El capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, fue encontrado sin vida la mañana del 8 de septiembre dentro de sus oficinas.

La noticia se difundió inicialmente en redes sociales y fue retomada por diversos medios. El periodista Carlos Loret de Mola, citando fuentes federales, indicó que la primera línea de investigación apunta a un posible suicidio.

Comunicado oficial de Semar

La Secretaría de Marina confirmó el deceso mediante un comunicado emitido poco antes de las 3 de la tarde, en el que expresó condolencias a familiares, amigos y compañeros del oficial. Sin embargo, evitó dar detalles sobre las causas de la muerte.

Aunque Pérez Ramírez había sido señalado en versiones periodísticas y testimonios judiciales por presuntamente recibir sobornos en una red de huachicol fiscal, no existía en su contra una orden de aprehensión al momento de su fallecimiento.

De acuerdo con información publicada por Milenio, un colaborador de la organización conocida como Los Primos lo identificó como beneficiario de sobornos ligados al ingreso irregular de combustibles al país.

Contexto de detenciones recientes

El hallazgo ocurre un día después de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara sobre la captura de 14 personas —entre ellas empresarios y funcionarios navales— acusadas de participar en esa misma red de huachicol fiscal.

Este caso también fue abordado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que el propio exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, presentó las denuncias que dieron origen a la investigación.

“Estas indagatorias requieren tiempo para recabar pruebas y judicializarlas. Aunque el delito sea evidente, no se resuelve en un día”, explicó la mandataria al detallar que las operaciones irregulares se amparaban en permisos de importación temporal que servían para evadir impuestos.

El llamado huachicol fiscal consiste en el ingreso de hidrocarburos con el argumento de que serían procesados y exportados, sin que se cubrieran las contribuciones correspondientes.

El deceso del capitán Pérez Ramírez se suma ahora a la serie de hechos que mantienen bajo la lupa a distintas estructuras vinculadas con el tráfico ilegal de combustibles en el país.

La captura de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar) y sobrino político del exsecretario Rafael Ojeda, ha generado un fuerte impacto institucional en México. Farías Laguna fue detenido el martes 2 de septiembre de 2025 junto a otras siete personas, entre empresarios y funcionarios públicos, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal y actos de corrupción.

El operativo federal, cuyos detalles sobre la autoridad responsable y el lugar exacto de la detención no fueron revelados, representa uno de los golpes más significativos contra un alto mando militar en la administración actual. La acción fue confirmada por el Registro Nacional de Detenciones (RND), que señaló que las personas arrestadas estaban vinculadas con el robo y contrabando de hidrocarburos.

Junto a Farías Laguna, cinco hombres y dos mujeres fueron detenidos, todos presuntamente involucrados en esquemas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mediante maniobras administrativas que facilitaban la entrada ilegal de combustibles al país. Los hombres fueron trasladados al Penal del Altiplano, mientras que las mujeres quedaron en el Penal Federal de Hermosillo, Sonora, a disposición de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Trayectoria y vínculo familiar

Farías Laguna, de 1.85 metros, cabello oscuro y tez clara, vestía camisa a rayas blancas y azules, pantalón azul y zapatos cafés al momento de su detención. Su carrera en la Semar incluyó cargos de alta responsabilidad, como comandante de la doceava Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, y subjefe de servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales. Además, se desempeñó como secretario particular del subsecretario Almirante José Luis Arellano Ruiz y del propio Rafael Ojeda durante su gestión.

El vínculo familiar con Ojeda, quien encabezó la Semar durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha colocado a Farías Laguna en el centro de señalamientos por presunto nepotismo, tráfico de influencias y corrupción. La investigación apunta a que la red de huachicol fiscal protegía maniobras para evadir el IEPS y permitía la entrada ilegal de hidrocarburos, involucrando tanto a servidores públicos como a empresarios.

Relación con aseguramiento en Tamaulipas

El caso está vinculado al aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, realizado en marzo de 2025, durante operativos encabezados por la Semar en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La detención de los presuntos responsables se logró tras meses de investigación.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó que la investigación sigue abierta y que las autoridades mantienen su compromiso de llevar ante la justicia a todos los implicados en el contrabando de hidrocarburos. Asimismo, confirmó que este domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia de prensa con más detalles sobre el caso y las acciones emprendidas.

Por su parte, la Semar y la SSPC reiteraron que las detenciones se realizaron en estricto apego a los principios de combate a la corrupción y la impunidad que rigen la actual administración federal.

“Resultado de los trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, elementos de la SEMAR, FGR y SSPC detuvieron a directivos de empresas y servidores públicos con orden de aprehensión. El proceso sigue en curso y continuaremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito”, señaló Harfuch en su cuenta de X.

La Secretaría de Economía anunció este miércoles que impondrá cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado provenientes de China, como resultado de una investigación antidumping que confirmó que los productos ingresaban al país por debajo del precio justo y afectaban a los fabricantes locales.

La pesquisa, que inició el 26 de abril de 2024, incluyó información proporcionada por importadores, exportadores, productores mexicanos, cámaras empresariales y asociaciones del sector. Tras analizar los datos, la Secretaría determinó que las importaciones chinas sí provocaron un daño significativo a la industria nacional.

Con esta resolución, las cuotas a pagar por par de calzado oscilarán entre 0.54 y 22.50 dólares si ingresan por debajo del precio de referencia de 22.58 dólares por par. Estas medidas estarán vigentes durante cinco años y podrían extenderse si se considera necesario.

El objetivo de estas cuotas compensatorias es nivelar la cancha y garantizar que los fabricantes mexicanos compitan en condiciones justas, evitando que productos importados a precios bajos sigan afectando su producción y ventas.

La Secretaría de Economía aseguró que esta medida no busca frenar el comercio, sino defender a la planta productiva nacional y mantener la salud de la industria del calzado en México.