones atribuidas a personas relacionadas con la operación administrativa, presuntamente habría solicitudes de beneficios económicos a contribuyentes o proveedores para agilizar determinados trámites, pagos o procesos.

Las mismas versiones sostienen que, cuando esas supuestas peticiones no prosperarían, algunos asuntos podrían enfrentar retrasos o dificultades para avanzar con la normalidad esperada. Hasta el momento, estos señalamientos deben considerarse acusaciones que requieren ser documentadas y, en su caso, investigadas por las autoridades correspondientes.

Otro punto que se coloca sobre la mesa es su relación previa con la institución. Según la información proporcionada, después de dejar el servicio aduanero, Rico Báez promovió un procedimiento laboral contra la autoridad, identificado con el expediente 5839/23 ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. La existencia y alcance de ese expediente requieren ser verificados con documentación oficial antes de extraer conclusiones sobre sus circunstancias.

Posteriormente, de acuerdo con los datos compartidos, regresó a la estructura institucional y desempeñó funciones vinculadas con el procesamiento electrónico de datos y el comercio exterior, áreas en las que se maneja información sensible sobre operaciones y mercancías.

Actualmente, su responsabilidad en la Modernización Aduanera “2” lo ubica en una posición delicada dentro de la ANAM, particularmente por su participación en asuntos administrativos, infraestructura, contratos y procesos relacionados con la modernización de las aduanas.

Por ello, los cuestionamientos planteados abren la puerta a una revisión institucional de expedientes, contratos, autorizaciones, entregables, pagos y mecanismos de seguimiento, además de cualquier auditoría, denuncia u observación formal que pudiera existir.

La clave, como suele ocurrir en estos casos, estará en los documentos y no únicamente en las versiones: determinar si hubo irregularidades, quién las habría cometido y si alguna autoridad ya tiene conocimiento formal de los hechos.

Por ahora, no existe en la información revisada una determinación oficial que acredite las acusaciones descritas. Sin embargo, el cargo que actualmente ocupa Rico Báez y la naturaleza de sus funciones hacen necesario que cualquier señalamiento sea revisado con lupa y, sobre todo, con evidencia.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que fue restablecido al 100 por ciento el suministro de energía eléctrica para los usuarios afectados en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, luego de daños registrados en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo.

La empresa señaló que, desde que se detectaron las afectaciones, personal especializado acudió a las zonas donde se presentaron los daños para realizar trabajos de reparación y normalización del servicio de manera ininterrumpida.

De acuerdo con la CFE, las labores permitieron recuperar el suministro para las personas usuarias afectadas en las cuatro entidades, mientras los equipos técnicos permanecen atentos ante cualquier situación que pudiera presentarse.

La dependencia también destacó que mantuvo comunicación y coordinación con autoridades estatales y municipales para informar oportunamente sobre los avances en la atención de la emergencia y el restablecimiento de la energía.

La CFE agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el periodo en que se realizaron los trabajos y reiteró que su personal continuará pendiente del comportamiento de la red eléctrica para responder ante cualquier eventualidad.

Los movimientos de dos aeronaves privadas volvieron a poner bajo la lupa la relación política entre la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Jorge Emilio González Martínez, figura central del Partido Verde, justo cuando comienza a calentarse la carrera por la sucesión estatal de 2027.

Una investigación difundida este lunes documentó al menos 97 vuelos privados realizados por Lezama desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez y durante su actual administración. Entre las aeronaves identificadas aparecen un Learjet 31A, con matrícula XA-UMV, operado por Servicios Aéreos Dandy, y un Gulfstream G280, matrícula XA-BAT, operado por Redwings.

Parte de los desplazamientos fue reconstruida mediante registros aeroportuarios y datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El detalle que ha llamado especialmente la atención es que ambos aviones también aparecen relacionados con actividades de Jorge Emilio González.

El caso del XA-UMV no es nuevo. En octubre de 2022, el llamado “Niño Verde” abordó esa aeronave para viajar de Cancún a San Antonio, Texas, donde fue sometido a una revisión e interrogatorio por autoridades estadounidenses. En esa ciudad, además, su familia mantiene vínculos patrimoniales y su padre, Jorge González Torres, tiene domicilio.

El segundo avión, el Gulfstream G280 XA-BAT, resulta todavía más llamativo. Se trata de una aeronave relativamente nueva, serie 2301, anteriormente registrada en Estados Unidos como N203GA y vinculada al empresario y político verde. Su operador solicitó a FlightAware que sus movimientos no fueran visibles públicamente, una medida que, aunque limita el seguimiento, no impidió que quedaran rastros suficientes para reconstruir parte de sus recorridos.

Tan sólo entre febrero y marzo de este año se identificaron al menos 21 vuelos. En febrero, la aeronave cubrió rutas como Cancún-Brownsville-San Antonio, San Antonio-Toluca, Toluca-Cancún y diversos trayectos entre Cancún, Cozumel, Toluca y Laredo.

