Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que en su Gobierno “están todos juntos” tras los señalamientos de los titulares de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, tras el incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, el cual dejó como saldo 38 migrantes muertos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre los dichos de ambos funcionarios sobre lo que les corresponde en la política migratoria del Gobierno mexicano.

Son las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así”, dejó en claro el mandatario mexicano.

 En una entrevista, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que si bien la Segob lleva a cabo asuntos administrativos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezada por Marcelo Ebrard, la encargada del tema migratorio, en el contexto de lo ocurrido en Ciudad Juárez el pasado lunes 17 de marzo.

“Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno, es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio, pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso en este y en otros temas, pues tenemos que dar la cara a todos por el Gobierno”, refirió.

En redes sociales y tras dar un pequeño informe de las acciones realizadas por SRE en cuanto al Caso Ciudad Juárez, el canciller Marcelo Ebrard respondió a lo declarado por López Hernández, en donde apuntó que “cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no se ocultará información ni se protegerá a nadie tras el incendio en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, el cual dejó como saldo 38 migrantes muertos.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que su Gobierno actuará de forma responsable en el caso y se castigará “si existe alguna actitud de dolo, ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida”.

“Vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar los hechos, no vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros”, externó.

No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie, no se permite en nuestro Gobierno la violación de derechos humanos ni se permite la impunidad”, agregó.

El mandatario mexicano envió sus condolencias a los familiares de los víctimas mortales en el incendio de Ciudad Juárez, y encargó a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo la investigación correspondiente y se aclare lo que sucedió para que no existan dudas.

Antes que nada quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los Gobiernos de estos países”, subrayó.

“Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió, hay versiones, tenemos ya una información preliminar pero queremos tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo informar sobre lo que sucedió en la versión del Gobierno que represento”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico que, entre otros aspectos, plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años, prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual, y en cualquier caso condicionadas a la disponibilidad de agua.

Con las modificaciones y adiciones al marco legal “se busca garantizar la prioridad del uso y consumo humano de agua”.

En su exposición, el mandatario subrayó que la iniciativa tiene por objeto recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y son del dominio directo de la nación.

Para ello se propone modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente sea mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población.

Igualmente se considera eliminar el carácter preferente de la actividad minera y establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ya la expropiación en favor de particulares incluso sobre propiedad social, pues generan un beneficio exclusivamente privado.

Además, se prevé la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera.

Así, las personas ganadoras de un concurso de licitación deberán presentar el estudio de impacto social para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación garantizadas eficazmente por una carta de crédito.

En ese contexto, la iniciativa subraya que no se reconocerán actos de derecho privado para la transmisión de las concesiones mineras y, en su caso, solo la Secretaría de Economía podrá autorizar la transmisión cuando se cumplan los requisitos solicitados para la concesión original.

“Se transforma la figura de la asignación para que la persona titular de la Secretaría pueda otorgar asignaciones a las empresas del sector público paraestatal para realizar actividades de exploración y explotación de minerales y sustancias; la asignación tendrá una vigencia por tiempo indefinido y la entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que la concesionaria, pero no podrá transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas privadas”, señala.