En Zacatepec, Morelos, fueron entregados los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar dirigidos a productores de caña, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la actividad cañera y mejorar las condiciones de producción del sector. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, actualmente 136 mil 389 productores de caña de 15 estados reciben estos apoyos.

Durante el evento también se informó que el programa Fertilizantes para el Bienestar incorporó este año a 40 mil 291 agricultoras y agricultores de pequeña y mediana escala. En el caso de Morelos, las autoridades señalaron que la entidad se encuentra cerca de alcanzar la cobertura prevista para este esquema.

Entre las acciones anunciadas para el sector destaca la recuperación de la cuota de exportación de azúcar hacia Estados Unidos, lo que permitirá que, a partir del próximo ciclo, se exporten 1.2 millones de toneladas, con el objetivo de mejorar el precio del azúcar y fortalecer los ingresos de quienes se dedican al cultivo de caña.

Asimismo, se presentó un plan para incrementar la productividad mediante acciones de riego y saneamiento del campo, además de impulsar el uso de azúcar mexicana en productos elaborados en el país y promover nuevos aprovechamientos de la caña, como la generación de electricidad y la producción de etanol.
La titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, explicó que la ampliación de los apoyos representa la incorporación de nuevos productores al padrón de beneficiarios y señaló que los programas continúan extendiendo su cobertura entre agricultores de pequeña y mediana escala.

Por su parte, el gobierno de Morelos informó sobre inversiones complementarias para el sector cañero, entre ellas la construcción de dos cosechadoras en Casasano y Zacatepec, así como un proyecto de compostaje con cachaza que contempla una planta de procesamiento, una revolvedora industrial y un tractor para contribuir al mejoramiento de la fertilidad de los suelos.
Durante la ceremonia también participaron representantes de productores, quienes señalaron que los apoyos contribuyen a reducir los costos de producción y fortalecen la actividad agrícola en las comunidades dedicadas al cultivo de la caña de azúcar.

La investigación por el asesinato del periodista Alejandro Leyva ya se encuentra en manos de la Federación. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo por completo el caso y trabaja en coordinación con el Gabinete de Seguridad para esclarecer el crimen.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes en el Cuartel General de la 24/a Zona Militar, en Cuernavaca, Morelos, el funcionario señaló que la indagatoria apenas comienza, pero ya es atendida como un asunto de carácter federal.

García Harfuch explicó que la FGR asumió la investigación en su totalidad y que las autoridades trabajan para establecer con claridad lo ocurrido, así como identificar y detener a quienes resulten responsables del homicidio.

“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República”, señaló el secretario, quien aseguró que el caso será atendido por las instituciones federales correspondientes.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostendrá una reunión con los familiares del periodista fallecido.

La funcionaria agregó que también se reunirá con integrantes del gremio periodístico que han solicitado un encuentro para expresar su preocupación y exigir que el crimen no quede impune.

Rosa Icela Rodríguez indicó que el Gobierno de México mantiene el compromiso de atender las inquietudes de la familia y de los periodistas, por lo que se llevarán a cabo diversas reuniones en torno al caso.

Mientras tanto, la investigación federal continúa con el objetivo de esclarecer el asesinato de Alejandro Leyva y llevar ante la justicia a los responsables. Las autoridades señalaron que, conforme avancen las diligencias, se podrá contar con mayor información sobre el móvil y las circunstancias del homicidio.

La investigación por el llamado huachicol fiscal en Baja California todavía tiene varios capítulos por escribirse. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las indagatorias no se concentran únicamente en el exgobernador de la entidad, Ernesto Ruffo Appel, sino que también alcanzan a una presunta red de empresarios involucrados en el contrabando de combustible.

Durante su conferencia matutina, realizada este viernes en el Cuartel General de la 24/a Zona Militar, en Cuernavaca, Morelos, la mandataria federal explicó que una empresa vinculada al exgobernador, identificada como Ingemar, se encuentra bajo investigación debido a sus actividades relacionadas con la importación y distribución de combustibles.

Sheinbaum señaló que Ruffo sería el principal accionista de dicha compañía; sin embargo, aclaró que el caso no se limita a su participación, pues las autoridades mantienen abierta una investigación más amplia para determinar el grado de responsabilidad de otras personas.

“Es una investigación muy profunda y sigue la investigación. No es lo único, no es solamente esta persona”, afirmó la presidenta al referirse a las indagatorias.

La titular del Ejecutivo federal agregó que, como parte de las acciones emprendidas por las autoridades, se giraron ocho órdenes de aprehensión, de las cuales ya se concretaron las detenciones correspondientes.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, la empresa señalada tenía como principal actividad la importación de combustible para posteriormente distribuirlo y comercializarlo, una operación que ahora es revisada por las autoridades como parte de la investigación por presunto huachicol fiscal.

La presidenta insistió en que las pesquisas continúan y que aún se busca esclarecer toda la estructura detrás de las operaciones investigadas, por lo que podrían surgir más detalles conforme avancen las diligencias.

El caso forma parte de las acciones del Gobierno de México contra el contrabando de combustibles, una práctica que ha sido señalada por las autoridades como una de las vías utilizadas para evadir el pago de impuestos y generar ganancias millonarias mediante la introducción y comercialización irregular de hidrocarburos.