Durante la conferencia matutina de este martes, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre las acciones que el Gobierno de México mantiene en Michoacán para atender la problemática de seguridad.

El funcionario señaló que la entidad es considerada una prioridad dentro de la estrategia nacional, por lo que se puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con acciones dirigidas principalmente a contener la extorsión y brindar protección a los sectores productivos.

García Harfuch explicó que uno de los objetivos es limitar la capacidad de los grupos delictivos para imponer cobros, ejercer violencia, reclutar jóvenes, mantener control territorial y afectar las actividades económicas que representan el sustento de miles de familias.

Como parte de los resultados, informó que 950 personas relacionadas con actividades de extorsión y violencia han sido detenidas.

Además, las autoridades han desplegado operativos dirigidos contra objetivos considerados prioritarios, entre ellos personas señaladas como operadores regionales presuntamente relacionadas con homicidios, secuestros y narcomenudeo.

El titular de la SSPC agregó que, durante una intervención reciente realizada en Uruapan y otros municipios, fueron detenidas 12 personas presuntamente vinculadas con células dedicadas al cobro de cuotas.

Durante esas acciones también fueron aseguradas armas de fuego, vehículos, narcóticos y equipo táctico.

Harfuch sostuvo que los operativos forman parte de una estrategia integral para recuperar condiciones de seguridad en Michoacán y reducir las afectaciones que las actividades delictivas generan entre la población y los sectores económicos de la entidad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la estrategia nacional de seguridad ha permitido obtener resultados en el combate a la delincuencia organizada y a los delitos de alto impacto.

Durante su intervención, el funcionario detalló que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, las autoridades han logrado la detención de 63 mil 564 personas por delitos de alto impacto.

Asimismo, señaló que en este periodo fueron aseguradas 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de drogas.

Dentro de los decomisos destacan más de 5 millones de pastillas de fentanilo, localizadas en operativos realizados en 23 entidades del país.

García Harfuch también informó sobre la destrucción de 2 mil 725 laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de metanfetaminas, como parte de las acciones implementadas contra las organizaciones delictivas.

A estos resultados se suma el aseguramiento de cerca de 88 toneladas de cocaína realizado por elementos de la Secretaría de Marina en aguas mexicanas.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad implementada por el Gobierno de México para combatir a los grupos delictivos y reducir la incidencia de delitos de alto impacto en el país.

Las llamadas escuelas militarizadas dejarán de operar bajo ese esquema en México, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmara su clausura y anunciara que ninguna institución de este tipo comenzará el próximo ciclo escolar.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que este modelo no se encuentra contemplado dentro de la legislación educativa, por lo que se solicitó a las autoridades estatales realizar los cambios correspondientes.

El funcionario detalló que las instituciones que decidieran mantener el esquema militar tendrían que cerrar, mientras que aquellas que optaran por continuar con sus actividades educativas deberán transformar su modelo de formación.

De acuerdo con Delgado, el objetivo es sustituir los conceptos y prácticas vinculados con la formación militar por un enfoque cívico y ciudadano, alineado con los principios del humanismo mexicano.

“Las escuelas militarizadas advertimos que no están contempladas en ninguna ley como modelo educativo”, señaló el secretario al explicar la postura de la dependencia federal.

Delgado reconoció que algunas de estas instituciones cuentan con cierto respaldo o reconocimiento dentro de las comunidades educativas donde operan. Sin embargo, indicó que esa situación no modifica la necesidad de ajustar su modelo a las disposiciones educativas vigentes.

La transformación contempla que los planteles que continúen funcionando adopten una orientación centrada en la formación cívica, ciudadana y humanista, dejando atrás el esquema basado en conceptos militares.

El secretario de Educación Pública agregó que el proceso se ha llevado a cabo en coordinación con las autoridades estatales y aseguró que no existe conflicto con los gobiernos locales por esta determinación.

De esta manera, la SEP busca que los planteles que anteriormente operaban bajo una modalidad militarizada transiten hacia un modelo educativo acorde con el marco legal y con una formación enfocada en valores cívicos y ciudadanos.