Durante marzo, el avión cambió de rumbo y realizó varios desplazamientos hacia Baja California Sur. Entre ellos aparecen rutas de Toluca a Los Cabos, regresos a Cancún y vuelos entre Los Cabos y La Paz, además de conexiones de vuelta con Toluca. La información disponible es parcial debido al bloqueo solicitado para impedir el seguimiento público de la aeronave.

Las rutas también despiertan interés por los vínculos políticos y económicos de Jorge Emilio González. San Antonio mantiene una relación con su entorno familiar, mientras que Los Cabos y La Paz forman parte de una zona donde el político y empresario tiene propiedades e intereses vinculados con un proyecto en Sierra La Laguna.

Y aquí aparece otro punto que no pasa desapercibido: el costo. Un Gulfstream G280 usado puede rondar los 18 millones de dólares, mientras que su operación puede acercarse a los 8 mil dólares por hora. El Learjet 31A es considerablemente más antiguo, pero operar una aeronave de ese tipo también puede superar los 4 mil dólares por hora. Son cifras que difícilmente pasan inadvertidas en un gobierno que, al menos en el discurso, ha colocado la austeridad como uno de sus principales banderines.

Por ello, una de las preguntas centrales recae sobre Mara Lezama: quién pagó esos vuelos y bajo qué esquema. Si los traslados no fueron cubiertos con recursos públicos, también sería relevante conocer qué persona o empresa asumió los gastos, qué relación mantiene con la gobernadora y cuál fue el motivo de cada viaje. De igual manera, queda pendiente separar los desplazamientos oficiales de aquellos de carácter personal.

El tema llega, además, en un momento especialmente sensible para Jorge Emilio González. Su grupo político enfrenta presión luego de que Raúl Piña Horta, identificado como amigo personal y uno de sus principales operadores, fuera señalado e investigado por una presunta red de extorsión en el Estado de México. Ahora, el episodio de los aviones abre un nuevo frente precisamente en Quintana Roo, uno de los estados donde el Partido Verde ha construido una importante estructura de poder.

En medio de ese entramado aparece Eugenio “Gino” Segura, senador de Morena y exsecretario de Finanzas durante la administración de Lezama. El legislador se perfila como uno de los aspirantes a suceder a la gobernadora y, al mismo tiempo, cuenta con el respaldo político del grupo de Jorge Emilio. El vínculo entre ambos no es solamente político: los dos estuvieron presentes como testigos en la boda de Segura.

Así, mientras Morena y el Verde mantienen formalmente sus propias identidades partidistas, en la carrera por 2027 las líneas parecen hacerse cada vez más delgadas. Mara Lezama busca mantener capacidad de decisión sobre la sucesión, Jorge Emilio González pretende conservar la influencia que ha acumulado durante años y Gino Segura aparece como un punto de encuentro entre ambos grupos.

También ponen bajo la lupa programas sociales

A este escenario se suman señalamientos internos sobre el presunto uso político de programas de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo con miras a las elecciones de 2027.

Las versiones apuntan principalmente a los programas Mujer es Poder y Comemos Tod@s, donde se cuestionan nuevas incorporaciones a padrones, entrega de tarjetas y movilización territorial de servidores públicos. Los señalamientos, de acuerdo con la información difundida, provienen de distintas áreas de la estructura gubernamental.

Los cuestionamientos alcanzan a municipios como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel. Entre los nombres mencionados aparecen funcionarios y operadores como Guillermo Daniel Domínguez Alfaro, Silverio Cupul, Jhony Joel Díaz Canul, Ileana Pool, Gabriela Briceño, María Paula Medina y Jaime Torres.

En el centro de estas acusaciones se encuentra Alberto Ignacio Perera Medina, quien asumió la conducción de Bienestar tras la salida de Pablo Bustamante y a quien las versiones atribuyen un papel relevante en la distribución de apoyos hacia determinadas estructuras políticas.

Actualmente, Mujer es Poder atiende a unas 50 mil mujeres y el gobierno estatal ha planteado elevar esa cifra a 60 mil durante 2026. Ante las sospechas, uno de los puntos que permitiría comprobar o descartar un posible uso electoral sería conocer cómo se distribuyen las altas, en qué municipios y secciones se concentran y bajo qué criterios se autorizan los apoyos.

Lo mismo tendría que transparentarse en Comemos Tod@s, especialmente en un momento en el que la sucesión de Quintana Roo comienza a ocupar buena parte de la agenda política.

Gino Segura busca consolidarse como una de las cartas de Morena para 2027, mientras que el Verde intenta preservar el peso que ha ganado en el estado. De ahí que la discusión no sólo gire en torno a los vuelos privados, sino también al uso de recursos y programas públicos.

Por ahora, las preguntas están sobre la mesa y las explicaciones corresponden a las autoridades involucradas. Transparentar los vuelos, sus pagadores, sus motivos y los criterios de operación de los programas sociales permitiría despejar dudas. De lo contrario, en Quintana Roo la sombra de la sucesión de 2027 seguirá extendiéndose sobre cada movimiento político.