Una denuncia desgarradora ha sacudido los cimientos de esta comunidad, revelando un presunto caso de abuso de menores y trata de personas que involucra a dos menores de edad y a prominentes figuras locales.

La madre y la tía de las víctimas han alzado la voz, exigiendo justicia para sus hijas y sobrinas, quienes habrían sido víctimas de horrendos actos de abuso por parte de sus propios tíos y tías.

Los nombres de los presuntos agresores resuenan con fuerza en la escena política y social de Hidalgo:

Arturo Williams Trejo Leal, ex coordinador de campaña del gobernador Julio Menchaca.

Bertha Eva Medina Hernández, esposa de Williams.

Alhely Medina Hernández, diputada local del distrito 1 de Hidalgo y consejera nacional de Morena.

Ixtshelle Trejo Leal, hermana de Willy, actualmente prófuga de la justicia con su esposo.

Eduardo Bibiano Badillo Mejía, esposo de Ixtshelle Trejo, también prófugo de la justicia.

La gravedad de las acusaciones ha sido corroborada por siete peritajes, tanto de la procuraduría como de la FGR, que confirman el delito de abuso sexual. Las niñas, en sus declaraciones ante el Ministerio Público, han relatado con horror cómo sus tíos las obligaban a realizar actos aberrantes, incluyendo la introducción de objetos en sus partes íntimas.

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, las niñas han intentado suicidarse y actualmente viven en casas de seguridad junto a su madre. Además de las secuelas emocionales que enfrentan, padecen enfermedades físicas, como el virus del papiloma humano, lo que ha llevado a que la niña de 7 años deba someterse a una histerectomía.

A pesar de la contundencia de las pruebas, la justicia parece estar obstaculizada por la influencia política de los presuntos agresores. La jueza Janett Montiel Mendoza los dejó en libertad tras su captura, presuntamente siguiendo instrucciones de «alguien» en el gobierno estatal.

Sin embargo nunca hicieron nada, hasta que llegó el Dr. Santiago Nieto como encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo y después de su investigación, emitió las órdenes de aprehensión

Se señala al Secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, como el protector de estos individuos, quien habría engañado al gobernador al minimizar el caso como un asunto político.

La situación se torna aún más sombría al descubrir que los presuntos agresores y otras personas involucradas pertenecen a una iglesia cristiana llamada «El Buen Samaritano», sucursal Zimapán. Las niñas han testificado que, durante los abusos, había personas con máscaras cantando música religiosa y grabando videos.

Se sospecha que este lugar podría ser una secta donde se drogaba a las víctimas para borrar sus recuerdos.

Las consecuencias de estos abusos han sido devastadoras para las niñas, quienes han intentado suicidarse y sufren secuelas emocionales y físicas, incluyendo el virus del papiloma humano. La madre de las víctimas clama por ayuda, exigiendo que la FGR acelere las investigaciones y que la Secretaría de Mujeres y FEVINTRA tomen cartas en el asunto para llevar a los culpables ante la justicia.

Este caso exige una respuesta contundente y expedita de las autoridades. La protección de los derechos de las menores y la lucha contra la impunidad son imperativos que no pueden ser ignorados. La sociedad hidalguense y todo México exigen justicia para estas niñas y el esclarecimiento de este perturbador caso.

El escándalo en Puerto Vallarta sigue tomando fuerza tras las acusaciones de fraude que involucran a la familia Santos. Elizabeth Santos Alvarado, conocida empresaria de la ciudad, es tía de Juan Ángel «Juanito» Vázquez Santos, el joven acusado de defraudar a múltiples clientes a través de su agencia de viajes My Vallarta.

La relación familiar entre Santos Alvarado y Vázquez Santos, así como con los padres de este último, Juan Vázquez Ruelas y Martha Leticia Santos Alvarado, ha dado un giro inesperado, pues ahora se les vincula no solo por el fraude cometido, sino también por una serie de denuncias relacionadas con la empresa de transporte Trip Vallarta, dirigida por Elizabeth Santos.

La empresa Trip Vallarta, especializada en el servicio de taxis en el Aeropuerto de Puerto Vallarta, ha sido señalada por prácticas fraudulentas y de abuso contra los inversionistas. De acuerdo con testimonios de afectados, Santos solicitó a los inversionistas que aportaran camionetas para la operación del negocio, solo para quedarse con las unidades sin cumplir con el acuerdo, alegando que estaba «protegida por el crimen organizado». Esta situación ha sido catalogada como un claro ejemplo de cómo la familia Santos, aparentemente vinculada con actividades ilícitas, ha operado en el mercado de transporte, junto con otras denuncias que apuntan a un posible nexo con el crimen organizado.

Por si fuera poco, los abusos de los taxistas de Trip Vallarta en el Aeropuerto de Puerto Vallarta también han cobrado notoriedad. Recientemente, un video difundido por un youtuber mostró cómo un turista fue obligado a pagar una exorbitante tarifa de MXN $2000 por un recorrido de 20 minutos, precio que supera con creces lo que se paga por trayectos similares en otras ciudades como Nueva York o Tokio. Muchos otros usuarios se han sumado a las denuncias, exponiendo costos aún más altos, que llegan a alcanzar hasta los MXN $10,000 por el mismo trayecto. A pesar de las quejas, los pasajeros han sido intimidados, con casos de agresión documentados, mientras las autoridades han hecho poco para detener los abusos.

La situación ha sido favorecida por la ambigua clasificación de la zona cercana al aeropuerto como Zona Federal, una estrategia que obliga a los pasajeros a tomar taxis oficiales, como los de Trip Vallarta, o a caminar distancias más largas para encontrar otras opciones de transporte. Este tipo de regulaciones, que parecen beneficiar a las empresas de transporte vinculadas al aeropuerto, ha generado un clima de impunidad y desprotección para los usuarios.

Este panorama ha puesto en evidencia no solo la corrupción en el sector transporte de Puerto Vallarta, sino también la aparente complicidad entre autoridades locales y empresarios como Elizabeth Santos, quien ha ganado notoriedad no solo por su empresa, sino también por su historial legal. Santos Alvarado, quien en el pasado demandó a varios periodistas por difundir información sobre su empresa, sigue siendo una figura controversial en la región.

Agentes de la Guardia Nacional de México decomisaron este sábado un cargamento de metanfetamina y cocaína con un peso superior a la media tonelada, en la garita de Otay, en la fronteriza Tijuana, en el norte del país.

Los paquetes que contenían la droga estaban ocultos en un doble fondo de la caja de un tráiler que se encontraba en uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, ubicado en el estado de Baja California.

El hallazgo se realizó durante un operativo instruido por el Gobierno mexicano, según precisó un comunicado de la Guardia Nacional, como parte de los esfuerzos por frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Durante la inspección, con el apoyo de tecnología de rayos no intrusivos, los agentes detectaron irregularidades en la estructura de la caja seca del camión de carga.

Tras una revisión minuciosa, los efectivos contabilizaron 205 paquetes de metanfetamina, con un peso total bruto de 537.428 kilogramos, y 50 paquetes de cocaína, que sumaban 60 kilogramos.

El conductor del tráiler, identificado como José ‘N’, fue detenido y, junto con la droga y el vehículo, quedó a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

La garita de Otay es uno de los principales puntos de cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, utilizada tanto por vehículos particulares como por transporte de carga.

Las autoridades han reforzado las inspecciones en este paso debido al constante flujo de mercancías y la detección recurrente de cargamentos ilícitos, así como por la reciente tensión política tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. y su amago por imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.

El Gobierno de México mantiene operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia Nacional de Aduanas para combatir el tráfico de drogas y otros delitos transfronterizos.

Asimismo, ha comenzado el despliegue de 10.000 agentes de la Guardia Nacional hacia la frontera norte de México, como parte de los acuerdos bilaterales para evitar la imposición de tarifas hacia productos mexicanos.